Padre Nacho: Fue una gracia de Dios compartir la semana pasada con la gente esclava
Camiri, 14 Abr (Erbol).- El sacerdote uruguayo Walter Aguirre, que trabaja en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, confirmó este lunes la esclavitud a la que son sometidas familias guaraníes en la zona de Alto Parapetí y el cardenal Julio Terrazas, en su homilía del domingo, pidió que esta gente sea liberada si se comprueba este hecho.
"Los pastores verdaderos en el momento que aparece el verdugo permanecen junto a su oveja, fue una gracia de Dios poder compartir la semana pasada con la gente que está esclava en el Alto Parapetí, cuando los grandes terratenientes, por los medios de comunicación, dicen que son cosas falsas y no dicen la verdad…", manifestó el sacerdote.
Aguirre, más conocido como el padre Nacho, trabaja en la región donde viven las comunidades indígenas guaraníes cautivas y durante los últimos días estuvo "atrapado" en la zona de Alto Parapetí debido a los bloqueos instalados por los ganaderos para impedir el ingreso de las brigadas del INRA para el saneamiento de tierras.
"El mensaje que compartimos en la misa del domingo con los guaraníes es que se sumen a un mensaje de vida y esta lucha es para defender la vida de los más pequeños, pero también hay que desear la vida del enemigo, toda muerte nunca es de Dios", declaró.
Hace 16 años el Obispo de Cuevo, monseñor Juan Perigrini, denunció en una de sus homilías lo que hace unos días pudo evidenciar el sacerdote Walter Aguirre. En una de sus homilías dijo que había blancos, colonos y ganaderos que tenían a guaraníes sin un "palmo" de tierra y exigió al Gobierno de entonces, Jaime Paz Zamora, reconocer los derechos humanos de estos indígenas cautivos.
Perigrini dijo que los patrones de los guaraníes deben reconocer las injusticias que cometieron con ellos, a los cuales no solo les quietaron las tierras sino también su dignidad humana.
"En este momento hay lugares y territorios donde los guaraníes no tienen un palmo de terreno. Hay que conservar lo bueno y corregir los errores, el amor a la tierra, a la libertad de guaraníes, al mismo tiempo (…) hay que comenzar una vida nueva para que sea un pueblo unido y fuerte usando todos los medios modernos de desarrollo humano, cristiano y social al cual tienen derecho", manifestó.
Sin embargo, ahora el cardenal Julio Terrazas exigió pruebas de las denuncias sobre el sometimiento de los indígenas guaraníes y pidió que éstos sean liberados de comprobarse esta situación.
"Con qué felicidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans, sólo con palabras ofensivas", aseveró Terrazas.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Bolivia y otras instituciones de apoyo, afirmaron que se está emitiendo información "tergiversada" sobre la situación de comunidades cautivas guaraníes.
A través de un comunicado, dichas organizaciones afirmaron que las familias guaraníes de Alto Parapetí, como otras de la provincia Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, viven en relaciones servidumbrales desde hace muchos años, se dicen que son esclavos porque se trata de formas modernas de esclavitud, que se expresan en trabajos no convencionales.
En el pronunciamiento se hace referencia al trabajo que realizan los indígenas guaraníes, el cual es pagado en especie a precios estipulados por los patrones y no en dinero como manda la ley.
Asegura que en muchos casos "el trabajo es familiar, incluye a mujeres y niños, por el cual las mujeres reciben 7 bolivianos y los niños de 1 a 2 bolivianos, en algunos casos perciben un solo sueldo por trabajos de hasta 15 horas diarias".
El documento también indica que esas familias cautivas y empadronadas viven esclavizadas por deudas heredadas de sus padres, que no pueden ser pagadas por los magros salarios que perciben en especie: como ropa y víveres.
Asimismo, afirma que los guaraníes que manejan maquinarias en las estancias son responsables de su desgaste y si se pierde alguna tuerca u otras piezas durante el trabajo, se les descuenta lo que incrementa su deuda haciéndose cada vez más difícil pagarla.
"Aún se usan en muchos casos castigos corporales contra los trabajadores", manifiesta el documento, al indicar que a raíz de que estas comunidades cautivas no tienen tierras propias y trabajan propiedades del patrón, bajo sus normas impuestas, en total desacato de las leyes nacionales establecidas.
No solo se trata de las familias que viven al interior de las haciendas, sino de familias "empadronadas" que están en las inmediaciones de las haciendas del padrón y son empleadas temporalmente, pero en las mismas condiciones anteriormente señalada, asevera el pronunciamiento.
La solicitud de saneamiento de tierras de Alto Parapetí es una demanda sentida de los guaraníes iniciada hace 12 años en septiembre de 1996 y aceptada el 18 de julio de 1997 en el INRA, a través de Resolución Administrativa RAI-TCO-0017.
Por su parte, el capitán general de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Wilson Changaray, invitó hoy al cardenal Julio Terrazas a verificar en las haciendas del Chaco boliviano la servidumbre a la que son sometidas varias familias indígenas.
El dirigente Changaray acusó al Cardenal de defender a los terratenientes del departamento de Santa Cruz "que siguen sometiendo a los indígenas en pleno Siglo XXI".
"Denunciamos que los derechos del pueblo Guaraní han sido desconocidos, siguen existiendo familias cautivas e invitamos a la Iglesia Católica a que hagan una verificación de las familias cautivas", declaró.
Sacerdote confirma que en Alto Parapetí guaraníes son sometidos a servidumbre
Camiri y La Paz, 14 abr (ABI).- El padre Walter Aguirre, de la parroquia de Gutiérrez, confirmó hoy que los terratenientes de Alto Parapetí someten en sus haciendas a un régimen de servidumbre y trabajo forzoso a centenares de indígenas guaraníes, mientras que varias voces rechazaron en La Paz la duda expresada por el cardenal Julio Terrazas sobre esa violación a los derechos humanos.
El padre Nacho, como se lo conoce en la región, indicó que como buen cristiano y "buen pastor que está al lado de sus ovejas", apoya el proceso de liberación y reconstitución del territorio guaraní, en justicia por la vida de los más débiles.
Aguirre comparó a los terratenientes con "lobos" por los hechos violentos que se van suscitando en defensa de "sus supuestas tierras". "El enfrentamiento es por intereses ajenos, de extraños que no viven en la zona sino en la ciudad porque no trabajan la tierra sino que la hacen trabajar", explicó.
Según el periodista Ubaldo Padilla de radio Parapetí de Camiri, el sacerdote llamó a luchar para sacar a los guaraníes del cautiverio en el que se encuentran, y preguntó a los hacendados por qué se oponen al saneamiento de tierras considerando que éste proceso favorecerá a la mayoría de los productores de la zona.
LA SERVIDUMBRE SÍ EXISTE
En ese contexto, este lunes, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de gobierno corrigieron al cardenal Julio Terrazas, quien había puesto en duda la existencia de indígenas sometidos a condición de esclavitud, mientras no le presenten pruebas sobre un hecho que es de conocimiento desde hace varios años.
En haciendas de la región chaqueña de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz existen indígenas cautivos sometidos a un régimen de servidumbre, como observan con preocupación varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos.
Las familias guaraníes de Alto Parapetí, provincia Cordillera de Santa Cruz, Luís Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; y O´Connor y Gran Chaco en el departamento de Tarija, viven en condición servidumbral desde hace muchos años.
Se dice que son esclavos modernos porque son sometidos a formas de explotación laboral no convencionales, precisa un pronunciamiento difundido hoy mismo por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras organizaciones sociales.
Los documentos exigen al Estado liberar a familias indígenas cautivas que no reciben salario sino retribuciones en especie por su trabajo de hasta 15 horas diarias.
Muchos de estos cautivos y empatronados son figurativamente esclavizados por deudas heredadas de sus padres, y son víctimas de castigos corporales.
Semejante relación laboral entre el patrón y sus peones vulnera todas las normas internacionales de derechos humanos, enfatizan investigaciones de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras.
LA PALABRA ESCLAVITUD
El folleto informativo Nro. 14, Formas Contemporáneas de la Esclavitud, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) explica que la palabra "esclavitud" abarca en la actualidad diversas violaciones de los derechos humanos, además de la esclavitud tradicional y la trata de esclavos.
Según este documento, la esclavitud moderna comprende abusos tales como la venta de niños, la explotación laboral de niños, la trata de personas y la venta de órganos humanos, ciertas prácticas del régimen de apartheid y la servidumbre por deudas, entre otras prácticas análogas a la esclavitud que son clandestinas.
El Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud es el órgano de las Naciones Unidas encargado de recibir información de los Estados acerca de las medidas que éstos han adoptado para aplicar tres convenciones relativas a la esclavitud.
La OIT ha adoptado varios otros convenios pertinentes, y se encarga de supervisar su aplicación.
El trabajo infantil es muy solicitado porque resulta barato y porque los niños son naturalmente más fáciles de disciplinar que los adultos y tienen demasiado miedo para protestar.
Muchas veces ocurre que se ofrece trabajo a los niños mientras sus padres se encuentran desempleados. Hay niños de 7 a 10 años de edad que trabajan 12 a 14 horas diarias y ganan menos de la tercera parte del salario de un adulto.
Según la ONU, es difícil distinguir la servidumbre por deudas de la esclavitud tradicional, puesto que la víctima no puede dejar su trabajo o la tierra que cultiva mientras no reembolse el dinero adeudado.
Aunque en teoría una deuda puede pagarse en un determinado período de tiempo, la servidumbre se presenta cuando a pesar de todos los esfuerzos, el deudor no consigue cancelarla.
Por lo general, la deuda es heredada por los hijos del trabajador en servidumbre. El arriendo de tierras a cambio de una parte de la cosecha es una forma frecuente de someter a los deudores a la servidumbre.
La definición de la esclavitud contenida, en la Convención sobre la Esclavitud de 1926, elaborada por la entonces Sociedad de las Naciones (hoy Naciones Unidas), ha sido ampliada.
Esto ocurrió durante la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud adoptada en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra en 1956, para incluir las prácticas e instituciones de la servidumbre por deudas, las formas serviles del matrimonio, y la explotación de los niños y adolescentes.
Hasta ahora, 106 estados, entre ellos Bolivia, han ratificado o se han adherido a la Convención suplementaria.
La protección contra la violación de los derechos humanos comprendidos en la amplia definición de la esclavitud es un aspecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La ONU ha pedido a la OIT que organice un seminario o curso práctico sobre la servidumbre por deudas; y ha pedido a los órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados, bancos de desarrollo y otros organismos intergubernamentales que eviten todo caso de servidumbre en sus proyectos de desarrollo, además de contribuir a la eliminación de este abuso.
La OIT ha aprobado dos convenios, según los cuales los Estados que los ratifiquen suprimirán todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y no recurrirán a ninguna de ellas.
El Convenio Nro. 29 de 1930 prohíbe el trabajo forzoso en la mayoría de sus formas y el Convenio Nro. 105 de 1957 prohíbe su utilización con fines de fomento económico. Cada uno de los convenios ha sido confirmado por más de 100 ratificaciones.
SERVIDUMBRE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la explotación sexual, la servidumbre por deudas, la venta de niños y el régimen del apartheid entrañan graves riesgos para la salud mental y el desarrollo social de los niños que son víctimas de ellos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se ocupa de la servidumbre de los niños y de la servidumbre por deudas en relación con las diversas formas de tenencia de tierras.
La Cumbre Mundial de UNICEF aprobó una Declaración y un Plan de Acción para la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño en el decenio de 1990.
En el Plan, los Estados se comprometen a tratar de aliviar la penosa situación de los millones de niños que viven en condiciones especialmente difíciles -huérfanos y niños de la calle, refugiados o personas desplazadas, víctimas de la guerra y de desastres naturales, hijos de trabajadores migrantes y otros grupos socialmente desfavorecidos, como niños trabajadores o jóvenes atrapados en la servidumbre, entre otras figuras.
La ONU considera que los pactos internacionales, las leyes nacionales y los procedimientos de ejecución no bastan para suprimir la esclavitud en sus diversas formas.
Por eso es preciso que cambien las actitudes y las costumbres, que muchas veces se hallan profundamente arraigadas, inclusive en las mentes de las propias víctimas.
Las personas a quienes conmueve la penosa situación de las víctimas deben proteger y promover los derechos humanos, sobre todo en defensa de los grupos más vulnerables, es decir niños, mujeres, poblaciones indígenas y trabajadores sometidos a la servidumbre por deudas.
También hay que tratar de interesar a los medios de información -televisión, radio, periódicos y revistas- para que se ocupen de las cuestiones de la explotación en sus programas y artículos, así como en sus informaciones.
Según la ONU, urge conseguir la ayuda de personalidades públicas para que fomenten el respeto por los derechos humanos e informen al público acerca de los problemas de la explotación.
La ONU alienta a las organizaciones religiosas y laicas a que se esfuercen por dar a conocer a sus miembros, y al público en general, el carácter inhumano de formas de explotación que siguen siendo muy frecuentes.
LA IGLESIA CON EL PUEBLO
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, no cree que el ánimo de Terrazas, la máxima autoridad de la Iglesia Católica boliviana, haya sido proteger el latifundio y esconder a los indígenas cautivos en haciendas del chaco.
Almaraz tiene plena certeza de que la palabra solidaria de la Iglesia Católica animará a las autoridades a lograr justicia para todos, especialmente para los grupos humanos más desvalidos del Chaco, es decir las comunidades guaraníes.
Almaraz recordó que en marzo del año 2000, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a todos los bolivianos, y en especial al gobierno, a sensibilizarse sobre este tema a través de la Carta Pastoral "Tierra, madre fecunda para todos", en la que plantea que la tierra es una fuente de solidaridad y no una mercancía o instrumento de opresión.
Dicho mensaje episcopal está inspirado en el documento "Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria", publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997, en el que se pide a los gobiernos del mundo emprender reformas agrarias que restablezcan el derecho de los pobres y excluidos a gozar de la tierra, patrimonio común.
En su carta pastoral, la Iglesia Católica afirma que la mala distribución y el uso inadecuado de la tierra es una de las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales.
Sin dudar, la carta pastoral afirma que persiste la injusticia en la distribución, el acceso y propiedad de la tierra a casi cincuenta años de iniciada la Reforma Agraria.
La Iglesia recuerda que diversos informes de oficinas de la Pastoral de la Tierra, de instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y de organismos internacionales coinciden en destacar como "grave" la desigualdad en la distribución y uso de la tierra en Bolivia, como se constata por la pervivencia de grandes latifundios en tierras bajas.
Observa que desde la reforma de 1953 y en adelante, en el oriente del país un "sector minoritario, pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno".
Luego, las políticas de libre mercado generalizadas desde 1985 profundizaron la brecha en pequeños y grandes propietarios de tierras.
Hoy en día continúan los privilegios asegurados por el latifundio, "provocando contrastes escandalosos que generan situaciones de dependencia y opresión e impiden garantizar los beneficios y frutos de la tierra para un sector significativo de los bolivianos".
CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA Y MINUFUNDIO
Existe, por un lado, una extrema parcelación de la propiedad agraria en la zona andina, que es además el área donde reside la mayor parte de la población campesina pobre; y, por otro, una tendencia a la concentración en pocas manos en la región oriental donde se encuentra el mayor potencial agropecuario del país.
Según la Iglesia, las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña fueron entregadas "sin sentido de proporción ni equidad", de modo que la mitad más rica se quedó con casi todo y la otra mitad, de pobres inmigrantes, con sólo una mínima parte.
Más aún, los tamaños de las mayores propiedades agrarias del Oriente superan los límites legales permitidos".
La Iglesia entiende que la concentración de la tierra es "un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra", provocando "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y llevando a "la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente".
La carta pastoral Tierra, madre fecunda para todos, critica a grupos poderosos que manipulan las leyes para que no se afecten sus intereses "poco solidarios".
Hay incluso presiones por parte de sectores terratenientes para eliminar de nuestra Constitución Política del Estado el concepto de función social de toda propiedad y para desvirtuar el criterio también constitucional de que la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad es el trabajo", dice.
En resumen, la Iglesia condena explícitamente el latifundio, definido como "grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas". Considera que el latifundio es "intrínsecamente ilegítimo e injusto", en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos.
MENSAJE DE LA IGLESIA
Con "humildad pero con firmeza", la Iglesia recuerda a los gobernantes que su obligación es buscar mayor claridad y decisión en la legislación de la tierra en pos del objetivo irrenunciable del bien común, y alienta al Poder Ejecutivo a asegurar la implementación de la ley ante quienes quisieran lograr una legislación más favorable a los intereses de los más poderosos.
En su carta pastoral, la Iglesia reflexiona a los grandes propietarios que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios ofreció a todos sus hijos.
"Desde una perspectiva cristiana, el mayor acceso a la tierra y otros recursos sólo se justifica siempre que se los haga producir de manera sostenible, racional y cumpliendo una función social. Miren constantemente, a la luz de los principios evangélicos, si ésta es su realidad".
La Iglesia insta a todos los medianos y grandes productores a continuar sin desvelos su genuina iniciativa empresarial, fomentando el potencial productivo y pagando a sus trabajadores salarios justos de acuerdo con las universales normas laborales; "pero no permitan que los especuladores y traficantes de tierras les utilicen a ustedes como escudo para sus ilícitos negocios".
CUESTIONAN AL CARDENAL
En ese marco, legisladores oficialistas y opositores, líderes indígenas y activistas de derechos humanos sugirieron al máximo representante de la Iglesia Católica de Bolivia, cardenal Julio Terrazas, a que viaje a la zona y constate por sí mismo la existencia de servidumbre en la región del Chaco.
Este extremo fue confirmado por decenas de informes de organizaciones internacionales, del Defensor del Pueblo e investigaciones de prensa: cientos de familias guaraníes permanecen cautivas en haciendas y sometidas a relaciones de servidumbre en pleno siglo XXI.
"Con qué facilidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans y palabras ofensivas", dijo el domingo el cardenal Terrazas en Santa Cruz en una homilía.
Ante estas declaraciones, el senador opositor Carlos Böhrt (Podemos) aseguró que es necesario tomarle la palabra al purpurado e invitarlo a que se sume a una comisión que verifique in situ el régimen de servidumbre que impera en varias haciendas del Chaco.
"Él pide que se le muestre dónde hay esclavitud para ir allá y eliminarla. Habría que tomarle la palabra y decirle que en la zona de Alto Parapetí existen comunidades cautivas sometidas a relaciones de servidumbre, que vaya allá y verifique", aseguró Böhrt.
"Si confirma que eso es así, que ayude a eliminar esa injusticia", comentó, sorprendido por los comentarios de Terrazas.
En su criterio, es llamativo que el Cardenal haga énfasis en una cuestión de concepto y definición (habla de "esclavos") y pierda de vista lo que todos saben: existen relaciones de servidumbre en comunidades indígenas llamadas cautivas, no propiamente esclavas.
"Estos grupos no están en un régimen propiamente esclavista; sin embargo, una cosa es afirmar que no hay esclavismo y otra muy distinta decir que existe un régimen anticuadísimo de explotación de comunidades guaraníes", precisó Böhrt.
A su vez, el diputado Gustavo Torrico indicó que se demostrará al cardenal Terrazas que hay servidumbre en el Chaco.
"No es un tema de ahora ni tampoco el MAS lo inventó" afirmó Torrico, en tanto que dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) recomendaron al prelado sumarse a una comisión del gobierno, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la comunidad internacional que verificará la existencia de servidumbre.
Da/Vmt/Dgav ABI
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