La carta pastoral “Tierra, madre fecunda para todos” del año 2000 condena el latifundio
Bolpress 8
En la Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”, afirma que la concentración en pocas manos en tierras bajas genera “situaciones de dependencia y opresión”
Iglesia Católica condena el “escandaloso” e “injusto” latifundio; pide a productores no dejarse usar por “traficantes de tierras”
“Con qué felicidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos.
No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans y palabras ofensivas”, dijo el domingo el cardenal Julio Terrazas en una homilía. El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no cree que el ánimo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica boliviana haya sido proteger el latifundio y esconder a los indígenas cautivos en haciendas del chaco.
El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray criticó al cardenal por defender a los terratenientes de Santa Cruz y le invitó a visitar el chaco para comprobar que los terratenientes de Santa Cruz mantienen a los indígenas en cautiverio en pleno Siglo XXI. Un sacerdote de la localidad de Cuevo, en su calidad de "buen pastor que permanece junto a su pueblo", confirmó que los patrones del chaco cruceño mienten y que existen familias indígenas explotadas laboralmente.
Este lunes, organizaciones de derechos humanos y funcionarios de gobierno corrigieron a Terrazas: En haciendas de la zona chaqueña de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, existen indígenas “cautivos” sometidos a un régimen de “servidumbre”, como observan con preocupación varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo, e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos.
Las familias guaraníes de Alto Parapetí, como otras de la provincia Cordillera, Luís Calvo, Hernando Siles, O´Connor y Gran Chaco, de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, viven en condición servidumbral desde hace muchos años. Se dice que son esclavos modernos porque que los someten a formas de explotación laboral no convencionales, precisa un pronunciamiento difundido hoy por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los informes internacionales citados más arriba exigen al Estado liberar a familias indígenas “cautivas” que no reciben salario sino retribuciones en especie por su trabajo de hasta 15 horas diarias.
Muchos de estos cautivos y empatronados son figurativamente esclavizados por deudas heredadas de sus padres, y son víctimas de castigos corporales. Semejante relación laboral entre el patrón y sus peones vulnera todas las normas internacionales de derechos humanos, enfatizan informes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura y otras.
La Iglesia está con el pueblo
Almaraz tiene plena certeza de que la palabra solidaria de la Iglesia Católica animará a las autoridades a lograr justicia para todos, especialmente para los grupos humanos más desvalidos del Chaco, es decir las comunidades guaraníes, ya que en marzo del año 2000 la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a todos los bolivianos a sensibilizarse sobre este tema a través de la Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”, en la que plantea que la tierra es una fuente de solidaridad y no una mercancía o instrumento de opresión y servidumbre.
Dicho mensaje episcopal está inspirado en el documento “Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria”, publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997, en el que se pide a los gobiernos del mundo emprender reformas agrarias que restablezcan el derecho de los pobres y excluidos a gozar de la tierra, patrimonio común.
En su carta pastoral, la Iglesia Católica afirma que la mala distribución y el uso inadecuado de la tierra es una de las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales. Observa que desde la reforma de 1953 y en adelante, en el oriente del país un “sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno”.
La Iglesia afirma que las políticas de libre mercado, generalizadas desde 1985, profundizaron la brecha en pequeños y grandes propietarios de tierras. Sin dudar, la carta pastoral afirma que persiste la injusticia en la distribución, el acceso y propiedad de la tierra a casi cincuenta años de iniciada la Reforma Agraria.
Existe, por un lado, una extrema parcelación de la propiedad agraria en la zona andina, que es además el área donde reside la mayor parte de la población campesina pobre; y, por otro, una tendencia a la concentración en pocas manos en la región oriental donde se encuentra el mayor potencial agropecuario del país.
La Iglesia recuerda que diversos informes de oficias de la Pastoral de la Tierra, de instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y de organismos internacionales coinciden en destacar como “grave” la desigualdad en la distribución y uso de la tierra en Bolivia, como se constata por la pervivencia de grandes latifundios en tierras bajas.
Hoy en día continúan los privilegios asegurados por el latifundio, “provocando contrastes escandalosos que generan situaciones de dependencia y opresión e impiden garantizar los beneficios y frutos de la tierra para un sector significativo de los bolivianos”.
La Iglesia afirma que las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña fueron entregadas “sin sentido de proporción ni equidad”, de modo que la mitad más rica se quedó con casi todo y la otra mitad, de pobres inmigrantes, con sólo una mínima parte. Más aún, los tamaños de las mayores propiedades agrarias del Oriente superan los límites legales permitidos”.
Critica a grupos poderosos que manipulan las leyes para que no se afecten sus intereses “poco solidarios”. Hay incluso presiones por parte de sectores terratenientes para eliminar de nuestra Constitución Política del Estado el concepto de función social de toda propiedad y para desvirtuar el criterio también constitucional de que la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad es el trabajo”, dice la carta pastoral Tierra, madre fecunda para todos.
La Iglesia entiende que la concentración de la tierra es “un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra", provocando "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y llevando a "la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente".
Por todo ello, la Iglesia condena explícitamente el latifundio, definido como “grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas”. Considera que el latifundio es “intrínsecamente ilegítimo e injusto”, en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos.
El mensaje de la Iglesia
Con humildad pero con firmeza, la Iglesia recuerda a los gobernantes que su obligación es buscar mayor claridad y decisión en la legislación de la tierra en pos del objetivo irrenunciable del bien común, y alienta al Poder Ejecutivo a asegurar la implementación de la ley ante quienes quisieran lograr una legislación más favorable a los intereses de los más poderosos.
En su carta pastoral, la Iglesia pide a los grandes propietarios que recuerden que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios ofreció a todos sus hijos. “Desde una perspectiva cristiana, el mayor acceso a la tierra y otros recursos sólo se justifica siempre que se los haga producir de manera sostenible, racional y cumpliendo una función social. Miren constantemente, a la luz de los principios evangélicos, si ésta es su realidad”.
La Iglesia insta a todos los medianos y grandes productores a continuar sin desvelos su genuina iniciativa empresarial, fomentando el potencial productivo y pagando a sus trabajadores salarios justos de acuerdo con las universales normas laborales. “Pero no permitan que los especuladores y traficantes de tierras les utilicen a ustedes como escudo para sus ilícitos negocios”.
Extractado de Fundación Tierra
Hace 8 años, los Obispos de Bolivia publicaron la carta pastoral sobre la tierra. Debido a la actualidad del tema, especialmente en el departramento de Santa Cruz y ante la convocatoria a Referendum Autonómico del 4 de mayo que busca cambiar radicalmente las competencias del Estado Nacional sobre la administración de las tierras, publicamos un estracto de las partes pertinentes.
Santa Cruz, 1 de abril de 2008.
Tierra, Madre Fecunda para todos Carta Pastoral - Marzo 2000 - de la Conferencia Episcopal de Bolivia
Resúmen de la problemática en Santa Cruz y recomendaciones a los empresarios y grandes propietarios Introducción En nuestra querida Patria Bolivia la mala distribución y el uso inadecuado de la tierra continúa siendo una de las principales causas que generan hambre y miseria en sectores amplios de la población.
Este mensaje episcopal está inspirado en el documento Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria; publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997 para cumplir el improrrogable deber de llamar la atención de todos, pero especialmente de los responsables políticos y económicos, a emprender reformas apropiadas en el campo agrario e iniciar una estación de crecimiento y de desarrollo... que restablezca el derecho de los pobres y excluidos a gozar de la tierra y de sus bienes que el Señor ha dado a todos y a cada uno de sus hijos e hijas.
La base de la sostenibilidad de nuestro país es su propia capacidad de generar alimentos suficientes y abundantes para toda su población. Lo que abre esta posibilidad es la tierra y el uso adecuado de ella. Por eso es madre fecunda.
LA MADRE TIERRA MALTRATADA
En la Amazonía y el Chaco
En el Oriente, la Reforma Agraria no llegó a aplicarse ni tomó fuerza la sindicalización de los campesinos. Desde la Reforma hasta nuestros días, un sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno.
La dotación de grandes superficies a minorías con influencia política empezó ya en los albores de la Reforma, aumentó notablemente con la instauración de los regímenes militares y siguió en varios gobiernos de turno hasta la intervención de la oficina responsable en 1992.
La explicación formal de estas grandes dotaciones fue la necesidad de incrementar la producción agropecuaria. Efectivamente se aceleró así el complejo desarrollo iniciado desde antes en la región. Surgió entonces la agroindustria de la región de Santa Cruz; se consolidaron las grandes fincas ganaderas, se otorgaron extensas concesiones forestales a empresas madereras y, a una escala menor, se asentaron las colonias extranjeras de japoneses y menonitas, logrando mejores condiciones de producción y vida.
Pero no deja de preocuparnos seriamente que grupos poderosos traten de influir para dejar en las leyes suficientes resquicios y ambigüedades de modo que su aplicación no afecte sus intereses poco solidarios. Nos parece cuestionable, por ejemplo:
La lentitud, costo y enfoque del saneamiento, que puede causar el efecto perverso de legalizar situaciones ilegales de usurpación y de tráfico de influencia. La presión que se está haciendo para que las tierras expropiadas no puedan ser objeto de dotación a pequeños productores necesitados de tierra. El criterio práctico de comprobar el abandono o no de la tierra por el pago de impuestos a partir del autoavalúo, que puede convertirse también en un boquete legal a favor de los más ricos, si no hay voluntad política de urgir impuestos justos. Una estructura agraria dual
El resultado de todas estas políticas ha sido la consolidación de una estructura agraria dual, con una creciente polarización económica entre sus dos ramas: la de los pequeños productores empobrecidos, y la de las grandes empresas agroindustriales, ganaderas y madereras.
No son dos realidades separadas sino dos modalidades relacionadas, aunque de forma nada equitativa. La dualidad polarizada se expresa en la tenencia de la tierra, en la tecnología, en el acceso al capital y en su influencia diversa para las decisiones políticas, por lo que la brecha entre los dos sectores se va ampliando.
Las políticas neoliberales o de libre mercado, generalizadas desde 1985, profundizaron aún más esta brecha. No queda duda que han favorecido sobre todo al sector empresarial más capitalizado, abriéndole incluso nuevos rubros como la producción de soya. En menor medida, han beneficiado también a unos pocos grupos de pequeños productores que han logrado reestructurar su base productiva hacia mercados externos. Pero en las áreas de agricultura tradicional han tenido un efecto devastador.
El desorden actual
De esta forma hemos llegado a la situación actual, que no dudamos en calificar de desorden injusto, debido sobre todo a los siguientes factores:
Una distribución injusta
Vemos con pesar que persisten grandes problemas en la distribución, el acceso y propiedad de la tierra. En medio de la falta de información plenamente confiable, es evidente que, a casi cincuenta años de iniciada la Reforma Agraria, existe, por un lado, una extrema parcelación de la propiedad agraria en la zona andina, que es además el área donde reside la mayor parte de la población campesina pobre; y, por otro, una tendencia a la concentración de la tierra en pocas manos en la región oriental donde se encuentra el mayor potencial agropecuario del país. Esta situación injusta, además, ha promovido un uso poco eficiente de los recursos.
Diversos informes de nuestras oficias de la Pastoral de la Tierra, de instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y de organismos internacionales, coinciden en destacar como grave la desigualdad en la distribución y uso de la tierra en Bolivia, como se constata por la pervivencia de grandes latifundios en nuestras tierras bajas.
Hoy en día, medio siglo después de la Reforma Agraria y luego de dos años largos de promulgada la ley del INRA, los privilegios asegurados por el latifundio continúan provocando contrastes escandalosos que generan situaciones de dependencia y opresión e impiden garantizar los beneficios y frutos de la tierra para un sector significativo de los bolivianos. Hay incluso presiones por parte de sectores terratenientes para eliminar de nuestra Constitución Política del Estado el concepto de función social de toda propiedad y para desvirtuar el criterio también constitucional de que la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad es el trabajo. Veamos la situación en cada una de estas dos regiones.
En las Tierras Bajas
En la región amazónica y chaqueña se encuentran las tierras más codiciadas, que fueron entregadas sin sentido de proporción ni equidad, de modo que la mitad más rica se quedó con casi todo y la otra mitad, de pobres inmigrantes, con sólo una mínima parte. Más aún, los tamaños de las mayores propiedades agrarias del Oriente superan los límites legales permitidos.
La situación tiende a agravarse bajo el criterio neoliberal que pretende reducir la tierra a una simple mercancía negociable. En el contexto de la globalización, algunos organismos multilaterales han decidido impulsar en todos los países del Tercer Mundo el acceso a la tierra a través de su mercado regulado a fin de completar las reformas agrarias. Pero en los hechos, grupos de poder económico aprovechan estas circunstancias para imponer su visión unilateral y excluyente de un mercado libre e irrestricto que beneficie sólo a los que ya tienen mucha tierra.
No se toman en cuenta otras consideraciones, como la necesidad de determinados sectores mayoritarios y empobrecidos para los que la tierra sigue siendo respetada como madre, fuente de vida. La tierra ya no sería de quien la trabaja sino de quien mejor la paga. Si se impone este criterio, contrario incluso a nuestra Constitución Política (art. 166), a la larga serán paradójicamente los trabajadores de la tierra quienes la irán perdiendo, quedando en manos de los más ricos.
LA BUENA NUEVA SOBRE LA TIERRA En concreto, el proceso de concentración de la tierra es visto "como un escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios de los frutos de la tierra", provocando "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y llevan a "la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente"
Por eso se condena explícitamente el latifundio, que se define como "grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas". Lo llama "intrínsecamente ilegítimo...en neto contraste con el principio de que la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos".
LA MADRE TIERRA, REGAZO PARA TODOS Reenfocar la Reforma Agraria con audacia, equidad y eficiencia De acuerdo a la enseñanza social de la Iglesia, "la Reforma Agraria está destinada a desempeñar un papel de capital importancia para la eliminación del hambre y de la pobreza rural en el mundo".
"Dentro de cada país tiene que preverse una Reforma Agraria que implique una reorganización de la propiedad de la tierra y la asignación de suelo productivo a los labradores de forma estable y con disfrute directo".
La Reforma Agraria debe entenderse como un instrumento de desarrollo económico y social que permita la democratización en el acceso a la tierra y a otros recursos naturales. Debe contribuir a mejorar y profundizar los procesos de concertación social y de democratización en la toma de decisiones sobre el destino y manejo de los recursos, y sobre los medios productivos y servicios que hacen falta para hacer más eficiente el uso de los mismos. Esta concepción de Reforma Agraria se encuentra íntimamente ligada con las nuevas definiciones de un "desarrollo rural sostenible" equitativo y con justicia social, integral, participativo, intercultural y que elimine todas las formas de discriminación. Será entonces un instrumento que favorezca al crecimiento y la lucha contra la pobreza, particularmente de los campesinos más excluidos, tanto económica como socialmente.
Condenar y revertir el latifundio
El latifundio, definido como grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas, ha sido condenado por la Iglesia y está también explícitamente rechazado por el art. 167 de nuestra Constitución Política del Estado. Por eso, con firmeza y basándonos en la doctrina social de la Iglesia, condenamos una vez más el latifundio como intrínsecamente ilegítimo e injusto. La propiedad privada nunca es un derecho irrestricto, está garantizada en cuento cumpla una función social y esté conforme al bien común. Si algo debe hacerse en una posible reforma constitucional es reforzar estos puntos, no marginarlos.
UNA TAREA DE TODOS A los grandes propietarios
Recuerden que la tierra es un bien universal, cada vez más escaso, que Dios nos ofreció a todos sus hijos. Desde una perspectiva cristiana, el mayor acceso a la tierra y otros recursos sólo se justifica siempre que se los haga producir de manera sostenible, racional y cumpliendo una función social. Miren constantemente, a la luz de los principios evangélicos, si ésta es su realidad.
Instamos a todos los medianos y grandes productores a continuar sin desvelos su genuina iniciativa empresarial, fomentando el potencial productivo y pagando a sus trabajadores salarios justos de acuerdo con las universales normas laborales. Pero no permitan que los especuladores y traficantes de tierras les utilicen a ustedes como escudo para sus ilícitos negocios.
Ante quienes quisieran lograr una legislación más favorable a los intereses de los más poderosos, y con el apoyo de hábiles intérpretes de la letra de la ley, van contra su espíritu, no podemos dejar de recordar, con humildad pero con firmeza, que es obligación de los gobernantes buscar mayor claridad y decisión en la legislación misma, hacia ese objetivo irrenunciable del bien común. Alentamos al poder ejecutivo, asegurar la implementación de lo que en este mismo sentido ya está legislado.
1 Pontificio Consejo "Justicia y Paz", 1997, Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria, "Presentación". La propiedad sobre la tierra está reiteradamente defendida en los textos de la Doctrina Social de la Iglesia y el episcopado latinoamericano se ha hecho eco de esta misma preocupación en sus conferencias generales de Río de Janeiro (1955), Medellín (1968) y Santo Domingo (1992), como veremos en detalle en la segunda parte de este mensaje.
Son también muchos los documentos de conferencias episcopales nacionales dedicados expresamente al tema de la tierra, con títulos tan expresivos como los siguientes: La tierra, don de Dios para todos (Paraguay, 1983), La tierra, don de Dios, derecho del pueblo (obispos del sur andino, 1986), El clamor por la tierra (Guatemala, 1988), Tierra de todos, tierra de paz (Panamá, 1988), Madre Tierra (Costa Rica, 1994), Por la tierra y por la vida (Brasil, 1995), entre otros.
2 El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sostiene que la información oficial es "sin resguardo, desordenada, dispersa, no es confiable y no es garantizada", con problemas aún no resueltos de sobreposiciones en la propiedad (entre dotaciones y/o adjudicaciones, con fines agropecuarios y áreas protegidas, concesiones forestales, áreas indígenas, y tierras de dominio del estado) y procesos acelerados de especulación de la propiedad de la tierra. Sin embargo el mismo INRA estima tentativamente que hasta el momento de la intervención (1992) en el país se habrían distribuido aproximadamente 47 millones de has., 21 millones en la región andina y otros 26 millones en las tierras bajas, a un total de 650.000 beneficiarios.
3 Según nuestra Constitución Política, toda nuestra organización económica "debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano (art. 132), de modo que "cuando la propiedad no cumple una función social" se impone su expropiación (art. 22).
A partir de estos principios, para el caso concreto de la propiedad agraria, se indica que la propiedad mediana y la empresa agrícola gozan de la protección del Estado "en tanto cumplan una función económico-social", mientras que las propiedades de los pequeños productores son "indivisibles" e "inembargables" por constituir el mínimo vital (art. 169). Se reiteran además los dos grandes principios de la Reforma Agraria de 1953: "El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria" (art. 166) y "el Estado no reconoce el latifundio" (art. 167).
4 Según datos preliminares del INRA, se adjudicaron 23 millones de has. (cerca del 88%) a 78.000 propietarios medianos y grandes y sólo 3 millones de has. (12%) a 77.000 pequeños productores asentados en las áreas de colonización de Santa Cruz, el Chapare y norte de La Paz.
5 Ver, por ejemplo, los estudios de caso recopilados por la FAO para diversos países latinoamericanos en Mercados y políticas de Tierras, Campinas (Brasil), FAO y UNICAMP, 1996.
6 Id. n. 32, citando la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI en 1967, n 23. En todo este enfoque hay una gratificante coincidencia con los grandes principios de documentos recientes de las Naciones Unidas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, y también con los de nuestra Constitución Política del Estado.
8Pablo VI, alocución a los participantes en la Conferencia Mundial sobre la Reforma Agraria, 1966.
9 Juan Pablo II, discurso a los participantes en la Conferencia Mundial para la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, julio de 1979.
10 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Para una mejor distribución de la tierra, Roma, 1997, n. 32.
Leer-Descargar la versión completa de la carta pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”
También puede interesarle ver
Las acciones autonomistas se dirigen a reimpulsar el neoliberalismo para engordar las cuentas bancarias de las élites de poder locales y extranjeras, otra vez a costa de los pobres
Un estudio revela cómo el racismo contra lo indígena y femenino se expresó en Sucre
Naciones Unidas: Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Conozca en detalle como Marinkovic se apoderó de una reserva forestal en Guarayos
Presentación de los documentos que hizo el Viceministro Almaráz sobre grandes concentraciones de tierras en el oriente. -
|
