Lázaro Tacoó, de la CPESC: "La ley electoral ha sido la gota que derramó el vaso"
El secretario de Organización de la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) expresó el desacuerdo de los 34 pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía con la Ley Electoral Transitoria, que regulará las elecciones generales del próximo 6 de diciembre. Sostuvo que en las comunidades se preparan medidas de presión para hacer respetar sus derechos.
Lázaro Tacoó, secretario de Organización de la CPESC, integró la comisión de seis indígenas que monitoreó el trabajo del Congreso durante la elaboración de la Ley Electoral Transitoria. Les preocupaba el tratamiento que los legisladores pudieran dar al proyecto de normativa presentado por la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), organización matriz de 34 pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía. Pero tanto oficialismo como oposición rechazaron estudiar esta propuesta para pactar una ley que deja de lado una vez más las reivindicaciones de los pueblos indígenas, como denuncian desde sus organizaciones.
El próximo 20, 21 y 22 de mayo, representantes de los pueblos reunidos en la CIDOB se encontrarán en Trinidad, capital de Beni, para asumir un posicionamiento definitivo sobre la ley electoral, "la gota que derramó el vaso", según el chiquitano Tacoó. Para los indígenas, no se respetó el derecho a la consulta sobre temas que afectan a sus pueblos, como establece la nueva Constitución Política del Estado.
En las organizaciones sostienen que las bases en las comunidades están dispuestas a marchar en contra de la implementación de la Ley.
Hacia el nueve de abril pasado, cuando el acuerdo por la ley en el Congreso estuvo listo, las representantes de la CIDOB comenzaron a denunciar la primera vulneración de la Constitución promulgada el 7 de febrero por el presidente Evo Morales. Habitualmente, los medios de comunicación privados no consultan a los dirigentes de organizaciones de pueblos indígenas.
Y cuando lo hacen, es para deformar sus dichos y hacerlos quedar como amenaza ante sus televidentes. Pero en el caso de la ley electoral, todos los medios dieron espacio a los indígenas que se habían disgustado con Evo Morales.
Entonces el presidente comenzó una huelga de hambre hasta que el Congreso aprobara la ley que regulará las elecciones generales del 6 de diciembre próximo. Hernán Siles Suazo, del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I) había sido el único presidente en optar por esa medida de presión en 1985, para que el Parlamento lo "deje gobernar".
En 2009, oficialismo y oposición consensuaron una ley que perjudica a los pueblos indígenas, según sus organizaciones. En los comicios de fin de año, Morales buscará la reelección. Allí también se elegirán los 166 integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nuevo nombre del Congreso. En la CIDOB evalúan que el componente "plurinacional" del nuevo Estado quedará en palabras bonitas, ya que en la Asamblea sólo habrá siete representantes de los pueblos indígenas.
En su proyecto, que nunca consideraron los legisladores, las organizaciones de tierras bajas exigían 18 circunscripciones para los 34 pueblos de oriente, Chaco y Amazonía. El 21, 22 y 23 de abril las 11 organizaciones regionales que aglutina la CIDOB se reunieron en Comisión Nacional para analizar este y otros temas.
¿Qué resultados destaca de la reunión de la Comisión Nacional?
El primer día que nos hemos reunido hubo muchas tensiones de parte de las regionales. Cuestionaban que la dirigencia no hubiera convocado a tiempo para hacer fuerza, presión, para la aprobación de esta ley en condiciones favorables para los pueblos. Pero por las limitaciones del movimiento indígena, no podíamos hacer otra cosa en la reducida comisión política que estuvo en La Paz.
Cuando ya negociaron nuestras propuestas, simplemente optamos por retirar el proyecto de la CIDOB del Congreso. Hemos explicado que no podíamos hacer otra cosa, pero sin embargo por cuestión de dignidad habíamos tomado esa posición. Las regionales en cada uno de sus lugares ya se habían reunido deliberando qué hacer, si aceptaban o rechazaban la ley electoral aprobada en el Congreso.
Había voces de aceptación y de rechazo. Pero no estaban presentes las once regionales para tomar una decisión unánime. Por eso se decidió hacer una Asamblea Consultiva con participación de los 34 pueblos para el 20, 21 y 22 de mayo. Entonces las bases, el pueblo presente ultimará la posición del movimiento indígena de tierras bajas.
¿Cree que habrá rechazo o aceptación a la ley?
Si hay un rechazo, ellos van a decidir qué hacer. Si hay aceptación, veremos en qué medida se puede aceptar. Pero ya se tejen algunos disgustos con el Gobierno, por la incapacidad que ha tenido de sostener nuestra propuesta. La gente piensa en hacer una movilización con una agenda de demandas, puesto que el Gobierno ha estado incumpliendo hasta el momento.
Notamos falencias en las titulaciones de tierra, en la participación de los indígenas, en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ya incluidos en la Constitución. Y nos preguntamos cómo podremos implementar la autonomía en nuestros territorios. Si en la aprobación de una Ley Electoral Transitoria nos han hecho de esta manera, cómo será cuando debatan las leyes para las autonomías.
En Trinidad vamos a establecer una plataforma de demandas, entonces el movimiento indígena va a definir cómo hacer una movilización, una presión al Gobierno nacional.
¿Cómo se resquebrajó la alianza de las organizaciones indígenas con el Gobierno?
Ya teníamos nosotros algunas amargas experiencias desde la Asamblea Constituyente en Sucre, cuando en algún momento los constituyentes del MAS, aliados a nosotros, habían estado rechazando los territorios indígenas, no querían que las TCO se convirtieran en territorios. Ellos consideraban que la TCO era un latifundio más.
No entendían la importancia que tiene el territorio para el movimiento indígena y es por eso que el movimiento indígena realizó la Sexta Marcha, en 2007, con dirección a la ciudad de Sucre. Ya veníamos sosteniendo algunas amargas experiencias. Pero tampoco queríamos hacer una convulsión grande puesto que cuidábamos a los aliados que teníamos, porque apuntábamos a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Una vez que logramos con todos los sectores la aprobación, analizamos que debíamos marcar otra fase, si se quiere un reordenamiento. Una rearticulación que de aquí para adelante tendremos con los sectores sociales.
Ya también habíamos experimentando disgustos cuando, aprobada la nueva CPE, el Gobierno empezó a armar su Gabinete Plurinacional, adaptado a la Nueva Constitución. Ahí creemos que una vez más ha fallado, porque ningún representante de los pueblos indígenas de tierras bajas está en ese equipo ministerial "plurinacional". Esta situación ha sido visible a toda la sociedad civil, pero hay otros temas que han sido invisibilizados. Por ejemplo: la falta de saneamiento de tierras, las demoras en la titulación de tierras y otras cuestiones. Por ejemplo, la empresa Petroandina entró sin consulta a territorios de los pueblos indígenas de La Paz, con lo que están avasallando el derecho de los hermanos.
También notamos que los hermanos campesinos no entienden la magnitud que tiene el territorio indígena para nosotros. Son una serie de situaciones que se han invisibilizado pero son problemas reales, no ayudan al movimiento indígena en su avance.
La reunión de la Comisión Nacional será un armazón de la plataforma que llevaremos a la Asamblea Consultiva, donde los 34 pueblos van a deliberar el rechazo de la ley o su aceptación. Esperamos que sea la base de una gran movilización de los indígenas de tierras bajas.
¿Se habla de marchar otra vez?
Exactamente, todas las regionales han reaccionado en ese sentido. Para los pueblos, la aprobación de la ley electoral ha sido la gota que derramó el vaso. Ya está de buen tamaño. Siempre hemos dicho que si el presidente ha tenido una imagen internacional como presidente indígena, no fue por los quechuas y los aymaras, porque ellos han venido latentes desde siempre. Si el presidente ha tenido una imagen así fue por todos los pueblos de tierras bajas, porque le han dado esa fuerza, por la riqueza que existe de diversas culturas.
Aunque son pueblos minoritarios en voto, porque son minoría poblacional, tienen una riqueza y una variedad de culturas que han respaldado a un presidente indígena y han hecho que sea conocido a nivel internacional. Pero el presidente no ha sabido aprovechar esta situación.
Es por eso que nosotros estamos muy molestos y vamos a tener nomás que hacer algo, porque muchas veces a nombre del movimiento indígena o de la imagen de "presidente indígena", se atribuía el presidente hacer cosas con los organismos internacionales sin consultar a los territorios indígenas. Siempre he pensado que nuestra relación con el Gobierno debía enmarcarse en un convenio tripartito entre organismos internacionales, Estado y Pueblos Indígenas. Me parece que esa es una falsa interpretación que él se quiere dar.
Aquí él puede ser presidente indígena, pero es el Estado. Tiene que respetarnos y tiene que consultar el Estado al movimiento indígena cuando se afecte a sus derechos.
¿Cómo harán para que se respeten estas leyes y tratados?
Todo lo escrito en esos convenios, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución, al parecer queda como nominativo. Nosotros queremos desvirtuar esta situación. Seguramente la presión nuestra de esta movilización va nomás a redireccionar la posición del presidente y su sensibilidad para con las tierras bajas.
Nos preguntamos cómo serán las leyes que van a venirse, porque la primera ya nos la enchufaron, como decimos nosotros. Si no damos un atajo a esta primera, con las otras leyes que vienen igual nos van a hacer lo mismo. Ha llegado la hora de enfrentar esta situación.
Los hermanos también se quejaban de que no hay políticas de seguridad alimentaria, cero de proyectos y programas para los pueblos indígenas de tierras bajas a tres años ya de gestión del Gobierno nacional. Todo eso es una acumulación de hechos, de cosas, de causas, que ha molestado al movimiento indígena en sus diferentes representaciones regionales, quienes también reflejan el descontento de los pueblos, de las bases.
Los hermanos decían que ya no tenemos que mantener una charla verbal con el Gobierno. Si son nuestros aliados estratégicos, tiene que haber un convenio escrito con el Gobierno, así como lo han hecho el MSM (Movimiento Sin Miedo) o el MBL (Movimiento Bolivia Libre). En ese documento deberían mencionarse los puntos de convenio. Es por eso que ellos están también manejando la administración del Estado. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo, porque dialogábamos antes amigablemente, sin escritos, de buena fe si se quiere. Pero cuando presionemos, cuando hagamos una movilización, nuestra plataforma tiene que ser escrita en ese convenio para que tenga su respaldo correspondiente.
¿Por qué es tan difícil hacer valer los derechos de los indígenas, ya constitucionalizados?
Oiga, mire, con varios años de sistema occidental esta gente de los partidos hasta ahora ha comprendido nuestras realidades. Pues en la misma Constitución está que la democracia es representativa, participativa y co-mu-ni-ta-ria. Entonces no entienden el comunitarismo la oposición y el oficialismo. Pero sobre todo fue la oposición que ha influido mucho para la reducción de los escaños. Con esa mentalidad no reconocen nuestros derechos y están violando la Constitución.
No entiende la derecha, pero vamos a tener nosotros nomás que demostrar, enseñar, cultivar su sensibilidad.
El 11 de septiembre de 2008, durante el llamado "intento de golpe de Estado cívico-prefectural", grupos afines a la Prefectura y al Comité Pro Santa Cruz tomaron la CPESC, en la Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz. En pocos días la destruyeron hasta dejarla en escombros ¿En qué situación se encuentra esa causa judicial?
La causa por la destrucción de la CPESC está quieta. Muchos reclaman que el procedimiento legal se haga aquí en la jurisdicción de Santa Cruz, pero eso no avanza porque aquí la justicia está del lado de la Prefectura, del comité y de los grupos de poder regional. Sabemos que es nulo, cero, esperar un procedimiento justo en Santa Cruz.
Por eso hemos recurrido al Gobierno nacional, pero hasta el momento tampoco pasa nada. De modo que no tenemos sede, por eso hemos presentado al Gobierno un proyecto, pero hasta el momento tampoco hay algún desembolso para que pueda funcionar la CPESC como antes. Entonces nosotros nomás vamos a volver ahí, reponer algunos techitos, para que nuevamente nos posicionemos en nuestra sede.
Comunicación CEJIS
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
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