RENTA DE 25 DÓLARES DESATA CRISIS EN BOLIVIA
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La Paz, octubre 15, 2007.- Aunque apenas alcanza para distraer el hambre, una renta mensual de 25 dólares promovida por el presidente Evo Morales para los ancianos ha sido suficiente para desatar, otra vez, los demonios en Bolivia. El beneficio que no es nuevo, que reemplaza al denominado bonosol, ampliando su cobertura y su monto para los adultos mayores más pobres, ha sido rechazado por todos los gobiernos municipales y prefecturales, que se han declarado en pie de guerra contra el gobierno del primer presidente indígena.
Nadie, por lo menos abiertamente, se declara en contra del pago a los ancianos, pero todos, incluido el propio Morales, se niegan a cubrir con sus recursos este beneficio que apenas alcanza para que cada anciano pueda pagar diariamente un vaso de leche, un plato de comida y dos marraquetas (panes).
Cifras y cambios
Según el anuncio gubernamental, la denominada “renta vitalicia dignidad”, de 300 dólares al año (2.400 bolivianos) será pagada a todos los mayores de 60 años que no reciban ningún otro pago por jubilación. Los jubilados recibirán 150 dólares (1.200 bolivianos). El proyecto de ley de Morales establece que esta renta, que será pagada mensualmente, correrá a cargo del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que reciben los gobiernos regionales (prefecturas y municipios) y las universidades públicas, de otros recursos generados en las empresas capitalizadas y de fondos del Gobierno central.
Hasta ahora, el pago a todos los ancianos (mayores de 65 años y sin diferencias entre los que recibían o no jubilación) era de 200 dólares al año, y su pago provenía de las utilidades que recibía el Estado por la privatización parcial de las empresas públicas y de otros recursos del Gobierno central.
El dinero del gas
Por ello, los gobiernos regionales, la mayor parte de ellos en manos de la oposición política de derecha, han echado el grito el cielo y dicen que Morales les está confiscando sus recursos para pagar lo que por ley le correspondería hacer al Presidente.
Desde el Ejecutivo, la respuesta es también dura. El dinero del IDH es del pueblo y correspondería, por ello, que los sectores populares sean los principales beneficiarios.
Sistema en crisis
El ministro de Hacienda, Luis Arce, ha dicho que si no se acepta la propuesta gubernamental, que para ser ley debe ser aprobada por el Congreso, el bono que actualmente se paga a los ancianos mayores de 65 años virtualmente se esfumaría, ante los reducidos niveles de ganancias declaradas por las ex empresas del Estado que son administradas por las transnacionales, bajo el denominado proceso de capitalización (menos del 50 por ciento de las acciones en manos del Estado y más del 50 por ciento en manos privadas). “El bonosol anual del 2008 sería menos de 500 bolivianos (62,5 dólares) y ya no de 1.800 bolivianos (225 dólares)”, dice para graficar la caída en vertical de las utilidades reportadas por las empresas que sostienen este beneficio, otorgado en 1997 durante el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.
En el plan del ex presidente, derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 y actualmente refugiado en Estados Unidos, la sostenibilidad del bonosol se garantizaba con la paulatina venta de las acciones que el Estado mantiene en las empresas estratégicas (hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, aviación y energía), lo que si embargo es rechazado por el actual gobierno.
Recursos propios y ajenos
Por ello, cerrada la posibilidad de vender las acciones del Estado y ante el reducido aporte de las empresas capitalizadas, al Gobierno de Morales no le queda otra que sacar nuevos recursos para pagar el beneficio a los ancianos, ya sea de las arcas del Estado o del dinero destinado a las Prefecturas, municipios y universidades, o de ambos lados. Optó por esta tercera vía.
Los estudios oficiales dicen que el pago del nuevo beneficio demandará anualmente 190 millones de dólares, 70 millones más que los precisados actualmente para pagar el bonosol. Su sostenibilidad, según Arce, está garantizada con los crecientes volúmenes de producción y exportación de gas y petróleo. La renta dignidad beneficiará a 676 mil personas, mientras que los actuales beneficiarios del bonosol son 450 mil. Ambos beneficios tienen, sin embargo, un reducido impacto en la canasta familiar, calculada extraoficialmente para una familia de cinco miembros en cerca de 800 dólares al mes. Actualmente, el salario promedio del trabajador boliviano es de 100 dólares, cifras que permiten explicar las razones por las que un tercio de la población pasa hambre y otro tercio apenas recibe lo suficiente para una modesta alimentación.
Perros del hortelano
“Vamos a acudir al pueblo (…) la plata del gas debe ser para el pueblo y no para lujos”, dijo el presidente Morales, mientras su ministro de Hacienda se encarga de asegurar que más de 700 millones de dólares duermen en las cuentas fiscales de las prefecturas y municipios por ausencia de proyectos, por la ineficiencia de las autoridades de los gobiernos regionales.
Para el gobierno está claro que la resistencia de los opositores, atrincherados en las regiones, se asemeja a la conducta del perro del hortelano, que no come ni deja comer.
Lo que no dice el oficialismo, sin embargo, es que más de 4.000 millones de dólares también duermen en las arcas del Estado, como reservas internacionales, sin uso ni beneficio para el país y que permanecen congelados para complacer a la ortodoxia neoliberal con la que aún se manejan las finanzas bolivianas.
Los indicadores sobre la inversión pública muestran, también, que ni el Gobierno de Morales ni los gobiernos regionales usan con eficiencia los recursos. Concluido el mes de agosto, según los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el Gobierno Central invirtió apenas el 42,3 por ciento de lo programado, mientras que los gobiernos departamentales sólo el 43,6 por ciento.
En contrapartida a la relativa abundancia de recursos en manos de los gobernantes, la situación de la población se agrava. Los salarios de la población trabajadora en las ciudades han perdido en el 2007 más del 8 por ciento de su poder adquisitivo, la situación económica de los campesinos es aún peor por la persistencia de la libre importación y la emergencia de los desastres naturales de principios de año, mientras que los ejércitos de informales se multiplican por la falta de empleo estable y la prevalencia de un crecimiento económico que sólo beneficia al Estado y a las grandes empresas que se dedican a explotar las riquezas naturales de Bolivia.
EL DRAMA DE LLEGAR A VIEJO EN BOLIVIA
Sólo uno de cada 10 trabajadores bolivianos está aportando para su jubilación. Para el resto, el futuro es negro
La Paz, octubre 10, 2007.- Llegar a viejo en Bolivia es toda una odisea, no sólo porque la esperanza de vida apenas llega a los 63 años, sino también porque muy pocos tendrán el beneficio de una jubilación.
Los datos son alarmantes y muestran que si no cambia de raíz el sistema de pensiones y la actual estructura de la economía, asentada en la informalidad y el subempleo, nueve de cada 10 bolivianos no gozarán de los beneficios de la jubilación y literalmente estarán obligados a trabajar hasta morir.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan, en números redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10 por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta, mientras que el restante 80 por ciento está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.
En cifras absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo económico cuando ingrese a la tercera edad.
Y esto no tiene visos de cambiar: el proyecto de transformación del actual sistema privado, elaborado por las organizaciones sindicales, ha sido paralizados en el Congreso boliviano.
Desgracia de muchos
Los informes estadísticos muestran que en el actual sistema privado de pensiones, --controlado por las Administradoras privadas (AFPs), por la Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-- están afiliadas formalmente 1.024.294 personas, pero que sólo 495.396 cotizan regularmente.
“Esto quiere decir que el 52 por ciento de los afiliados no tendrá jubilación, o tendrán rentas miserables, puesto que bajo el actual sistema privado de pensiones sólo se jubila u obtiene una renta de jubilación correspondiente al mínimo para sobrevivir, quienes han cotizado constantemente y en determinados montos, muchos más altos que lo que le permite los ingresos mensuales promedio a la inmensa mayoría de bolivianos”, dice el economista Santiago Ibarra.
Casi todos los afiliados al sistema son trabajadores dependientes, por lo que apenas el 4,3 por ciento de los afiliados son trabajadores por cuentapropias e independientes.
Los excluidos
Las cifras oficiales están mostrando que la población protegida es muy reducida y se circunscribe al personal que figura como empleados regulares, en planilla y con contratos formales, de las empresas privadas formales y del Estado.
Fuera del sistema y sin posibilidades de jubilación están los trabajadores que son eventuales, que no figuran en planillas o están subcontratos por las empresas privadas, el personal eventual y consultores de las reparticiones públicas.
Los desempleados, campesinos, la mayor parte de los obreros y trabajadores informales están también al margen de todos estos beneficios futuros, por lo que la jubilación tiende a ser un beneficio para muy pocos, lo que muestra la inviabilidad e injusticia de este sistema privado, además de sus grandes limitaciones e insuficiencias.
Cuestionamientos
Desde los sectores sociales, los cuestionamientos al sistema privado de pensiones son mayores y apuntan a su radical transformación para que este derecho llegue a las mayorías y para que deje de ser un gran negocio para las AFPs, que ganan muchos millones con los aportes que reciben de los trabajadores.
“El 70 por ciento de la población mayor de 55 años está excluida del sistema de pensiones (…) Este sistema no está hecho para garantizar el derecho a la jubilación de los trabajadores, sino para generar millonarias ganancias a las AFP”, asegura Ibarra.
El economista advierte que “en la medida en que la inmensa mayoría de la población percibe ingresos mensuales inferiores a lo necesario para realizar cotizaciones mensuales que le permita en el futuro una renta jubilatoria aproximada al mínimo necesario para vivir, de hecho, la actual ley excluye a las mayorías pobres del derecho a una renta de jubilación o, en su caso, también de hecho, las compele a jubilarse a los 65 años de edad con pensiones mínimas”.
EL DESTINO DE LA LEY DE PENSIONES
Miguel Lora Ortuño, especial para Econoticiasbolivia
la Paz, octubre 10, 2007.- La actual Ley de Pensiones es una de las imposiciones traumáticas de las organizaciones financieras imperialistas. Se trata de uno de los pilares básicos donde se sustenta el conjunto de la política neoliberal.
El propósito de esta Ley, en esta etapa de descomunal crisis estructural del capitalismo, es liberar a las transnacionales y a la famélica empresa privada nacional de la obligación de aportar para sustentar las rentas de los jubilados. Esta Ley, bien llamada de "capitalización individual", carga sobre las espaldas del mismo trabajador la obligación de ahorrar una parte de su miserable salario, durante toda su vida productiva, para garantizarse una renta de hambre para su vejez.
Con licitación internacional se había adjudicado a dos AFPs para la administración de los fondos de capitalización colectiva (FCC) que son las acciones de todos los bolivianos mayores de 21 años resultantes de la capitalización de las empresas pública y el de capitalización individual (FCI) resultante de los ahorros de los trabajadores para su jubilación (el 12 % de sus salarios). Además, los asalariados deben pagar el 0.5 % de sus sueldos a las AFPs por administrar sus ahorros.
Según la Ley, los recursos del FCI deben ganar utilidades en inversiones, préstamos, compras de acciones, etc., las mismas deben engrosar los ahorros individuales de los trabajadores y las utilidades de las acciones del FCC deben servir para garantizar el pago del BONOSOL. De este modo, los cuantiosos recursos económicos generados por el FCI son inyectados al torrente financiero y el Estado se convierte en uno de sus clientes más importantes porque empieza a cumplir sus obligaciones, como el pago de sueldos a sus dependientes, con créditos de las AFPs.
Los trabajadores han tomado como una de las banderas principales de sus luchas la consigna de la abrogación de la Ley de Pensiones; sus congresos, a todo nivel, han reiterado la necesidad de retornar al sistema anterior de jubilaciones.
Abrogar la Ley de Pensiones significa restituir los aportes patronal y estatal para sustentar las rentas de los jubilados. En un período en que la crisis estructural no ha tocado fundo y se expresa como una descomunal recesión económica y, en consecuencia, los aportes laborales se achican más y más, deben ser el Estado y la patronal quienes cumplan con su obligación de garantizar rentas razonables para los trabajadores; son ellos quienes han acumulado plusvalía del trabajador durante toda su vida productiva y no pueden abandonarlos en su vejez.
Sin embargo, el D.S. 28711 que obliga a las AFPs entregar todas las acciones del FCC de las empresas petroleras a YPFB, nos muestra la complejidad del problema y revela las limitaciones políticas del gobierno. Por un lado, la abrogación de la Ley significaría que las obligaciones sociales de las empresas nacionales, extranjeras y del Estado aumenten en detrimento de sus utilidades y, por otra, las AFPs defiendan con uñas y dientes sus intereses porque, al abrogarse la Ley tendrán que abandonar el país. Es inconcebible pensar que un sistema de seguridad social solidario sea administrado por entidades privadas.
El último decreto, inmediatamente, ha provocado la reacción violenta de los dueños de las AFPs y plantean al gobierno una indemnización porque les significa pérdidas en sus utilidades y perforarles la naturaleza de los contratos firmados con el Estado boliviano.
La limitación política del gobierno para remontar este problema, muy serio porque afecta los intereses materiales de los inversionistas y de las AFPs, es su ovejuno respeto a la propiedad privada y a la estructura legal burguesa. Evo Morales, vuelve a jurar en la cumbre de Viena y en el Parlamento Europeo que Bolivia respetará la propiedad privada y las inversiones extranjeras en el país; garantizará la seguridad jurídica para las transnacionales, promesa que significa respetar todos los contratos legalmente firmados con el Estado.
¿El gobierno estará ideando alguna otra "salida" imaginativa con el nombre de "Abrogatoria de la Ley de Pensiones" sin afectar la vigencia del sistema de pensiones vigente para luego dar la impresión de que está operando una verdadera revolución en el sistema de pensiones? Nos imaginamos que se orientará a mantener las AFPs en la administración del FCI y de parte del FCC y se limitará, por ejemplo, a reducir la edad para la jubilación y modificar la forma de cálculo de las rentas; pero la esencia antiobrera de la Ley no será tocada.
Este problema, tan punzante para los trabajadores, una vez más está mostrando que no tiene solución en el marco de la política burguesa. Un régimen de pensiones que realmente favorezca a los trabajadores exige una política verazmente revolucionaria, con un gobierno capaz de acabar con la gran propiedad privada de los medios de producción y el sistema legal burgués.
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