Los puntos de discordia en el debate congresal
Extractado de La Prensa
Observaciones del Gobierno a la COB
1.- Origina una nueva generación “sándwich” al requerir 20 años de aportes para acceder a una renta de vejez. El artículo 14 indica que tienen derecho a una pensión de vejez los que cumplan 55 años, acrediten 240 cotizaciones y se encuentren cesantes de actividad.
Si no cumple esos requisitos, señala el artículo 16, se beneficiarán de un Pago Global que ascendería a 12.542 bolivianos. Por el alto grado de desempleo, un grupo grande de la población quedará cesante del acceso a una renta de vejez y con el Pago Global quedarán excluidos los herederos de la persona que no cotizó 20 años. Hacienda estima que en 20 años se habrá generado una nueva generación “sándwich” de 97.091 personas.
2.- El estudio de la COB plantea un programa de rentas anticipadas para personas que cotizaron entre 15 y 19 años y tengan al menos 55 años, pero su renta se calcularía con base en un 42 a 50 por ciento de su salario. Lo cual generará un potencial conflicto social porque estarán discriminados en relación con las personas con 240 aportes.
3.- El artículo 8 usa como referente del cálculo de la pensión de vejez el salario promedio de los últimos 12 meses de trabajo. Esto puede dar lugar a que trabajadores de algunos sectores, como salud y educación, que gozan de salarios en ascenso, obtengan una base de cálculo mayor que la de otros empleados.
4.- El artículo 36 establece que, además del aporte patronal de los trabajadores bajo su dependencia, el Estado deberá contribuir con el financiamiento de las pensiones en curso de pago. Por ejemplo, las del sistema de reparto o de capitalización individual en un monto de 16,808 millones de bolivianos.
5.- El balance actuarial de la COB arroja un déficit de 43.761 millones de bolivianos.
6.- El balance pretende subsidiar las rentas de vejez con las primas de Riesgo Común y Riesgo Laboral, que cubren accidentes fuera y dentro del trabajo, respectivamente.
Críticas de ente sindical al Ejecutivo
La Central Obrera Bolivia critica el proyecto gubernamental porque asegura que no abroga la Ley de Pensiones vigente y sólo efectúa un maquillaje.
Asegura que mantiene el sistema capitalista al preservar las cuentas individuales.
El proyecto confisca parte del salario y los ingresos de las personas que ganan más de Bs 11.560 y Bs 34.650.
Utiliza los aportes individuales para pagar las rentas de los jubilados en el sistema de reparto por la obligación que tienen las AFP de prestarle recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).
Preserva una edad de jubilación de 60 años.
El Estado se desentiende del aporte estatal y deja el peso de la jubilación sólo en los ahorros individuales de los trabajadores.
No transfiere la titularidad de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas a la nueva entidad que administrará las pensiones.
Preserva las operaciones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).
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