29480: inmoral
Betty Tejada Soruco
El poderoso sector industrial-agropecuario ha calificado de ‘inmoral’ el decreto que prohíbe la exportación de aceite por un tiempo indeterminado, toda vez que la escasez de este producto y/o su elevado precio en el marcado interno lo convierten, prácticamente, en un artículo de lujo inaccesible para la mesa boliviana.
Los dirigentes industriales y a la vez opositores al Gobierno de Morales, entre ellos Branko Marinkovic, presidente del Comité pro Santa Cruz, no han dudado en acusar al Gobierno de ineficiente y advertirle que ellos no van a suplir las responsabilidades gubernamentales ni a subvencionar diferencias entre el precio internacional del aceite y el interno.
¿Es obligación del sector empresarial asumir responsabilidad social? Hasta se podría decir que el sector agropecuario ha sido y es uno de los sectores mimados de los gobiernos nacionales: combustible subvencionado, Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim), reprogramación de créditos o créditos blandos casi de manera permanente cuanto permanentes son las inclemencias del tiempo…
Por si fuera poco, la mano de obra –una de las más baratas del mundo– es otra subvención.
En enero de 2006, el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé recibió una carta de su ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez, en la que le solicitó vetar la ley que condona las deudas de los exportadores por cobro excesivo de Cedeim. La carta formal explicaba al mandatario que no correspondía que el sector exportador se beneficiase con un ‘perdonazo’ de esta índole.
El DS 29480 afecta directamente a tres grandes industrias aceiteras: SAO (empresa estadounidense Archer Daniels Midland-ADM), FINO, Grupo Romero Industria Aceitera IOL (Marinkovic) y a cientos de obreros y empresas, como las de transporte, que dependen de esta industria.
Queda evidenciado con este caso que los precios internacionales de todos los alimentos se han ido por las nubes y que los empresarios, por muy autonomistas que sean, no van a sacrificar los mercados con mejores precios por uno que les pide bajar precios (‘business are business’).
Lo que sí está claro es la urgente necesidad de encarar de manera compartida y mancomunada la seguridad alimentaria en el país, puesto que las subvenciones a los empresarios y la expansión de la frontera agrícola tendrían que estar directamente relacionadas con políticas de responsabilidad alimentaria interna en relación directa con el salario básico nacional.
La subvención del combustible llegó en 2007 a 140 millones de dólares, (600.000 lt/día), el ‘perdonazo’ vía Cedeim alcanza a casi 600 millones, además de otras medidas de salvataje. ¿No es momento de pensar en la subvención o el congelamiento de precios de productos como el pan, la leche, el arroz y el aceite?
Y así como para la exportación de madera se exige un sello verde, ¿las exportaciones de alimentos de los países en desarrollo deberían llevar un sello de responsabilidad social? Un 29480 es politiquería. El problema no se resuelve de esa forma. Aquí estamos necesitando grandes políticas regionales, no sólo nacionales y, por supuesto, grandes dirigentes, empresarios y políticos.
* Directora de www.laparabaeditorialvirtual.com
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