Ximena Soruco Sologuren
Responsable de Investigación, Fundación TIERRA Pulso - 22 al 28 de junio, 2007
De fútbol y Desarrollo Rural
Estos días Bolivia y otros países andinos han sufrido el llamado “veto a la altura” para el fútbol, y aunque el presidente Evo Morales logró una primera victoria aún se requiere argumentos que convenzan a la FIFA sobre nuestro derecho a participar en este juego masivo.
En este artículo quiero utilizar el ejemplo del veto a la altura para argumentar cómo en nombre de la eficiencia (el empleo de los mejores medios para lograr un fin) se busca vetar el uso de territorios (la cancha a 3 mil metros, las tierras bajas del Oriente) para que los seres humanos sobrevivan y se realicen como personas.
El criterio de solidaridad entre pueblos planteado por el presidente será confrontado al dictamen técnico de médicos y especialistas que consideran que es más eficiente jugar a menos de 2,500 (y ahora 3,000 metros).
Si la cuestión para la FIFA es lograr la eficiencia en el fútbol por encima de las demás consideraciones, están encaminados no sólo a vetar las tierras altas sino cualquier territorio del planeta que no cumpla con las condiciones perfectas de un laboratorio.
Altura, humedad, temperatura, dirección e intensidad del viento y de la luz, características de la tierra y otra infinidad de criterios técnicos podrán determinar científicamente dónde es más eficiente jugar fútbol.
Si esta lógica llegara a sus últimas consecuencias no sólo será irrelevante el pedido de solidaridad entre pueblos (cada cancha hecha y por hacer del globo mostrará alguna deficiencia), sino que la propia FIFA se autodestruirá.
Tarde o temprano los especialistas llegarán a la conclusión que el laboratorio es el único espacio donde es más probable controlar las variables que interfieren con la eficiencia del juego.
Más aún se podrá sustituir a los jugadores reales con diseños computarizados y así entraremos en la era de mundiales virtuales de fútbol, como ya los hay de ajedrez, y de una partida así nadie sale ganando.
Aunque el fútbol y el desarrollo rural sean asuntos tan distantes, la lógica bajo la que se argumenta su funcionamiento es la misma, es la razón instrumental, la del mercado, y de ahí mi intento de compararlos.
Los argumentos de las cámaras de productores del oriente, a los que se suman la Prefectura, el Comité Cívico y los líderes de opinión regionales, es que la Revolución Agraria y su recientemente aprobada reglamentación, atentan contra el desarrollo agrícola de Santa Cruz, un desarrollo medido en términos de eficiencia: productos exportables, mayor productividad vía expansión agrícola y/o innovación tecnológica (maquinaria, agroquímicos, transgénicos) y por tanto mayor tasa de ganancia.
En este proceso, en el que se supone funciona la mano invisible del mercado, los empresarios –buscando sus propios intereses- aportan al desarrollo; así la agricultura, sobre todo concentrada en Santa Cruz, contribuye al PIB nacional (14%) y la exportación de soya y sus derivados representa el 43% del total de exportaciones no tradicionales, generando empleo directo e indirecto, permitiendo que se compita en el mercado internacional y haciendo crecer la economía nacional en su conjunto.
Pero, ¿cuáles son los límites de esta racionalidad medio-fin (de eficiencia)? Antes de responder a esta pregunta, quiero volver sobre un hecho que ya es evidente en el modelo agroindustrial asentado en Santa Cruz.
El épico ataque a cualquier reforma legal que busque revisar la FES de los predios y así optimizar el factor tierra (se hablaba hasta la Ley INRA no de uso eficiente de la tierra sino de simple uso/trabajo) demuestra que la tierra en esta región no se trabaja, sino ¿a qué se tendría tanto miedo?
Pero si no hay inversión ni trabajo, ¿qué sentido tiene acumularla y proteger una acumulación improductiva?
Quienes desde hace años se oponen al saneamiento y titulación de la tierra en Bolivia por vía de su uso eficiente (que efectivamente sea trabajada) viven de un negocio de piratas: ocupar tierras (fiscales, de comunidades), legalizarlas por clientelismo (dotación CNRA 1953-1992, dotaciones chutas 1992-2002), conservarlas sin trabajo ni impuestos (oposición a la revisión de la FES en la Ley INRA y la Ley de Reconducción Comunitaria) y esperar las condiciones favorables (booms agrícolas, inversión estatal en caminos) para venderlas o arrendarlas al mejor postor.
Esta especulación a su vez obstaculiza la productividad de la agricultura a mediano plazo, aunque sea rentable para productores y especuladores inmediatamente.
La ‘reserva’ de tierras nuevas en el oriente (cada vez más espejismo que realidad) hace que la productividad agroindustrial dependa más de la expansión de su frontera que de la innovación tecnológica.
El hecho de que la expansión de la frontera agrícola llegue a su límite, con la consecuente destrucción de la tierra ya ocupada, alimentará esta piratería debido a la demanda de tierra cultivable y con ella, los conflictos sociales por la tierra cada vez más escasa y cara.
A su vez la productividad en tierras vírgenes dura muy pocos años e impide a la agroindustria boliviana competir en el mercado internacional. El efímero ‘éxito’ de este modelo exportador, en tonces, se reduce a preferencias arancelarias dependientes de la sumisión del Estado a tratados comerciales internacionales.
El hecho de que el modelo económico sea ineficiente no significa que su criterio de validez no sea la eficiencia, la busca aunque se halle atrapado en una espiral de especulación improductiva que a fuerza requiere del apoyo estatal: la especulación busca legalizarse, como sucedió con la Reforma Agraria de 1953 y como hoy se apuesta a lograr bajo las competencias autonómicas departamentales por definirse.
Así, a nombre de la eficiencia (que no se logra) se justifica la legitimidad social de este modelo de desarrollo y sus “costos”: desastre ambiental, pobreza, concentración del poder político y económico y conflicto violento por la tierra.
Entonces el límite de la eficiencia es amenazar la vida no sólo del trabajador sino del mismo sujeto eficiente (el empresario o su especulador que le garantiza tierras nuevas) porque sin tierras cultivables, sin equilibrio ecológico no hay sobrevivientes ni eficiencia posible.
Ésta para realizarse debe presuponer y supeditarse a la vida natural y humana. No se trata de eliminar la eficiencia sino de que la eficiencia no nos elimine. El asesinato –dice Hinkelammert- es suicidio colectivo.
Porque si hoy se puede justificar el veto de tierras bajas a collas, mañana habrá que hacerlo con japoneses, brasileros, menonitas, argentinos, y en poco tiempo más con indígenas de tierras bajas y habitantes cruceños (según su grado de consanguinidad originaria).
Porque este juego es como el de la FIFA, nadie gana, y a diferencia del fútbol no hay tierra, agricultura ni alimento virtual que valga.
Texto resaltado en negritas: Redacción Constituyente Soberana
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