Por primera vez en su historia, indígenas guaraníes recibirán títulos en Alto Parapetí
La Paz, 11 Mar (Erbol).- El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, informó este miércoles que el presidente Evo Morales entregará el próximo sábado los primeros títulos de propiedad a favor de los guaraníes en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Alto Parapetí, demandada por los indígenas desde 1996.
Almaraz, en conferencia de prensa, informó que el saneamiento de tierras en el polígono 3 y 4 en Alto Parapetí ha culminado y ya se entregó las notificaciones a los propietarios de las haciendas observadas, las cuales han sido declaradas tierras fiscales.
“Las tierras de Larsen, Chávez, Malpartiada y Curcuy (que son más de 8 mil hectáreas), en función de lo que se ha verificado presencialmente a través de resoluciones anulatorias, dan lugar al carácter fiscal y disponible de esas tierras a favor de la TCO guaraní de Alto Parapetí”, manifestó.
Además, explicó que el Presidente del Estado Plurinacional no solo entregará títulos a los indígenas guaraníes, sino que también se beneficiarán de esta culminación del saneamiento de tierras los pequeños y medianos propietarios de haciendas de esta extensa zona.
“Estos títulos ejecutoriales otorga seguridad jurídica, una vez notificadas las personas afectadas tienen la posibilidad de asumir procesos contenciosos administrativo y dirigirse al Tribunal Agrario Nacional (TAN)”, puntualizó.
Por su lado, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Wilson Changaray, en declaraciones a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol, recordó que esta demanda la iniciaron los indígenas de la región en 1996.
“Empezamos hace 13 años con una demanda a favor de nuestros hermanos por 10 millones de hectáreas en función del derecho ancestral”, apuntó el dirigente a tiempo de informar que la entrega del primer título a favor de los guaraníes se la realizará en Caraparí, comunidad ubicada en el municipio de Lagunillas.
Hace 13 años comunidades indígenas guaraníes pidieron tierra al Estado en la localidad de Alto Parapetí del Chaco cruceño, un territorio ocupado y defendido por el pueblo guaraní desde hace más de 400 años. Según los demandantes, su consolidación como pueblo con derecho a la libre determinación, y la liberación de miles de indígenas sometidos a la servidumbre en las haciendas de la zona, depende de la recuperación de al menos de un pedazo del extenso territorio guaraní fragmentado y privatizado durante la colonia y la república.
El 17 de septiembre de 1996, líderes indígenas de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la dotación y titulación de tierras comunitarias de origen en el Chaco boliviano.
Esta demanda la iniciaron los dirigentes Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos, Rogelio Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari Guayiri, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio Vivarico, quienes respaldaron su solicitud de TCOs en los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los decretos supremos 23110, 23111 y 23112 de 1992.
Las autoridades gubernamentales admitieron la demanda el 10 de enero de 1997 y el 18 de julio de ese año la Resolución Administrativa N. RAI-TCO-0017 inmovilizó un área de 54.387 hectáreas ubicada en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones Lagunillas y Aquio (Ipati), la cual fue declarada como área de saneamiento de TCO el 21 de noviembre de ese año mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO 004-97.
Pero este trámite iniciado por el pueblo guaraní se convirtió en un caso único por su adversidad. De las 20 TCO solicitadas, muy pocas son de gran superficie y el porcentaje de titulación es dramáticamente pequeño, entre el 5 y 10 por ciento de lo solicitado.
El nombre de la TCO es Asociación de Comunidades Indígenas Guaraníes de la Capitanía Alto Parapetí, la superficie determinativa es de 157,094.2980 hectáreas.
Existen 22 comunidades en la zona de Alto Parapetí de los cuales 19 se encuentran dentro de la zona determinativa de la TCO,que son: Tasete, Ivicuati, Iviyeka, La Colorada, Itacuatia, Kapirenda, Huaraca, Karaguatarenda, Bajo Caraparí, Timboyrenda, Alto Caraparí, Parapitimi, Ñumbite, Yapui, El Arenal, Karayagua, Mandiyuti, Tartagalito y Karatindi.
Los terratenientes de Caraparicito recibieron con los brazos abiertos a la transnacional Total en 2003, y la expulsaron después de la nacionalización
Los Larsen no permiten explorar yacimientos de gas en sus tierras
(Upic-Tierra).- El terrateniente Ronald Larsen recibió con los brazos abiertos a los técnicos de la transnacional francesa Total Fina ELF que llegaron a su hacienda Caraparicito en 2003 en busca de yacimientos de gas. En 2008, luego de la nacionalización de los hidrocarburos, el hijo de Larsen "conminó" a la empresa a "desalojar de forma inmediata" su propiedad privada.
La francesa Total Fina ELF, una de las seis transnacionales que arribaron a Bolivia en 1996 para capitalizar/privatizar los hidrocarburos, operó en el país a través de su subsidiaria Total Exploration & Production Bolivie (TEPB).
TEPB descubrió el campo gasista de Itaú en Tarija (41% de participación), fue accionista de los campos de San Alberto y San Antonio (15% de participación) y llegó a poseer casi el 20 por ciento de las reservas de gas del país.
TEPB tenía 80% de participación en el bloque Ipati, a 300 kilómetros al sur de la cuidad de Santa Cruz, y comenzó a explorar el yacimiento en sociedad con la argentina Tecpetrol en marzo de 2003.
En 2004, la transnacional instaló un campamento para 110 ingenieros y personal calificado, en su mayoría extranjeros de origen colombiano, venezolano y francés, en la hacienda Caraparicito ubicada en la provincia Cordillera de Santa Cruz. El 11 de noviembre de ese año, Total Fina ELF anunció que el pozo de exploración Incahuasi X1 produjo más de un millón de metros cúbicos de gas por día.
La empresa prohibió el ingreso a los periodistas del diario cruceño El Deber y a otros "extranjeros" que intentaron llegar hasta las instalaciones del pozo. Es irónico, los ciudadanos bolivianos eran considerados "extraños" y "foráneos" en el campamento de empleados extranjeros de TEPB ubicado dentro de la hacienda de un vaquero estadounidense.
Los Larsen echan a sus antiguos aliados
La oligarquía cruceña y las multinacionales petroleras consolidaron una alianza estratégica desde que la Gulf comenzó a repartir generosos royalties entre los latifundistas en la década de 1960 del siglo pasado.
La burguesía y el capital transnacional alcanzaron la unidad de clase y emprendieron lucrativos negocios conjuntos, como por ejemplo Branco Marinkovic que dirigió entre 2002 y 2003 la junta general ordinaria de accionistas de Transredes, administradora de seis mil kilómetros de tuberías de gas y petróleo.
La empresa TEPB dejó en Caraparicito un motor para generar energía eléctrica supuestamente en beneficio de las comunidades de la zona, pero Larsen se apropió del generador, asegura el ex trabajador de la hacienda Andrés Aguilar Miranda. Brigadistas del INRA evidenciaron que la maquinaria funciona sólo para alumbrar la hacienda, mientras que los peones guaraníes aún dependen de la luz de las velas.
La familia Larsen se portó bien con TEPB hasta que la empresa fue nacionalizada y dejó de reportarle beneficios. Por eso el 9 de septiembre de 2008, Duston Larsen Metembrink envió una carta al representante de Total ELF Bolivie Carlos Erns, conminándole a abandonar la "reserva privada Caraparicito".
En la carta notariada, el hijo de Ronald Larsen aclara que Total ELF Bolivie no está autorizada para continuar trabajos de exploración sismográfica en Caraparicito, "razón por la cual en nuestra condición de únicos y legítimos propietarios (...) conminamos a su empresa a desalojar de forma inmediata la totalidad del área ocupada (...) debiendo retirar de forma inmediata a todo su personal, equipos y demás logística desplegada" en la reserva.
Duston Larsen advierte a Erns que iniciará acciones legales contra Total si no sale de inmediato de su propiedad, "toda vez que la ocupación arbitraria de una propiedad privada y demás conductas antijurídicas en las cuales estarían incurriendo con su arbitrario accionar, en nuestra legislación se constituyen como delitos penales...".
Para los Larsen el medio ambiente era un tema secundario cuando la TEPB perforó el pozo Incahuasi X1 de 5.150 metros de profundidad en su hacienda, pero se volvieron ecologistas después de la nacionalización.
En la carta enviada a Erns, Larsen amenaza con desalojar a Total recurriendo a la fuerza pública con el objetivo de "preservar no solo nuestro patrimonio privado sino el patrimonio ecológico de nuestro país, amenazado por actividades de prospección hidrocarburíferas absolutamente irregulares por no contar con la debida autorización de los suscritos propietarios" y "con las agravantes de los daños ecológicos que se hubieran infringido dentro de una Reserva Ecológica...".
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