Guaraníes: La ‘Tierra sin mal’ ya no se busca, se compra
El Gobierno de Evo Morales analiza junto a la asamblea del Pueblo Guaraní la posibilidad de comprar tierra para liberar a los indígenas empatronados. Aún hay mil familias en régimen de semiesclavitud en 45 comunidades del chaco. Piden que se haga auditoría al saneamiento en la zona
EL DEBER - Texto: Pablo Ortiz | foto: Rolando Villegas
Nuestro abuelo ya vivía aquí y nos ha dejado en esta tierra cautiva. Antes éramos una comunidad de más de 30 familias pero ahora sólo quedamos 17. A los otros los han botao, pero nosotros nos hemos encaprichao, ya estamos acostumbrados a pelear con el patrón y de aquí no nos vamos a ir", dice Mario Perocio, el mburuvicha (capitán) de La Colorada.
Labios gruesos, bigotes ralos, nariz ancha, piel cobriza, como la tierra, y unos ojos que expresan una melancolía centenaria completan el rostro de este hombre de 43 años. Cuenta su historia sentado en un banco de escuela junto a Susana Araira, la mujer que le ha dado dos hijos y con la que vive desde que era adolescente. Los bancos están debajo de un pahuichi al lado de la cocina de su casa, situada sobre un cerro desde el cual se pueden ver la casa y los potreros de su patrón.
La familia de Mario es pequeña, al igual que las otras 17 que viven en La Colorada. Y es que ellos, de puro 'caprichosos', no obedecieron a su patrón, que antes de morirse les dijo que ya no quería tenerlos más en su tierras, que se buscaran alguna comunidad más grande adónde irse. Se quedaron 17 familias, pero otras 20 se fueron, luego de que el dueño de la estancia mandara derribar la escuelita a la que iban sus hijos.
Por eso los bancos marcados con el logo del Fondo de Inversión Social se encuentran en el patio de Mario, y por eso todos los niños deben irse a estudiar hasta El Arenal, una comunidad distante 20 kilómetros de La Colorada.
Y de verdad hay que ser caprichoso para quedarse en La Colorada. Bajando del cerro de la casa de Mario se puede encontrar las chozas de las otras familias a medio caerse.
En una tierra donde hasta los arbustos más pequeños tienen espinas para defenderse, los guaraníes de esta comunidad no pueden hacer más que observar cómo sus patrones los echan de sus chacos cada vez que están limpios y pueden reemplazar el maíz, la kumanda (frejol) y los jocos por pasto para que aproximadamente 30 vacas tengan que comer en medio de poco más de 600 hectáreas.
Sin embargo, las 17 familias, las 80 personas que también comparten esas tierras, tienen que ingeniárselas para no morir de hambre con sólo cuatro hectáreas para sembrar. "El patrón ya nos ha dicho que éste es el último año que nos deja sembrar aquí, que tenemos que buscar adónde irnos", remata Mario.
Pero no es tan fácil encontrar dónde irse en la zona de piedemonte del Chaco boliviano. Ahí no hay tierra iyambae (sin dueño) y mucho menos noticias de aquella tierra sin mal que los guaraníes han buscado desde el principio de los tiempos.
En realidad, La Colorada es sólo una de las 20 comunidades de guaraníes que viven ‘empatronados’ en la zona del Alto Parapetí, en la provincia Cordillera, de Santa Cruz. La familia de Mario es sólo una de las 449 que ha contado la Asamblea del Pueblo Guaraní que están sometidas al régimen de empatronamiento. La cifra de comunidades se eleva a 45, si suman las de Chuquisaca y Tarija. La cantidad de familias no está cuantificada, pero, en promedio, hay 30 familias por comunidad.
"Los están matando poco a poco", dice Miguel Valdez sentado en la oficina en Camiri del Centro para Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca). A su forma de ver, lo que se vive en el Chaco de piedemonte (denominación dada a las zona chaqueña plagada de serranías), es un genocidio cultural. Su hipótesis se defiende bien.
Hasta el momento, la política del Gobierno en la zona ha sido la de tratar a los guaraníes como un campesino más y, salvo la titulación de algunas TCO, no se ha encontrado tierras sin dueño para titularles de forma colectiva. Pero para un guaraní tierra no es lo mismo que territorio.
La relación de los guaraníes con el área que ocupan es extensiva y comunitaria. "El monte es como el patio de su casa y el chaco, su huerta", dice Valdez. Sin embargo, en la zona de Chuquisaca, el Instituto Nacional de Reforma Agraria les reconoció el derecho individual de posesión de la tierra que el patrón les dejaba sembrar. Así, el guaraní que más tierra tiene es el mburuvicha de Laurel, que logró titular siete hectáreas, que ahora debe compartir con las otras 12 familias que integran su comunidad.
"Trátenme como una vaca", pidió hace unos años la ex presidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Nelly Romero. Estaba parada frente a un ministro que no entendía sus problemas, por más que ella le explicaba que había gente que no tenía ni una sola hectárea, mientras que las vacas de las haciendas contaban con hasta 25 para pastar.
El pedido de Romero dio la vuelta al mundo el pasado 22 de enero, cuando en su primer mensaje al país el presidente, Evo Morales, hizo suya la frase para describir toda la problemática de la tierra en el oriente.
Y la esperanza de los comunitarios está puesta en que este Gobierno sea más sensible que los anteriores. Ya hubo ministros -como Ricardo Calla- que prometieron que no se irían de su cargo sin solucionar este problema, pero Carlos Mesa cayó y con él se fue el decreto que ordenaba comprar 50.000 hectáreas para distribuirlas entre las 1.000 familias de guaraníes empatronados en todo el Chaco. La misma APG cuestionó el decreto.
El problema era que nadie podía explicar cómo se calculó 50 ha por familia ni bajo qué parámetros se consideraba que los guaraníes podrían desarrollar su relación sostenible con su territorio en este espacio. Otro de los defectos que le encontraron a este decreto es que preveía la titulación individual de la tierra, como si se tratase de cualquier colono llegado de otras latitudes, cuando está demostrado que la fortaleza y la sostenibilidad del pueblo guaraní se basa en su carácter comunitario
"Está claro que mantenerlos cercados en pequeñas extensiones es contribuir a un genocidio cultural, es tratar de convertirlos en otra cosa", dice Hugo Salvatierra, ministro de Asuntos Campesinos. Explica que estas tierras son de baja productividad y que se necesitan grandes inversiones para poder autosostenerse. "Así como están, sólo terminan empatronándose más", añade.
Junto a su viceministro de Tierras y la APG, Salvatierra analiza la posibilidad de comprar tierra con los fondos que el Banco Mundial destinó para este fin. Sin embargo, el ministro apuesta a recuperar posesiones ilegales y recortar latifundios en la zona para proveer a las comunidades cautivas.
Algo que, en opinión del ingeniero agrónomo Mauro Hurtado, será prácticamente imposible. "Sabemos que la mayoría de las haciendas cumple con la función económica y social", dice, y Valdez explica que no es muy difícil hacerlo: "Invierten poco en capital y utilizan una mano de obra muy barata para habilitar pastizales y sembradíos".
Esa 'mano de obra muy barata' son los guaraníes. El jornal en la zona del Chaco oscila entre los Bs 10 y 20, según la zona y la forma en la que se hace el trato.
Si el trabajador busca emplearse por sí sólo tiene más posibilidades de ser explotado que cuando toda su comunidad negocia para emplearse en una hacienda. Estefanía Valderas, dirigente de la comunidad Angaguasu, explica que ahora sus maridos salen a 'ganarse' en las haciendas, pero que es el mburuvicha el que negocia directamente con el hacendado. Ya no se regatea el jornal, sino que hacen trato por una obra y van todos los de la comunidad para terminarla en el menor tiempo posible y ganar más dinero.
Por más que comunidades como Angaguasu, Ipati o Cañadillas hayan sido dotadas de tierras por Cipca y otras ONG, aún no pueden librarse del trabajo en las estancias.
La falta de apoyo gubernamental y los escasos recursos con los que cuentan, los obligan a salir a buscar recursos para poder sembrar sus propios chacos, que, en la mejor cosecha que puedan esperar, les rinde hasta 50 costales de maíz que venden entre Bs 20 y 28, dependiendo de la época del año. Con ello, apenas logran sostener a sus familias, ya que cada hombre puede sembrar entre dos y cuatro hectáreas anuales.
"Este año ya nos está faltando tierra. Es que hasta el año pasado no podíamos sembrar todo, porque estábamos trabajando para pagar nuestra deuda por los tractores. No llovió, la cosecha se fregó y nosotros quedamos endeudados", dice Bonifacio Ribera, fundador de la comunidad Ipati.
La deuda a la que se refiere Ribera fue contraída por contratar tractores para arar las zonas más planas de la comunidad. Los hacendados les cobran $us 50 por hectárea, y por lo general terminan debiéndoles y trabajando para ellos para honrar los compromisos con sus 'amigos'.
Pese a ello, en San Francisco de Ipati y en Angaguasu este año hubo un arete guasu de verdad, un Carnaval largo y con mucha chicha. Como son vecinos, este año les tocó a los de Ipati ser los arete iya (dueños de la fiesta) y así retribuir con chicha de maíz la hospitalidad mostrada en 2005 por Angaguasu.
Sin embargo, los responsables de tanta bonanza no son otros que los bueyes que han incorporado a su sistema productivo para poder arar más efectivamente la tierra. En pleno siglo XXI, los comunitarios guaraníes acaban de ingresar en la época del arado egipcio, pero para ellos es mucho más fácil reunir los recursos para comprar una yunta que alquilar los tractores de los patrones.
Y es que en tiempos en que, desde Santa Cruz de la Sierra, las comparsas se esfuerzan por poner a sus fiestas nombres en guaraní y los más autonomistas porfían en otorgar a Rubén Costas el cargo de Tumpa en lugar del de Prefecto, a pocos parece importarles que los dueños de esta lengua, que los bisnietos de Apiaguaiki, el último Tumpa que cayó en Kuruyuki, aún deambulen en busca de la tierra sin mal; pero como la iyambae ya tiene dueños, ahora el Gobierno deberá comprarla para devolvérsela. Tal vez así por fin se acabe la peregrinación de la nación guaraní.
Nos están haciendo pensar mal
Mario Perocio
Antes, La Colorada era una comunidad poblada; ahora, las casas están abandonadas. Estamos cansados de denuncia, pero para el guaraní no hay justicia
Ésta es La Colorada, una tierra cautiva donde nadie nos ayuda. Más antes sabíamos vivir aquí 32 familias, pero la mitad se ha ido. Nosotros nos hemos ‘encaprichao’ y quedamos 17.
Vivimos en caseríos de hasta dos familias y el patrón sólo nos da cuatro hectáreas para sembrar, pero siempre nos las va quitando y dándonos otras para que sembremos. Apenas nos deja dos o tres años y nos la quita. Seguimos peleando con él pero sabemos que algún día nos va a expulsar de aquí, pero nadie quiere irse; estamos acostumbrados aquí y aquí nos vamos a quedar.
De ganas nomás nos mezquina la tierra porque él no la siembra, no tiene con qué. Recién, hace unos 30 días, ha metido unas 30 vaquillas a los potreros. Antes tenía seis cabezas, nada más.
Ahora nos ha ‘encerrao’ ahisito y no nos deja chaquear nada más. Nosotros no somos flojos, queremos trabajar, pero a ver, imagínese, ¡17 en cuatro hectáreas! Desde hace cinco años, él nos deja trabajar y después nos lo quita.
Estos bancos en los que estoy sentado, eran de la escuelita que su padre mandó tumbar. Fue el 15 de junio de 1999 cuando mandó que la tumben, pese a que se había construido con la ayuda del padre Francisco, de Cuevo. Ni eso le importó. Fue ahí cuando la mitad se fue a Kaipirenda, porque tenía amenazado a mburuvicha, Mario Cardoso.
Esto lo hemos denunciado muchas veces, pero nadie nos hace caso. Es que para nosotros los guaraníes no hay justicia ni nada. Ahí quedó. Nosotros, como pueblo, somos marginados. Después le han prendio fuego a nuestro cerco, a la huertita de las mujeres y tampoco se puede hacer nada.
Nosotros somos pacíficos, pero ya estamos cansados de esto y los karai nos están haciendo pensar mal.
¿Dónde quedaron las demandas?
Mauro Hurtado | Ingeniero agrónomo
El problema de la falta de tierra en las comunidades guaraníes es estructural y fue reconfirmado en el Diagnóstico elaborado por Cordecruz y Cipca en 1986. Para revertir esta situación, el Programa de Desarrollo Campesino de Cordillera (PDCC-1987) identificó seis estrategias: afectación, dotación, restitución, reversión, consolidación y compra de tierras para comunidades y familias que carecían de este recurso.
En ese marco la APG y las instituciones que conformaban la Coordinadora de Instituciones responsables de ejecutar el PDCC decidieron ejecutar dos de las seis estrategias previstas: dotación y compra; por ello, la APG simultáneamente demandó al Gobierno el reconocimiento y la titulación de los territorios indígenas (hoy conocidos como TCO) y se procedió con la compra de tierras, para responder de manera inmediata a familias y comunidades sin tierra. Años más tarde, esta misma estrategia se desarrolló en la zona Ingre y Huacareta, después de conocer los informes de los ‘kereimbas’ que participaron en la Campaña de Alfabetización dirigida por la APG.
En ella tuvieron la oportunidad de presenciar y vivir los malos tratos de los que eran objeto las familias empatronadas. Durante el tiempo que duró la compra de tierra y el reasentamiento de familias (1993-1997), la APG y las Capitanías Ingre y Huacareta, de reciente conformación, denunciaron los abusos y los métodos utilizados por los hacendados durante generaciones, que se acrecentaron cuando los patrones supieron que existían posibilidades reales de que sus peones se fueran, intentaron impedirlo con el cuaderno de deudas, amedrentamiento psicológico permanente, flagelaciones y hasta la retención de menores.
Hay que preguntarse ¿qué pasó con esas denuncias?, ¿por qué el Gobierno o las instituciones encargadas del tema mantuvieron un aparente silencio?, ¿a quién le corresponde resolver ese tipo de problemas?
La educación, literalmente, los liberó
En 1992 se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, pero ése no era el aniversario más importante para los guaraníes.
También se cumplían 100 años de la masacre de Kuruyuki, el último enfrentamiento armado de los kereimbas chiriguanos contra el Ejército boliviano. Organizada pocos años antes, la Asamblea del Pueblo Guaraní había logrado que organizaciones no gubernamentales y la Iglesia católica la apoyaran en un plan de alfabetización en las comunidades y las haciendas de la zona del Chaco. Como 1992 también fue un año en el que las reivindicaciones indígenas tuvieron llegada a oídos del Gobierno, los hacendados dieron permiso a los alfabetizadores para ingresar en las haciendas.
Cuando lo hicieron allí no encontraron simples peones, sino guaraníes que vivían desde hacía siglos en un sistema de servilismo en empatronamiento del cual debían ser liberados.
Eso fue lo que dio la voz de alerta y prendió la chispa entre los mismos peones de hacienda, que comprendieron que había otra vida lejos del patrón y del libro de deudas.
Desde ese momento se comenzaron a organizar en capitanías comunales, por más que su comunidad estuviese empatronada.
A partir de allí, su voz comenzó a hacerse más fuerte y lograron no sólo que el Gobierno de Paz Zamora reconociera el derecho de los pueblos indígenas a tener un pedazo de tierra, sino también que se incorporara el concepto de territorio comunitario de origen al diccionario del derecho agrario boliviano.
Desde ese momento, comunidades como Angaguasu, Cañadillas, Ipati y Guirasai comenzaron a ser liberadas y dotadas de tierras.
El saneamiento actual perpetúa el servilismo
En promedio hay 12 hectáreas en el Chaco para cada guaraní registrado en el Censo 2001. El Ministro de agricultura asegura que el proceso fue acomodado para los patrones. No se descarta realizar una auditoría técnica al trabajo realizado en la zona de Chuquisaca
Un botín de guerra. Ésa fue la relación que históricamente tuvo el Estado boliviano con el Chaco. Ya sea que se pelee por la independencia, contra los paraguayos o contra los propios guaraníes, el premio siempre fue otorgar en recompensa la tierra que se creía desierta, sin gente, sin dueño.
Por esta región, la reforma agraria de 1953 pasó de largo y lo único que consiguió fue parar las arrobas de guasca contra los indígenas. Durante las dictaduras, sobre todo la de Banzer, se terminó de repartir lo que quedaba; y si algo se les escapó, la democracia pactada (en especial durante la gestión de Jaime Paz Zamora) se encargó de titular el resto.
Es por eso que los pueblos indígenas de la región y los pequeños productores pusieron todas sus esperanzas en que el saneamiento ordenado por la Ley 1715, que crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), recortara los latifundios y redistribuyera de forma más equitativa el territorio. Diez años después la situación no ha cambiado mucho y, si todos los guaraníes vivieran en el Chaco, a cada persona sólo le correspondería 12 hectáreas.
“Lo que nos interesa es la recuperación de tierra para los indígenas. La de Cordillera es una de las zonas que tendrá que priorizar este Gobierno por la alta concentración de tierra en pocas manos. No es que no haya tierra, lo que pasa es que el saneamiento ha sido acomodado para beneficiar a los grandes propietarios. De ahí es que nosotros detectamos las grandes irregularidades que hay en el INRA”, comenta Hugo Salvatierra, ministro de Agricultura.
Como lo explica el ingeniero agrónomo Eulogio Núñez, las tierras de piedemonte son más productivas que las de la llanura chaqueña debido a la mayor precipitación pluvial y a la mejor calidad de los suelos. “Por esta razón, esta zona ha sufrido una mayor presión por el acceso a la tierra, por parte de medianos propietarios y empresas agropecuarias”, dice.
Salvo la zona chuquisaqueña, donde el saneamiento ya fue concluido por la empresa Kadaster, el proceso de saneamiento en ambas ecorregiones del Chaco está prácticamente paralizado.
Tanto la Asamblea del Pueblo Guaraní como las organizaciones no gubernamentales responsabilizan por esta demora a la falta de voluntad política de las autoridades que han pasado por el INRA y a la presión que los ganaderos han ejercido sobre ellas. Sin embargo, los mismos ganaderos también se sienten afectados por la demora, ya que aseguran que no pueden tener seguridad jurídica en las tierras que trabajan.
El mayor problema con el saneamiento se encuentra en las capitanías guaraníes de Alto Parapetí, Ingre, Añimbo y Huacareta, que son las zonas donde viven los indígenas empatronados.
“El saneamiento ha sido para peor. Ahora los hacendados no nos dejan criar ni chanchitos porque dicen que salen de nuestras parcelas y les fregan sus pastos.
Ahora no podemos ni sacar leña del monte, porque está dentro de sus haciendas y quieren que nosotros vivamos dentro de lo que nos titularon. Antes de que venga el INRA, no se sabía qué era de quién y nosotros podíamos sembrar un poquito más”, dice Olga Barrientos, comunitaria de Laurel en la zona de Huacareta.
En Iviyeka, una de las comunidades de Alto Parapetí, los indígenas se encontraban reunidos tratando el tema del saneamiento. La ONG Médicus Mundi compró la propiedad para ellos, pero hay poseedores campesinos en el interior.
Ahora deben peregrinar hasta Santa Cruz para seguir un proceso de Saneamiento Simple ante el INRA, algo que ya ha causado enfrentamientos en la zona y tiene a la mayoría de los dirigentes comunales enfrentando procesos penales. “Las pericias de campo no están concluidas, pero no los vamos a perder de vista. Nosotros hemos arriesgado en esta lucha y no queremos reaccionar de forma violenta, somos pacíficos y sabemos que podemos arreglar esto de forma inteligente.
El INRA se comprometió muchas veces con nosotros y no ha cumplido”, dice Roberto Algarañaz, responsable de tierras de Alto Parapetí.
A estos actores hay que aumentarle la presencia en la zona del Movimiento sin Tierra, que nació en el Chaco, después del enfrentamiento en Pananti.
Daniel Romero
No sembramos ni una hectárea
Si chaqueo toda mi tierra sólo me dura un año. Es pura falda de cerro
Yo trabajo en la parcela que me dio el INRA, pero no tiene más que dos hectáreas. Por eso tengo que trabajar con don Porfirio Ortiz, que me paga Bs 15 con comida y coca. Él tiene más de 1.000 hectáreas tituladas, pero yo sólo tengo dos. Está sembrando pasto y tiene más de 350 vacas y saca 100 cabezas todos los años. Dos familias conseguimos tierras, pero la otra prefirió irse a trabajar a Santa Cruz.
El patrón ya quería negociar su parcela, pero en Monteagudo me han dicho que llame a mi hijo para que la trabaje, porque los títulos los tengo yo. Ahora sólo puedo sembrar unas tareítas, ni una hectárea siquiera. Si lo siembro todo, un año nomás me dura la tierra y después se acaba
Invitado
La demanda se redujo
Eulogio Núñez A. | Agrónomo Cipca
Es importante recordar que la APG, en 1996, demandó al Estado 19 TCO para 19 de las 24 capitanías del pueblo guaraní. Esta demanda ascendía a 10.380.945 hectáreas (en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz). Luego el pedido sufrió una drástica reducción por diferentes acciones de las autoridades del INRA y la Secretaría de Asuntos Étnicos. En la etapa de redefinición, las autoridades la recortaron a 4.829.467 ha (reducción del 53,5%). Después, en la etapa de inmovilización (superficie admitida por el Estado), la volvieron a recortar a 3.291.203 ha (corte del 68,8% de la demanda original).
A casi 10 años después, el INRA sólo ha titulado de manera parcial 959.249 ha a favor de los más de 80.000 guaraníes que habitan en el Chaco boliviano (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz). Esto equivale a un 29% titulado del total de la demanda territorial admitida por el Estado (área inmovilizada para sanear). Actualmente el proceso está paralizado.
Mucho para pocos y poco para muchos
Hace 20 años, cuando se realizó el censo agropecuario en Santa Cruz, el 94% de la superficie de Cordillera estaba en manos de 296 fincas. El 6% restante se distribuía entre 4.000 propiedades. Sin embargo, en Derechos Reales sólo había 414 fundos inscritos y ninguno pasaba de las 2.500 ha.
En Tarija la situación era similar. En la provincia O’Connor, el 1% disponía del 74% de la tierra y en Gran Chaco el 92% del territorio estaba en manos del 8% de la población. Para ese tiempo, sólo el 8% de Cordillera pertenecía a las comunidades guaraníes. En la provincia Cordillera, entre 1952 y 1992 se efectuaron 256 transacciones de las cuales el 30% se hizo durante el primer gobierno de Banzer.
Un tercio de los negocios se llevó a cabo al poco tiempo de conseguir la dotación del Estado. La ONG Cipca compró entre 1993 y 1996 un total de 30.000 ha para distribuirlas entre los guaraníes empatronados a un costo promedio de $us 24 por ha.
Actualmente, en la zona de Charagua norte, Parapitiguasu y Kaaguasu, el 7% de los propietarios intenta titular el 47% del territorio. Sin embargo, más tierra no garantiza mayor productividad, ya que las haciendas de más de 10.000 ha ocupan 59 ha por vaca, mientras que las de 80 sólo necesitan 3 ha por cabeza.
Hacendados: “Quieren igualarnos hacia abajo”
Las estancias de la zona han cambiado la agricultura por la ganadería. En régimen de peonaje por deudas no se ha eliminado del todo. Hay casos en los que las cuentas se heredan de generación en generación
A Federico Reinaga no le gusta la palabra ‘hacienda’ y su hermano Román se crispa cuando le dicen ‘patrón’. En realidad ambos prefieren el término ‘casa’ para referirse a las 4.800 ha que les tituló el INRA en las tres propiedades que manejan. Y precisamente sus ‘casas’ han sido el símbolo de múltiples reportajes que se han hecho sobre el tema del servilismo en el Chaco.
“Una vez me retrataron con un niño y la foto decía: ‘Un patrón con su esclavito’. “A los gringos les gusta esta casa. Desde la bajada ponen los trípodes para filmarla”, dice Federico, un chaqueño de humor ácido que estaba en pleno arreglo de su vivienda de dos pisos ubicada al borde del camino entre Huacareta y el Pilcomayo.
La casa es espaciosa, blanca y se puede ver desde lejos. Está ubicada sobre una loma desde la cual se divisa todo el valle, pero aun así no se escapa al aire de imperio en decadencia que domina a todas las haciendas de esta parte del Chaco. Salvo las casas de los hermanos Reinaga, el resto de las estancias visitadas dan la impresión de abandono.
Se encuentran derruidas y las paredes exigen a gritos una manito de pintura. Y es que si bien el Estado no ha sido eficiente liberando indígenas ‘empatronados’ o tomando cartas en el asunto, la presión de las ONG y el clima seco de los últimos años se han confabulado para limitar las ganancias de los hacendados de las zonas de Huacareta y el Ingre.
Como producto de la liberación de indígenas sometidos al régimen de trabajo permanente, los hacendados de la zona han tenido que cambiar su matriz productiva de la agricultura a la ganadería. Un ejemplo de ello es don Federico, que antes sembraba 200 hectáreas de maíz, pero ahora sólo quiere saber de vacas criollas. Asegura que con un sólo peón y su ayudante se puede manejar hasta 300 cabezas y que sólo tres familias guaraníes viven en sus tierras.
“¿Esclavitud? Aquí no hay esclavitud. Yo nunca la vi, pero tal vez mi padre la haya practicado. En este país todo tuvo su ciclo, pero eso ya pasó. Yo siempre he pagado a mis trabajadores”, dice, para luego llamar a su empleada para pedir una limonada, en guaraní, para sus ‘invitados’.
La mayoría de los hacendados habla perfectamente el guaraní. Y es que tanto patrones como peones se criaron juntos, jugaban juntos y crecieron juntos. Las diferencias se presentaban cuando empezaban a ir al colegio, un derecho al cual no accedían aún los guaraníes y que en algunas zonas del Chaco siguen sin tener.
Ahora todos aseguran que no tienen familias de guaraníes trabajando en sus tierras, que contratan trabajadores de otras latitudes por tiempo determinado y cuando terminan su trabajo vuelven a sus comunidades.
Sin embargo, pese a la negativa, aún se los ve trabajando y viviendo en cada una de las estancias.
“Aquí no tenemos matriculados ni familias que viven en nuestra propiedad”, dice Helena de Chávez, una viuda de casi 70 años que es vecina de Federico Reinaga. Camina ayudada de un bastón y unos aros de oro de viejo diseño adornan sus orejas. Está al lado de su hermano y detrás de ellos; en el patio, una anciana guaraní muele el maíz para preparar chicha.
La palabra ‘matriculados’ deja la sensación de que los hubo en su hacienda. El término equivale a enganchado, nombre con el que se conocía a los siringueros en la época de la goma.
La comparación no es muy lejana. Tanto a guaraníes como a siringueros los matriculaban ante la Inspectoría de Trabajo más cercana a la zona (rara vez se cumplía) y en ambos casos se llevaba un cuaderno de deudas que garantizaba la permanencia de los trabajadores en la hacienda o en la barraca gomera, en el caso del norte amazónico
Ese régimen de endeudamiento no se ha eliminado del todo en el Chaco. Esto se deduce del testimonio de un propietario de hacienda en la zona de Huacareta, Federico García, uno de los propietarios de Laurel. “Aquí no hay esclavos, los invito a que se queden y lo comprueben. La gente trabaja porque lo necesita y se les paga entre Bs 15 y 15 con coca y comida. A esa gente (los guaraníes), no los puedo emplear porque deben a todos lados”, explica.
Las deudas se contraen por un sinfín de razones, pero sobre todo por sacar víveres de las estancias, que cobran hasta un 30% más que en los centros poblados. Así por ejemplo, el kilo de azúcar en la tienda comunal de Angaguasu cuesta Bs 3,80, mientras en las haciendas que están en la ruta hacia Huacareta no lo consigue por menos de Bs 4,50 ó 5, que es lo mismo que cobran por el arroz y la harina.
Todo insumo que se fía y adelanto que se pide va al cuaderno de deudas, y cada mes y año se hacen balances o “arreglos” en los que, por lo general, queda endeudado el trabajador.
El informe del Defensor del Pueblo registró casos en que las deudas son traspasadas o vendidas de un patrón a otro. Con ello, el peón guaraní debe trasladarse con toda su familia a otra estancia. Ese es el caso de Germán Romero, que tuvo que mudarse con sus siete hijos de las tierras de Eltal Romero (El Ojo), a las de Walter Cabezas. Su nuevo patrón cubrió su deuda de Bs 1.300. “Desde ese momento, hace como dos años, no recibo dinero y sólo trabajo para pagar mi deuda y los anticipos que recibo en especies y alimentos.
No puedo salir y no quiero que pase lo mismo con mis hijos”, dijo Romero a los investigadores del Defensor del Pueblo.
Otra situación verificada por este documento es la herencia de deudas. En la hacienda Bella Vista de la comunidad de Igüembe, el Defensor del Pueblo encontró a Policarpio Maraveño, de 71 años, que todavía trabaja, como lo hizo su padre y su abuelo. Ése no es un caso aíslado. Mientras Federico Reinaga mostraba su casa, señaló a un anciano guaraní de 73 años que trabajaba desde hacía tres días con él.
Lo mostró como un ejemplo de voluntad y de trabajo, ya que en ese tiempo había logrado carpir casi todas las zonas aledañas. Y es que en algunas regiones del Chaco, el Bonosol es sólo una oferta electoral que escuchan en cada comicio nacional y que luego olvidan.
Mientras tanto, los jornales varían según la negociación entre trabajadores y patrones. En la zona de Alto Parapetí trabajan hasta por Bs 12 por día, pero si toda la comunidad se involucra en la negociación el precio puede elevarse hasta Bs 25 por jornada.
A eso debe sumársele la comida, que por lo general incluye tres platos de lagua de maíz mezclada con zapallo y frejol, y un caneco de café o te. En el mejor de los casos contiene un poco de charque.
Don Federico ha sido tomado como el típico caso del patrón que concentra tierra y poder por el informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre la situación de los indígenas ‘empatronados’ en las provincias chaqueñas de Chuquisaca. Reinaga es actualmente consejero departamental de Chuquisaca y antes fungió como concejal de Huacareta y presidente de la Asociación de Ganaderos de Chuquisaca.
Aclara que es eficiente en su trabajo y en su gestión ha conseguido más de Bs 10 millones para Huacareta y otro tanto para Monteagudo.
“Si la elección fuera por municipios, seguro que me reeligen. Pero si es por sufragio no me voy a presentar. Tengo 67 años y como dicen por acá, ya está viejo el perro pa’ cabrero. Además, yo trato bien a mis trabajadores, porque me interesa que sigan trabajando para mí.
Lo que pasa es que hay algunas ONG que quieren igualarnos para abajo, que quieren que seamos todos pobres”, explicó.
Don Federico vuelve al sillón que mira hacia el camino de Huacareta y maldice la suerte de la región. “Migran, migran: todos migran. En los últimos 10 años la población del municipio ha disminuido. Vienen y se llevan a la gente y no veo que mejoren en las comunidades”, dice, seguro que con los arreglos que le ha hecho a su casa le bastará para pasar una vejez placentera, mirando el paisaje y cuidando el ganado.
En Alto Parapetí la situación apremia
Yaiti es una de las comunidades cautivas de Alto Parapetí. Está asentada sobre la meseta de un cerro desde el que se divisa el río que le da su nombre a toda la zona.
Allá quedan 12 familias que viven en enormes malocas hechas de palma y tabique. Las camas de los niños y grandes están en la galería para poder dormir con el persistente calor que hace en la zona. Perros y niños comparten juegos mientras mayores y adolescentes se ocupan del trabajo en el campo y recoger leña.
Antes había más familias en esta comunidad, “Se están desparramando todos”, dice el capitán comunal.
Tienen tan poca tierra que a cada familia les da para sembrar sólo dos tareas al año. “Más antes no había patrón. Vivíamos así libres, pero hace poco llegó uno y se dedicó a matar a nuestros animales con su perro. Nos dejó sin chivos y chanchos”, dice el mburuvicha, que prefiere mantener su nombre en reserva.
Mientras se sienta a comer con su esposa, detrás de ellos ‘Papucho’ se pone de puntillas para alcanzar la mesa sobre la que está su plato.
Tiene la cara llena de úlceras y carachas producto de los bichos, pero las ganas de comer y la alegría no se las quita nadie.
Los niños son testigos mudos de este sistema productivo
Los guaraníes que crecieron en hacienda recuerdan que cuando eran niños su labor era alimentar gallinas, pastorear terneros o desgranar maíz. No tenían derecho de ir a la escuela, por eso se enorgullecen que sus hijos puedan hacerlo hoy, aunque sea a esas aulas precarias que hay en las comunidades libres.
Y ese es un llamado de Francisco Pifarré, párroco de Charagua y antropólogo, que ha detectado que en muchas haciendas no se preocupan por hacer estudiar a los hijos de sus peones.
“Hay patrones en la zona de Gutiérrez que no dejan que los niños vayan a la escuela. Están ahí, como criaditos permanentes en la hacienda y eso es fatal, porque estos niños están condenados a ser siempre peones, como sus padres”, dice el religioso.
La relación entre los niños y adolescentes guaraníes con sus patrones es especial, por llamarla de alguna manera. No es raro que gente con más poder económico venga y se lleve niños guaraníes como ‘compañeros de sus hijos’, pagándoles los estudios en las ciudades, la casa y la comida.
El informe del Defensor del Pueblo recoge casos en Muyupampa e Iguembe, donde los guaraníes prestan a sus hijos a los patrones, que se convierten en ‘padrinos’ de ellos.
Uno de esos ahijados le salió respondón. Se trata de Marciano Suárez que se crió en la casa de Helena de Chávez. Cuando se hizo dirigente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, fue uno de los activistas para sacar a los ‘empatronados’ de su hacienda. “Mi padrino me dijo que no me meta, porque me iba a matar. Cuando venía con su salón a dispararme, le dio un ataque y se desmayó. No era mi tiempo de morir”, recuerda Suárez.
La libertad no garantiza la independencia
Las comunidades liberadas por distintas ONG aún dependen del trabajo en estancia. El 5% de la población guaraní vive empatronada. Necesitan un proyecto productivo para autosostenerse
Han pasado más de 14 años desde aquel 28 de enero de 1992, cuando Juan Domingo, un joven guaraní, dijo: “Este pueblo estaba muerto y ha resucitado”. Ese día se cumplía un siglo de la masacre de Kuruyuki y los guaraníes, los chiriguanos, volvían a ser algo más que una estatua en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra.
La frase, recogida en un libro de Francisco Pifarré, marca el inicio de una pelea por ser visibles para un país que los dio por desaparecidos por 100 años. Pero también fue el momento de quitarse una mordaza, para denunciar que muchos, miles, de sus hermanos eran trabajadores permanentes en las haciendas de cinco provincias del Chaco. Y trabajadores permanentes es un eufemismo de esclavitud, servilismo o pongueaje.
Desde ese momento, organizaciones de derechos humanos, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Iglesia y muchas organizaciones no gubernamentales denunciaron una y otra vez el régimen al que estaban sometidos una buena parte de los indígenas chaqueños; pero pese al tiempo transcurrido, el mismo Gobierno calcula que el 5% de los 80.000 guaraníes que viven en Bolivia está ‘empatronado’
Pero esa resurrección no se quedó en la llanura chaqueña. Entró de a poco, tímidamente en las haciendas en forma de programas de alfabetización, y sólo un año después de la proclama, nació San Jorge de Ipati, la primera comunidad de libertos que se fundó con la compra de la estancia de Alberto Guzmán.
Es media tarde en Ipati, pero el sol está en el cenit y el calor se deja sentir con toda su fuerza. Lejos, en medio del pasto crecido, aparece la figura de Marcelo Cruz, un hombre de 73 años que no sabe qué significa la palabra jubilación y que aún tiene la suficiente fuerza para sembrar media hectárea de maíz.
Dice que la vida en la comunidad es tranquila, que antes tenía cuatro hectáreas en una estancia de la zona de Isoso pero que no tuvo otro remedio que dejarlas cuando una sequía acabó con su cosecha y mató a las siete vacas que se había comprado con 23 años de trabajo alambrando tierras que no eran suyas.
Don Marcelo se sienta en unas sillas de plástico dispuestas bajo el alero de la escuela de la comunidad, una de las dos construcciones que cuenta con energía eléctrica gracias a los paneles solares. La otra es el internado de alumnos.
De cierta forma, Ipati es privilegiada en la zona, pero eso no quita que está tan abandonada como el resto de la comunidades del Chaco, sean éstas guaraníes o no. La bendición de la ex estancia es que este año podrá graduar a su primera promoción y que en los próximos años podrá recibir a más alumnos que alcancen el bachillerato
Sin embargo, los profesores son menos optimistas con la noticia. Ipati, como Angaguasu, Guirasai o Cañadillas sufre el flagelo del abandono de sus habitantes. Los adolescentes, hombres y mujeres, son llevados a trabajar a otros lugares (principalmente a Santa Cruz de la Sierra y Tarija), cuando cumplen 14 años. “Casi no hay alumnos para octavo de primaria”, dice Lorena Careaga, una de las pocas profesoras que se animó a volver por un segundo año a la comunidad.
“Hay muchas necesidades acá, comenzando por la vivienda y el agua potable. ¿Pedir electricidad sería una utopía?”, se pregunta.
“Nos dicen que nuestras casas son feas, pero no nos vamos a comer las casas, ¿no ve? Viene la Unicef y nos habla de proyectos de salud y de educación, pero yo creo que eso es secundario, que todo vendrá solo después, cuando tengamos un proyecto productivo”, dice Bonifacio Ribera, el guaraní que más se movió para fundar Ipati.
Las comunidades liberadas tienen entre 8 y 13 años de vida, pero es recién ahora que están aprendiendo a organizarse y a practicar las formas de sus antepasados para la elección de autoridades.
La mayoría ha incorporado el chaco comunitario a sus actividades, que es una fuente de ingresos colectiva que sirve para pagar gastos de educación, hacer mejoras a las áreas comunes del pueblo y pagar los gastos del mburuvicha cuando viaja a hacer algunas gestiones. En Angaguasu, por ejemplo, una hectárea de maíz y frejol le sirvió a las mujeres para comenzar con una tienda comunitaria que les evita el viaje hasta Monteagudo para proveerse de víveres.
Como la tienda es de todos, los productos se venden al mismo precio que en Monteagudo y hasta un 25% menos de lo que cobran en las haciendas que aún proveen víveres a sus trabajadores. Pero no lo logran sin obstáculos. Aún tienen que lidiar con la discriminación de los transportistas de la zona que, según cuentan en Angaguasu, los obligan a irse a los últimos asientos de los micros y no cumplen con las rutas pactadas con los guaraníes, en una actitud parecida a la segregación hacia los afroamericanos en Estados Unidos.
Pese a los adelantos conseguidos por estas comunidades, aún tropiezan con ‘nostálgicos’ de la hacienda que salen a trabajar de manera individual. Todas, sin excepción, aún dependen de lo que les pagan los dueño de la tierra, porque la que ellos tienen apenas alcanza para sembrar un máximo de cuatro hectáreas por familia.
De ella subsisten y es poco lo que alcanzan a vender para cubrir el resto de sus necesidades. “Por eso necesitamos un proyecto productivo. Nadie trabaja sin plata. Para los empresarios hay plata cuando se les frega su cosecha, pero para nosotros no hay nada. Aquí al ladito están las empresas petroleras, pero a nosotros nos sigue faltando pa’ comer. Somos pacientes, pero cuando el guaraní se emputa, ya no hay vuelta”, advierte Bonifacio Ribera.
“Liberar peones es perder el tiempo”
“Es cierto que los guaraníes que eran peones no se han liberado mentalmente y tal vez no se liberen nunca. Los peones están muy acostumbrados a obedecer órdenes, no tienen iniciativa propia, estuvieron mucho tiempo bajo una estructura de mando, de sumisión, que los ha transformado en seres despersonalizados”, dice Francisco Pifarré, uno de los curas y antropólogos que más ha estudiado a los guaraníes.
Otro cura y antropólogo, Xavier Albó, es más optimista y este fenómeno ya lo vio en el altiplano. Considera que sólo la siguiente generación de las comunidades asentadas en compras de hacienda será realmente libre. “Son como niños grandes, Estaban acostumbrados a que el patrón les resolviera todos sus problemas. Hay que darles unos años”, dijo.
Pifarré considera al grupo ‘empatronado’ como minoritario en relación a los 76.000 que viven fuera de las haciendas en verdaderas comunidades libres, y augura que el pueblo guaraní encontrará la forma de adaptar su cultura al nuevo tiempo, logrará mantener su autonomía y, al mismo tiempo, integrarse al resto de Bolivia.
Ahora hemos despertado
José Sánchez
Desde que tenemos la comunidad de Cañadillas nos pagan entre Bs 20 y 25
La vida era medio difícil, nos costaba sobrevivir en la hacienda. Trabajábamos más para el patrón que para nosotros. Para el hacendado trabajábamos seis días y en nuestro chaco uno. A veces nos daban tres días de licencia. En ese tiempo, en el 96, el jornal era siete y ocho bolivianos.
Nos daban la comida, que era un majao de maíz, una lagua con charque. Empezábamos a trabajar a las siete. A cada trabajador nos daba una tarea de chaco (superficie de 1.000 metros cuadrados) y había que terminarla en un día. Si nos tardábamos más, igual él lo anotaba como un día trabajado. Había que dejar hasta la última fuerza para sacar la tarea y conseguirse el jornal.
Los changos acarreaban maíz para los chanchos o cuidaban gallina. Luego, cuando crecían, los dejaban cuidar a los terneros. Las mujeres sacudían el pasto que carpían sus maridos, cocinaban y llevaban el almuerzo al chaco. A ellas les pagaban Bs 4 ó 5 de jornal. A los niños le regalaban ropita una vez al año y unos quintitos de vez en cuando.
Desde que vivimos en la comunidad de Cañadillas, la situación ha cambiado harto. Ahora tenemos nuestra tierrita y aunque vienen de las haciendas a buscarnos para que trabajemos, negociamos entre todos y nos pagan entre Bs 20 y 25 de jornal. Trabajamos tres o cuatro días y volvemos con la plata, porque la necesitamos, pero ya no dejamos que nos exploten. Hemos despertado.
Los iyambae se hicieron peones
La colonización del Chaco sólo fue posible después de la derrota de los guaraníes en Kuruyuki. Hasta ese momento, eran indomables al punto de que la corona española les declaró la guerra. Luego sirvieron como agricultores y vaqueros en las haciendas y como zafreros en los ingenios
E l Tupá, o sea Dios, había creado a los karai para que fueran cristianos, pero los chiriguanos debían permanecer chiriguanos y no de otro modo, tal cual era”, dijo el mburuvicha Chindica en 1767.
Los guaraníes fueron los primero autonomistas que habitaron estas tierras y se mantuvieron así durante 400 años. Su estirpe era tan brava que fue una de las pocas etnias americanas a las que la Corona española le declaró oficialmente la guerra. Chindica encabezó una sublevación que estremeció todo el Chaco, pero fue pequeña en comparación a las que se sucedieron entre 1793 y 1799, que destruyeron las misiones franciscanas, que sólo pudieron volver a asentarse en la zona cuatro décadas más tarde.
Con la llegada del siglo XIX comenzó la Guerra de la Independencia y Cumbay, mburuvicha de Ingre, participó en ella y aportó con 2.000 kereimbas a las tropas del general Manuel Belgrano, uno de los próceres de la independencia Argentina.
Según la historiadora Isabelle Combes (en su libro Etno Historia del Isoso), la intención del capitán era hacer realidad el pacto por la convivencia, un régimen que los liberaría y formaría un país, Iyambae (sin dueños, en guaraní).
“La república se inició para los chiriguanos como un expolio que ni siquiera se trató de disimular”, escribe la historiadora francesa.
Es el propio Cumbay el que se queja de los efectos de la entrada de los karai (blancos) a su territorio: “Los karai llegaban a poner su ganado en nuestras chacras y pueblos como a si fueran pastos baldíos, al extremo de meterlos a nuestras sementeras (chacos de maíz) estando cultivadas y con sus frutos pendientes.
El resultado fue quedarnos sin cosecha y sin libertad de sembrar porque las tierras de labranza estaban ocupadas por el ganado”.
El giro de la historia
La masacre de Kuruyuki supuso el final de toda resistencia de los guaraníes a ser reducidos. Allí se acabó su espíritu iyambae, su característica de ‘hombres sin dueño’. Hasta ese momento, las crónicas definían a los chiriguanos como ‘celosísimos de su autonomía e independencia’ y su raza era sinónimo de ‘no esclavo’.
Pero el resultado de Kuruyuki fue la esclavitud. Es más, hay registros de que los sobrevivientes a la masacre fueron llevados como siringueros a los gomales de Beni y Pando. Los que rechazaron trabajar en las haciendas migraron hacia Argentina. Preferían ‘empatronarse’ en los ingenios del norte del país vecino que trabajar gratis en las zonas bolivianas.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano premió a los que pelearon la batalla de Kuruyuki otorgándoles títulos de propiedad sobre el territorio, alguno de los cuales incluso fueron ratificados por la Reforma Agraria de 1953.
Sin embargo, eso no bastó para llenar de karai la llanura y el piedemonte chaqueño. En gran parte, contribuyó a ello la Guerra del Chaco. El enfrentamiento bélico entre Bolivia y Paraguay convirtió a los guaraníes en sospechosos de traición e incluso al final de la contienda hay historias de persecuciones y ejecuciones de indígenas que supuestamente traicionaron a la patria.
Pese a las acusaciones, los guaraníes también pelearon del lado boliviano, y el mburuvicha de Isoso, Casiano, fue Capitán del Ejército y se presentó con 400 de los suyos en el cuartel de Charagua. Pero la desconfianza no era recíproca.
Los guaraníes creían que los karai no los defendían lo suficiente cuando los mandaban a la primera línea de combate a pelear contra gente que hablaba su mismo idioma. Es más, siempre les quedó la duda del por qué se inició la guerra.
Además del costo en vidas, los guaraníes tuvieron que ver cómo los soldados acabaron con sus vacas, chivos, gallinas, caballos y burros. Tuvieron que empezar de cero. Muchos de los que migraron hacia Argentina para refugiarse de una guerra que no entendían, nunca regresaron.
Allí nuevamente se percibe que los hechos que llevó a la contienda fue que dicho territorio estaba despoblado. Sin embargo, nunca se consideró al guaraní como un ciudadano con derecho a acceder a la posesión de tierras y ni siquiera como habitantes válidos.
Una de las medidas adoptadas para ‘poblar y desencantar’ el Chaco fue la construcción del ferrocaríl Bolivia-Argentina. La vía férrea tardó más de 25 años en construirse y muchos de los obreros que fueron a trabajar tendiendo rieles se convirtieron en nuevos ganaderos y agricultures.
Sin embargo, según el investigador Miguel Valdéz, lo que más contribuyó para terminar de colonizar el cerril Chaco fue la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el descubrimiento de petróleo en la zona. Para poder explorar el territorio, YPFB surcó con caminos de norte a sur y de este oeste todo el Chaco. Se podría encontrar una brecha transitable cada cinco kilómetros. Y en Bolivia, donde hay caminos, hay agricultores.
Y además, había negocio. Las vacas de las estancias de la zona servían para vendérselas al Estado para alimentar a los trabajadores petroleros y para proveer de carne a los mineros que trabajaban para la Corporación Minera de Bolivia en los socavones de La Paz, Oruro y Potosí.
En medio todo eso estaban los guaraníes, emigrando constantemente a los ingenios azucareros de Argentina y, cuando quebraron éstos, surgió el auge del algodón y la caña en el norte cruceño.
Los guaraníes se convirtieron en zafreros y continuaron su eterno peregrinar, pero siempre con un pie en el Chaco, en su ‘tierra sin dueño’ que alguna vez soñaron autónoma y que siempre los llama, los reclama como hijos suyos.
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