Balance de dos años y medio de nacionalismo indígena “post neoliberal”
Redacción Bolpress
La intervención del Estado en la actividad económica con estatización de empresas, restricciones a las exportaciones y controles de precios, entre otras medidas, no parece estar contribuyendo a materializar los cambios estructurales postulados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del MAS, evalúan líderes empresariales, analistas y dirigentes políticos de la oposición derechista en Bolivia. Según el gobierno, la reacción brutal y desesperada de las clases dominantes “en descenso” prueba que algo está cambiando.
Varios documentos de evaluación difundidos en las últimas semanas por institutos y grupos de presión conservadores concluyen que el “estatismo trasnochado” del MAS no garantiza la estabilidad macroeconómica ni el control de la inflación; en tanto que sus “radicales” postulados “ideológicos” en comercio internacional “aíslan” al país y ahuyentan las inversiones. [1]
En casi todos los casos, los grupos conservadores analizan la política económica del MAS desde la óptica del liberalismo como único paradigma válido de interpretación de la realidad, y critican al gobierno por no apostar por libre mercado irrestricto y la gran empresa privada como factores claves del desarrollo económico.
Crecimiento de la economía
El PND del gobierno proyectaba un crecimiento económico de 5,3% en 2007, pero el INE reportó 4,6% y el FMI y la CEPAL calcularon 4%. El PND espera un crecimiento de 6,4% en 2008, aunque el FMI estima sólo 4,7%. Estas tasas de crecimiento menores a la media latinoamericana prueban que el país no aprovecha el auge de precios de las materias primas ni la expansión de la demanda mundial de manufacturas, critica la derecha.
Sin embargo, en términos macroeconómicos, el régimen nacionalista “post neoliberal” del MAS y su vilipendiado intervencionismo estatal ha cosechado más éxitos en dos años y medio que el liberalismo económico en dos décadas.
El Vicepresidente Alvaro García Linera recuerda que en el neoliberalismo (1985-29005) el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio 3% anual y nunca pasó de 5%. En la administración de Evo Morales el PIB aumentó 4,5 por ciento en promedio. Los 12 sectores económicos estudiados por el INE para medir el PIB muestran un incremento respecto a 2007: la producción de petróleo y gas subió 11,34 por ciento, la construcción 8,59 por ciento y la minería 6,07 por ciento.
Los ingresos del Estado subieron de un promedio de 300 millones a 1.500 millones de dólares anuales gracias a la estatización de las petroleras Chaco, Andina y Transredes; las plantas de refinación de Cochabamba y Santa Cruz; la Fundición de Vinto, la mina Huanuni y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Los gobiernos neoliberales acumularon en el Banco Central de Bolivia (BCB) 1.700 millones de dólares en reservas internacionales en dos décadas. En dos años y seis meses de “nacionalismo indígena”, las reservas sobrepasan los 7.000 millones de dólares.
Inflación
El PND preveía una inflación de un dígito para todo el periodo, pero a dos años de su implantación la inflación de dos dígitos y en ascenso se ha convertido en el principal problema de la economía nacional.
Varios estudios realizados por la oposición identifican de manera casi coincidente como factores determinantes de la inflación el elevado y desordenado gasto público para consolidar la presencia del Estado en la economía, y el crecimiento descontrolado de la masa monetaria con el bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, que crearon “condiciones artificiales de bienestar en ciertos segmentos de la población”.
La derecha “relativiza” factores externos como el incremento de precios internacionales, que en su criterio fueron atenuados con “subsidios” estatales y “controles” de precios en el mercado interno. El alza de precios de los alimentos es una falla de gestión del gobierno, afirma la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pese a que la FAO confirmó hace poco que la inflación es un problema mundial debido principalmente al encarecimiento de los alimentos. [2] En Bolivia, la inflación promedio de 8.3 por ciento es en gran parte consecuencia del alza del precio de la harina en un 69 por ciento.
García Linera comenta que en 20 años de políticas económicas impuestas por el FMI el promedio de la inflación fue 11.5%, aunque en el gobierno de Jaime Paz, cuando el jefe opositor de UN Samuel Doria Medina era ministro de Planificación, el indicador llegó al 18%.
Libre comercio e inversiones
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el senador de Podemos Luis Vásquez alertan que la “deficiente”, “inmadura” y “poco profesional” política exterior y comercial está llevando al país al aislamiento, con costos políticos, históricos y económicos muy altos.
La derecha lamenta el “aislamiento” de la economía boliviana de las corrientes mundiales de comercio porque se han puesto tres cruces al tratado de libre comercio con Estados Unidos y no hay voluntad de formar parte de un acuerdo con la Unión Europea, los dos mercados “más grandes del planeta”. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) estima que al menos el 70% de los mercados externos está en riesgo de perderse debido a las divergencias con Estados Unidos y Perú.
Las exportaciones nacionales subieron de un promedio anual de 1.100 millones de dólares en el neoliberalismo hasta 2.588 millones de dólares a mayo de 2008, con la expectativa de llegar en diciembre a 5.500 millones en ventas de hidrocarburos, minerales (plomo, plata, zinc, estaño, wólfram), productos agroindustriales, manufacturas, textiles, muebles y otros. Estos datos, asegura el Vicepresidente, echan por tierra las versiones de que el actual modelo económico está aislando a Bolivia del mundo. [3]
Las nacionalizaciones y el retiro del CIADI, por mencionar algunas acciones antiempresariales, aumentaron la inseguridad jurídica e hicieron escapar a la inversión extranjera generadora de fuentes de trabajo, critica la oposición.
Los gobiernos de Banzer y Sánchez de Lozada decían que el Estado boliviano invertía entre 400 y 450 millones de dólares y la empresa privada, 800 millones de dólares, aunque luego se confirmó que no hubo tal inversión. García Linera asegura que en la actualidad el Estado es el motor que empuja la economía con una inversión de entre 1.100 y 1.700 millones de dólares. [4]
En un papel de “vocero” de la UE, el senador Tito Hoz de Vila (Podemos) dice que los europeos esperan un rol “mucho más protagónico y menos obstruccionista de Bolivia, el país que mayor cooperación recibe y el que más traba la negociación con la Unión Europea”. Hoz de Vila exige a la Cancillería remplazar al “radical” equipo negociador boliviano encabezado por el “intransigente” embajador para asuntos Comerciales y de Integración Pablo Solón, quien “entorpece” las negociaciones y no acompaña la realidad de hoy
Toda la argumentación de la derecha se basa en un supuesto: La liberalización del comercio “promueve el desarrollo” y el acceso al mercado europeo de 500 millones de habitantes generará inversión, más empleo y divisas, e impulsará la economía. Lo cierto es que el “libre comercio” enriquece a unos cuantos, no beneficia a corto plazo y su impacto en la economía de los países andinos será “muy pequeño”, reconoció la propia Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) en 2004. [5]
Se puede esperar lo mismo del TLC europeo, cuyos estándares normativos son más radicales que los acordados en la OMC.
Según la directiva europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Directiva 98/44/CE, art. 5.2), “un elemento aislado del cuerpo humano o producido mediante procedimiento técnico, inclusive la secuencia parcial de un gen, puede constituir una invención patentable, aún si la estructura de este elemento es idéntica a la de un elemento natural”.
En esas condiciones y sin capacidad para la innovación en patentes, sobre todo farmacéuticas, Bolivia podría fomentar la biopiratería y el robo de recursos genéticos si firma un tratado con Europa, alerta la ex directora del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) Claudia Solares.
En el marco de las negociaciones del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS) de la OMC, la UE solicitó a algunos países en desarrollo que suprimieran sus exigencias de préstamos obligatorios a pequeñas y medianas empresas, contradiciendo a un amplio sector de la comunidad internacional que considera que el aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo es clave para enfrentar las causas de la crisis alimentaria.
Los gobiernos de la CAN esperaban resolver el problema de migración en las negociaciones con la UE. Pero luego de la aprobación de la Directiva de Retorno, repudiada hasta por el Vaticano, los presidentes de Bolivia y Ecuador preguntan: ¿qué sentido tiene “asociarse” con Europa que postula el libre movimiento de mercancías y capitales y al mismo tiempo criminaliza migración de seres humanos? Parece que sólo hay globalización para el comercio, mirando el mercado y la plata, y no el ser humano, reclama Evo Morales.
La derecha liberal culpa a Evo Morales de la crisis política en la CAN, cuando los responsables de la fractura son los gobiernos de Colombia y Perú porque supeditan la integración andina a los tratados de libre comercio. Alan García pretende modificar la decisión 486 de la CAN sobre propiedad intelectual para compatibilizarla con el TLC Perú-Estados Unidos, poniendo en riesgo el proceso de integración andino. Perú estaría dispuesto a abandonar la CAN, que representa apenas el 20% de sus exportaciones, para firmar un tratado de con la UE.
La derecha local tiende a sobredimensionar los conflictos y la falta de cohesión entre los países andinos. Culpa a los “radicales” de la suspensión de la cuarta ronda de negociación que debía celebrarse entre el 7 y el 11 de julio en Bruselas porque no entiende los cambios políticos en la CAN, donde se ha quebrado el “consenso de Washington” y ha surgido un saludable debate de ideas que de vez en cuando sube de tono.
Ecuador y Bolivia en procesos constituyentes replantean el uso de sus recursos naturales, el papel del Estado en la economía, los procedimientos para aprobar tratados internacionales y muchos otros aspectos medulares de la economía liberal rechazada por cada vez más gente en Europa y Estados Unidos. [6]
Fieles al libre mercado, Colombia y Perú buscan un acuerdo comercial inmediato con la UE y discrepan con sus socios, pero respetan sus visiones de desarrollo, a diferencia de la arrogante UE que ha conminado a Morales y a Correa a aceptar un TLC o salirse de la negociación.
El canciller David Choquehuanca invitó a los opositores de Podemos a que acompañen al equipo negociador en próximas rondas para que se informen y comprueben que Bolivia y Ecuador no frenan la negociación sino que avanzan con prudencia, conscientes de los enormes riesgos del acuerdo CAN-UE.
“Cambios estructurales”
La bonanza estatal se explica principalmente por los altos precios internacionales de las materias primas y de la energía. Sin embargo, los éxitos macroeconómicos también se deben a que el Estado retoma paulatinamente el control de la economía e interviene directamente en el mercado como productor de bienes y servicios.
La pregunta es si la recuperación del Estado basta para consolidar los cambios estructurales prometidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El Vicepresidente asegura que aunque a veces pasen desapercibidos, los cambios en la estructura económica del país avanzan mucho más rápido que las transformaciones políticas.
Los cuatro pilares de la vieja economía nacional eran las empresas petroleras, la agroindustria, la minería grande y mediana y la banca, sectores que eran dueños de casi toda la riqueza fundamental del país. Ahora, dice García Linera, el nuevo núcleo de poder es el Estado junto a la unidad productiva micro, pequeña y mediana, privada y comunitaria, urbana y rural, considerada la promotora del desarrollo nacional y la principal generadora de empleo.
En los primeros dos años y medio de gobierno del MAS, la gran empresa privada nacional y transnacional privilegiada por el Estado neoliberal durante más de 20 años ha perdido influencia política y económica, especialmente las extensas redes de intermediarios locales que prosperaron a la sombra de transnacionales de la energía, y el bunker agroindustrial que monopolizaba la producción, intermediación y procesamiento de granos.
Averiadas y debilitadas, las antiguas clases dominantes “en descenso” reaccionan con brutalidad y desesperación desde núcleos derechistas radicales en el Senado, comités cívicos y prefecturas del oriente del país. García Linera observa que esta gente chantajea, amenaza, golpea y boicotea el programa social y económico del gobierno constitucional porque “les hemos quitado la plata, no para nosotros” sino para que el Estado construya escuelas, brinde servicios de salud, aumente salarios y asegure inversión productiva.
Hidrocarburos
Analistas de derecha destacan que a dos años de la estatización de los hidrocarburos (con tres ministros de hidrocarburos y cinco presidentes de YPFB de por medio), Bolivia dejó de ser centro de distribución energética del cono sur, y paga multas por incumplir compromisos de exportación. Los hogares y la industria sufren racionamiento de gas natural; falta carburantes para el transporte y la agricultura, y se agotan las reservas probadas de gas. La inversión ejecutada en el sector es 16% de lo previsto en el PND.
Según García Linera, las petroleras extranjeras integraban el grupo más importante e influyente de la economía boliviana: detentaban la propiedad de los reservorios de gas y petróleo, las torres, equipos de perforación y ductos; controlaban la explotación, el transporte, el mercado y los precios de exportación. Alrededor del poder petrolero se movía una red regional de intermediarios, subcontratistas y comerciantes, sobre todo en Santa Cruz y Tarija.
Este núcleo petrolero ha sido “desmontado” con la Ley 3058 (nacionalización con la compra de acciones), y toda la cadena del gas (comercio, transporte refinación, precios) pasó a propiedad de los bolivianos. La participación del Estado en la renta petrolera subió 27% a 72-75% y sus ingresos se elevaron de 500 a 2.000 millones de dólares.
Las petroleras se quedaron con las torres de perforación y sus equipos; sus ganancias bajaron de entre mil y 1.300 millones de dólares a 400 o 500 millones de dólares. Los intermediarios y subcontratistas de Santa Cruz y Tarija que vivían como “garrapatas” de las petroleras ya no tienen de dónde succionar y se han quedado sin fuente de lucro.
Agroindustria
El nacionalismo de la Revolución de 1952 creó empresas del Estado y Corporaciones de Desarrollo para impulsar la producción agrícola y llegó a cultivar 1,5 millones de hectáreas de alimentos en 1985. Luego, el Estado neoliberal, cuya premisa era exportar o morir, invirtió grandes cantidades de dinero para fortalecer a un solo actor rural, el empresariado agroexportador, olvidándose de pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.
El neoliberalismo dejó el agro en condiciones lamentables, sin inversiones y con profundas inequidades. El 90% de la tierra cultivable está concentrada en 50 o 60 familias; 600 mil pequeños productores deben contentarse con el 10% de la tierra. El 90% de la cartera de crédito de todo el sistema financiero está en manos del 7 u 8% de las empresas del país, en tanto que más del 90% de las unidades económicas accede al 9 o 10% de los créditos.
En los últimos cinco años decreció la producción de alimentos y la mayoría de la superficie se destinó a cultivos agroindustriales de exportación. A los anteriores gobiernos sólo les interesaban los indicadores económicos y generar divisas con exportaciones; no era su prioridad alimentar a la gente.
Hasta 2003-2004, la ganadería y la agroindustria exportadora de soya, caña, maíz y arroz fue el segundo núcleo de poder económico, dice García Linera, integrado por empresas nacionales y extranjeras como FINO, IOL, Gravetal, ADM y Cargill, las cuales formaban sólidas cadenas con grandes, medianos y pequeños productores nacionales y brasileros, colombianos, menonitas y otros dueños de grandes extensiones de tierra. Todo el sector manejaba 600 millones de dólares anuales, y en 2006-2007 su renta bajó a 550 millones.
El Estado neoliberal no podía invertir directamente en la economía ni en el agro, y tampoco podía controlar distorsiones de precios; todo estaba en manos de los privados y de la libre oferta y demanda. Sin embargo, el Estado transfería al sector agroindustrial entre 100 y 140 millones de dólares cada año.
En una reunión en julio de 2007, los dirigentes de Confeagro pidieron al Presidente Morales que garantice esos 150 millones “como se hacia antes, en edificios, apoyo técnico y reprogramación técnica”. Morales no les dio ni un centavo y decidió utilizar los 150 millones y otros 300 millones adicionales en programas de fomento a pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya.
Cambió el modelo de desarrollo productivo rural: el Estado recuperó su rol de regulación y control del mercado y se convirtió en un actor rural productivo, explica la ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente Susana Rivero.
Ahora el Estado interviene en el mercado. Sabe cuánto produce cada rubro, cuánto gana el productor y cuánto debe pagar el consumidor. Se ha impuesto un “precio justo” –resultado del costo de producción y del poder adquisitivo de la gente– porque no es justo que los grandes empresarios impongan precios “internacionales” en Bolivia, donde la mano de obra es barata, hay subvención de diesel y exención tributaria en el sector rural.
El Estado también recuperó su rol planificador a través del Sistema de Monitoreo a la Producción y a los Mercados (SISPAM), y ahora sabe dónde tiene que invertir como un actor rural productivo a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que asiste pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya.
Lo más interesante de todo es que el Estado se metió al negocio de la soya, del que estuvo fuera por más de 20 años, y comenzó a fisurar un núcleo empresarial duro de roer. El Estado comenzó a controlar, comprar y financiar gradualmente de 3 mil a 10 mil toneladas de soya y este año espera manejar hasta 80 mil toneladas. No es gran cosa, apenas el 10% de la producción total, pero lo importante es que el Estado se incorporó a la cadena comprando soya al pequeño productor, resalta García Linera.
La tonelada de soya cuesta entre 390 y 395 dólares en el mercado de Santa Cruz, pero el Estado paga 410, es decir 15 dólares más. Ganan el pequeño productor campesino y también el Estado que, aprovechando los altos precios, recupera núcleos productivos industriales y agroindustriales del arroz y el maíz. Pronto invertirá en el cultivo de 10 mil hectáreas de trigo en la zona de Abapó -Isosog.
Comida para los bolivianos y las bolivianas e incentivos para los pequeños y medianos productores de alimentos (en los rubros de carnes, hortalizas e incluso agroindustrial) son las prioridades del Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo Rural y de la Nueva Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del gobierno. [7]
El empresariado y los partidos políticos conservadores critican estas políticas que privilegian a pequeñas y medianas industrias, cooperativas y otras formas de agremiación de artesanos y productores individuales rurales, discriminando a los exportadores “formales” de manufacturas y granos.
Además, critican que el PND intente distribuir 30 millones de hectáreas de tierra entre 200 mil familias campesinas y el saneamiento de 56 millones de hectáreas hasta 2010. En su criterio, la modificación a la Ley del Instituto de Reforma Agraria en 2006 abre un amplio espacio a la discrecionalidad en la definición de la función económica social de la tierra, que puede dar pie a la reversión de propiedades en producción.
El gobierno no se ensaña ni combate al sector productivo grande ni a la empresa privada en general; al contrario, respeta la propiedad privada y su capacidad de lucro razonable, y su política de redistribución de tierras no ha afectado los intereses de los grandes productores.
Los resultados del saneamiento de la tierra en los últimos dos años demuestran que la política agraria no es “antiempresarial”. En la década neoliberal (1996-2005) se saneó aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de medianas y grandes empresas agropecuarias. En dos años de gestión del MAS se saneó 888 mil hectáreas categorizadas como medianas y grandes empresas agropecuarias.
Con financiamiento público, el Instituto CIAT mejoró la semilla de soya, arroz y trigo en tierras bajas. El gobierno apoya al sector ganadero afectado por las inundaciones con una inversión de más de 2,8 millones de dólares en insumos veterinarios y sales minerales. Se atenderá el 70% del hato ganadero de los productores de Beni.
La ministra Rivero restringió temporalmente las exportaciones de aceite y otros productos porque algunos empresarios “han pretendido utilizar al pueblo para hacerle daño al gobierno, pero yo estoy aquí para defender la economía popular y no la economía de unas cuantas familias que ya han tenido más de 20 años llenándose los bolsillos a costa del pueblo”.
Para atenuar la subida de precios y garantizar el abastecimiento interno, el gobierno prohibió temporalmente las exportaciones de varios tipos de carne, algunos granos como arroz, maíz, trigo, además de fijar una banda de precios para el litro de aceite de entre 10,50 y 12,99 bolivianos (1,43 y 1,76 dólares). Se aplican nuevas políticas monetarias, fiscales y cambiarias encaminadas a fortalecer el sector productivo. Está en estudio una ley de subsidio de alimentos, especialmente del pan.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub anunció que en los próximos días demandará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo e incluso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por vetar las exportaciones, que en su criterio es un “atentado” contra la libertad de trabajo. Sin embargo, la iniciativa empresarial caería en saco roto puesto que el gobierno boliviano no es el único que regula las exportaciones, fija cuotas y bandas de precios o crea reservas estratégicas de alimentos. [9]
Según Rivera, ha cambiado la estrategia de desarrollo para acercar los alimentos a la población y reducir las asimetrías entre pequeños-medianos y grandes productores. El gobierno apoya con donaciones, insumos y créditos al 6% de interés al pequeño productor porque éste no accede a financiamiento bancario como los grandes que siguen ganando millones y millones.
¿Cuáles son los resultados del cambio? El “neoestatismo” del MAS ha elevado de 2,1 millones de hectáreas en 2005 a 2,5 millones de hectáreas cultivadas de alimentos en 2008, sin contar con la campaña de invierno que recién empieza. Ahora hay superávit en la producción y solo un rubro con déficit. Con una inversión de 90,3 millones de dólares en la producción, el sector agropecuario creció 2,13% en 2007.
El Ejecutivo percibe que la rica e influyente agroindustria ha pedido protagonismo y poder regional no sólo porque dejó de recibir cientos de millones de dólares del Estado, sino porque ha sido desplazada por la minería exportadora de Oruro y Potosí que ahora genera más dinero que todo el departamento de Santa Cruz.
Minería
El tercer núcleo de poder de la vieja economía era la minería concesionada a transnacionales, cooperativistas y pequeños productores, que en conjunto manejaban 500 millones de dólares. En la actualidad la minería sigue en manos de la empresa privada extranjera, de la minería mediana y de las cooperativas. En cuarto lugar aparece el Estado, que gradualmente se perfila como exportador.
García Linera identifica dos cambios importantes en el sector minero: 1. El desplazamiento del poder regional de Santa Cruz al occidente (hoy la segunda fuerza productiva es Oruro Potosí y parte de La Paz; hay más plata en Potosí que en toda Bolivia); y 2. El ingreso del Estado a la minería con Huanuni y Vinto, y con cuatro proyectos de explotación de todos los deslaves y desmontes dejados por la antigua minería que se pondrán en marcha a fines de 2008 y principios de 2009.
Los opositores evalúan que la incertidumbre provocada por los cambios en el régimen tributario minero paralizó las inversiones y la producción, desaprovechando los altos precios internacionales. El Vicepresidente les recuerda que en la época neoliberal las exportaciones mineras llegaban a 280 millones de dólares anuales en promedio, y a 1.200 millones de dólares en mayo de 2008, casi tanto como el gas y el petróleo. En el primer trimestre de este año el sector minero aportó casi el 54 por ciento del PIB.
Hasta 2005, el Estado recibía el 20% de las ganancias mineras y 80% era para los privados. Con la nueva Ley de impuestos y gravámenes mineros, en 2008 se modifica la distribución de las ganancias y la nueva relación es 55% para el Estado y 45% para los privados.
Conclusiones
El gobierno masista heredó una vieja estructura de poder con cuatro núcleos; desmontó parcialmente tres de ellos y dejó intacto al cuarto grupo, la banca. Los banqueros manejaban entre 50 y 80 millones de dólares anuales y se calcula que en 2007 ganaron 100 millones de dólares gracias a la minería de Potosí. La modificación radical de la estructura del poder económico en Bolivia no es visible, pero es más fuerte que los cambios en la estructura política, dice García Linera.
Antes la agroindustria era segunda en la economía y ahora es la minería; antes la minería privada era todo y ahora la minería es privada y estatal. El Estado ha reemplazado a las petroleras como cabeza de la economía y su participación en la generación de la riqueza productiva subió de 0.8% al 8%. En total, en 2 años y medio de gobierno la participación del Estado en la economía boliviana ha pasado del 13% al 22%, todavía muy lejos del 50%, reconoce el Vicepresidente.
El “neoestatismo” construye un Estado productor que invierte los recursos de los hidrocarburos y de la minería en el desarrollo del aparato productivo nacional con el fin de estructurar una base industrial fuerte y diversificada sin depredar la naturaleza.
El Estado comienza a diversificar en petróleo, telecomunicaciones, agricultura, parcialmente en minería con Huanuni, el Mutún y el Salar de Uyuni. Además, crea cosas nuevas como el proyecto termoeléctrico en Chapare; plantas separadoras de líquidos en Santa Cruz y Yacuiba; plantas de papel y cartón; pequeñas fábricas de cítricos y lechería; dos cementeras en Oruro y Potosí y dos azucareras en Tarija y en el norte de La Paz. Las cementeras y dos azucareras son todavía proyectos, pero el resto son proyectos para comenzar a construir, según García Linera.
El gobierno certifica que su propuesta es mejor que el capitalismo de Estado “rentista” del pasado y tiene poco que ver con la experiencia de las Corporaciones de Desarrollo de los 60 y 70 del siglo XX. En esos experimentos, el Estado explotaba recursos naturales y materias primas y reconducía las ganancias a la economía de manera rentista.
La lógica rentista del viejo Estado era vivir de los recursos naturales y distribuir las ganancias a quien gritaba más. Las empresas públicas como Yacimientos o Comibol nunca fueron deficitarias sino que sus excedentes fueron saqueados y despilfarrados sin ningún criterio de estrategia productiva, opina Teresa Morales, ex ministra de Estado e investigadora del Post Grado de de Ciencias del Desarrollo de la UMSA.
Ahora el Estado industrializa los recursos naturales según las necesidades del aparato productivo interno y actúa en función de fortalecer la agregación comunitaria y empoderar la economía de pequeños productores en general que constituyen el 85% de la población económicamente activa.
Se fortalece el rol productivo del Estado porque sólo la autoridad del Estado es capaz de reordenar la economía con equidad. No se trata de un capitalismo de Estado sino de un “comunitarismo” de Estado con nuevo paradigma de desarrollo.
En el viejo paradigma de desarrollo liberal-occidental, mayor crecimiento económico e incremento del PIB era sinónimo de bienestar social. El liberalismo entiende por bienestar del ser humano el incremento del consumo material de bienes y servicios.
El nacionalismo indígena “post neoliberal” plantea un nuevo paradigma civilizatorio basado en la lógica indígena campesina, según la cual el bienestar humano no depende del consumismo frenético ni del industrialismo ciego causantes de la crisis medioambiental.
Según la propuesta masista, el “vivir bien” o el bienestar humano tiene múltiples dimensiones: armonía entre lo material y lo espiritual, satisfacción de necesidades con austeridad, y acumulación simbólica de afecto, aprecio, reconocimiento social, autoestima, autoconfianza.
En resumen, el bienestar no es solamente material, sino también simbólico, social y afectivo. Lo más importante del vivir bien es la armonía entre lo individual y lo colectivo, o la armonía entre el ser humano y el medio ambiente. La lógica es: Estoy bien en tanto el medio ambiente y mi comunidad estén bien.
Con datos de: 1. Análisis de la coyuntura política en la Vicepresidencia de la República el 6 de junio de 2008 (resumen del senador Gastón Cornejo); 2. reportes de prensa del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario; 3. programa “Palabra Clave” conducido por el periodista Julio Peñaloza y difundido por Erbol.
[1]Informe Ceben-Cainco: A dos años de la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo.
[2]La inflación acumulada general a mayo de 2008 para los países de América Latina es 5% en promedio; la inflación en alimentos es 7,2%. La variación acumulada a 12 meses fue 11.1% y 17.5%, respectivamente, según el Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - Observatorio del Hambre de la Oficina Regional de la FAO y la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre.
[3] Las exportaciones crecieron 54% en los primeros cinco meses de 2008, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE): minerales en 73 por ciento; agricultura y ganadería en 52,4; hidrocarburos en 51,3 y manufacturas en 44 por ciento. Las ventas de gas a Brasil reportan 1.104 millones de dólares y las exportaciones de minerales a Corea del Sur, 304 millones.
[4]En los años 90 se alcanzó 1.026 millones de dólares en inversión “regalando recursos naturales”. En 2004, la inversión fue 448 millones; 488 millones en 2005; 582 millones en 2006 y 700 millones en 2007. García Linera estima 800 millones de dólares de inversiones en 2008. En los próximos años las petroleras deben invertir 900 millones de dólares; la compañía india Jindal Still & Power, 2.200 millones de dólares en cuatro años en El Mutún, además de 210 millones de dólares previstos en la mina de Corocoro.
[5] Entre 1983 y 2002 Latinoamérica continuó ocupando un lugar marginal en el comercio mundial a pesar de la apertura comercial y la reducción arancelaria. La economía de América Latina y el Caribe conoció su peor resultado en una década, confirmó la OMC en su “Informe sobre el comercio internacional de 2003”.
[6]El 12 de junio Irlanda rechazó el tratado constitucional europeo orientado a los mercados y la libre competencia, el cual también naufragó en referendos en Francia y Holanda en 2005. Los presidentes de Polonia y Alemania se abstuvieron de respaldar al acuerdo. En Estados Unidos, el 51 por ciento de los ciudadanos rechaza los TLCs por considerarlos una amenaza para la economía nacional, según un sondeo de CNN y la firma Opinion Research Corporation. De ahondarse la crisis de los mercados crediticio e inmobiliario, el descontento con dos décadas de creciente desigualdad social obligará al nuevo gobierno a preocuparse más de la política interna que de la conquista de mercados para beneficio de un puñado de empresas.
[7]En anteriores gestiones se entregaron 210 tractores; el MAS entregó 1.061 tractores y organiza plantas industriales y procesadoras de cítricos en Santa Cruz y Cochabamba, y de leche en el altiplano. Además, promueve la industrialización de quinua.
[8]Observan que el PND se propuso canalizar hasta 315 millones de dólares anuales en créditos en el quinquenio 2006-2010, pero hasta la fecha el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) distribuyó apenas 69 millones de dólares.
[9]En los últimos meses se restringieron las exportaciones de trigo en Kazajstán, Rusia, Ucrania y Argentina. China, Indonesia, Vietnam, Egipto, India y Camboya han prohibido o restringido severamente las exportaciones de arroz. México está copiando las medidas aplicadas en Bolivia en cuanto a la promoción de la producción y al restablecimiento de los roles del Estado. Los gobiernos de Brasil, Panamá, Perú, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua compran alimentos a pequeños agricultores y luego los distribuyen. Se están creando reservas estratégicas de algunos alimentos básicos en Brasil, Honduras, Ecuador y México.
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