
Ver-Descargar EN FORMATO PDF la propuesta “Por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”
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Indígenas denuncian que la “supra” frenó 4 demandas
La Prensa
La Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) y por el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo (Conamaq) denunciaron que el Consejo Político Suprapartidario obligó a los partidos con representación en la Constituyente a frenar cuatro de las siete “demandas fundamentales” que este sector pidió que sean incluidas en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Visión de País, Autonomía Indígena, Representación Directa en el Congreso y la propiedad directa sobre los recursos naturales en sus territorios son los temas objetados por los originarios de “tierras bajas” y los de “tierras altas”.
Señalan que los consensos alcanzados por el Consejo Político Suprapartidario, al mando del vicepresidente Álvaro García Linera, son parte de este “retroceso” en cuanto al nuevo régimen indígena en el país.
Autonomías “recortadas”
Aunque la Cidob y la Conamaq reconocen que el proceso constituyente sí logró satisfacer sus reclamos en cuanto a “pluralismo jurídico” y la constitucionalización de sus modelos de consulta y formas de autogobierno, los originarios alertan que en los temas fundamentales hubo un retroceso “inadmisible”.
El dirigente de Conamaq, Justino Leaño señaló que si bien son cuatro puntos en los que la Asamblea y el MAS fallaron a este sector, la autonomía indígena es su principal preocupación y, por el momento, su única demanda, pues la esencia de la misma fue alterada por el acuerdo del 11 de octubre en el Consejo Político.
El acuerdo establece que las autonomías indígenas tendrán competencias legislativas por debajo de las departamentales ya que se respetará una “prelación normativa” que obliga a respetar la jerarquía de la Constitución, las leyes nacionales, los decretos y las normas departamentales, todas, por encima de las regionales, indígenas y municipales.
“Poco a poco, han ido cediendo en todo, en la posibilidad de elegir a nuestros representantes de forma directa, y no hemos dicho nada. También está la propiedad de los recursos naturales. Le han puesto que esa propiedad será de todo el pueblo boliviano y hemos aceptado.
Pero para las autonomías no nos han consultado y toda su esencia lo han cambiado. Éso más no podemos aceptar”.
En cuanto a autonomías demandaron un modelo sin diferencias jerárquicas, que permita su autodeterminación y gestión en sus territorios sin importar que estos transgredan las fronteras departamentales.
Sin embargo, el Consejo Político arribó a uno de los acuerdos fundamentales sobre el régimen estatal al establecer cuatro niveles autonómicos: departamental, regional, indígena y municipal.
Sobre las autonomías indígenas señala que: “los pueblos indígenas podrán ejercer su autonomía a través de las mancomunidades, pero sin afectar los límites departamentales o municipales”.
Este último planteamiento no cayó bien entre los pueblos indígenas, hasta ahora, aliados del MAS y por causa del mismo amenazan con activar nuevamente sus medidas de presión.
Lázaro Tacoó, delegado de la Cidob a la Constituyente lamentó que el partido de Gobierno no haya mantenido el espíritu del modelo autonómico indígena que planteó este sector y que fue aprobado en el informes de mayorías de la comisión de Autonomías de la Constituyente.
“Han cambiado la esencia de nuestra propuesta, si pedimos autonomías es para ya no depender de los departamentos, porque ellos no atienden nuestras necesidades. Ahora, vemos que nos están limitando a los municipios y que vamos a depender de las prefecturas”.
En tanto, Leaño lamentó este retroceso, que calificó como una “traición” del partido de Gobierno a los pueblos originarios.
Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, explicó que la parte más importante de la propuesta de autonomías indígenas residía en la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan reconstituir sus antiguos territorios, por más que estos traspasen los límites departamentales.
Varios de estos casos se podrían haber dado en el país, pues étnias como la aymara o la guaraní, que van más allá de un departamento.
Tampoco en Visión de País
Sobre Visión de País los originarios demandaron el establecimiento de un Estado Plurinacional comunitario, pero el Consejo Político definió el 18 de octubre, que este además de tener esa característica, sea “social, unitario y de derecho”.
Leaño se refirió a este punto que establece un Estado plurinacional y democrático, el cual también rechazan pues —al parecer— sólo establece un país plurinacional “de título” y no en el fondo, como quieren los indígenas, pues no les permite constituirse en “naciones” con niveles más amplios de soberanía.
Destacan que su idea de “nación” conllevaba el otorgamiento de mayores niveles de soberanía sobre el dominio territorial.
El acuerdo, sin embargo, reconoce su preexistencia al periodo de la colonia, por lo que tienen derecho adquiridos anteriores a la creación del Estado republicano.
Sin representación directa
Sobre la representación directa en el Congreso, pidieron que sus representantes ante las instancias congresales y cualquier tipo de ente representativo se definan mediante los usos y costumbres de los pueblos, y no mediante el sufragio.
Según los acuerdos alcanzados por el MAS en el Consejo Político, el nuevo Estado respetará el Congreso bicameral y pese a que se aumentará el número de legisladores, no se prevé una representación diferenciada de los pueblos indígenas. Este punto confirma que los departamentos mantendrán su supremacía respecto de los otros niveles autonómicos ya que en el Senado éstos tienen una representación diferenciada.
Propiedad sin propiedad
Respecto a la esencia de las otras demandas objetadas, el dirigente explicó que en cuanto a la propiedad de los recursos naturales ellos pedian que se establezca su pertenencia y control absoluto por parte de los pueblos indígenas.
Sin embargo, el acuerdo establecido por el Consejo dejá la propiedad en manos de todos los bolivianos y su administración a cargo del Estado.
Dicha administración puede ser delegada a los niveles autonómico como, por ejemplo, los territorios indígenas.
Respecto de la justicia comunitaria, los originarios reconocen que hay avances y rechazan las críticas de la oposición que advierten de los riesgos sobre los derechos humanos.
El dirigente de Cidob, Lázaro Taccó, aseguró que la justicia comunitaria no va en contra de los derechos humanos y, por el contrario, representa una forma de sancionar a los infractores, con el castigo físico o también con penas de servicio a la comunidad y de resarcimiento de los daños que puedieran haber causado con sus delitos.
Otros rechazan las críticas
Isaac Ávalos, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), acusó a los dirigentes indígenas de la Cidob y la Conamaq de utilizar el pretexto de su modelo autonómico para garantizar sus propias representaciones políticas.
“Ellos buscan constitucionalizar el tema de la elección directa de sus representantes, y mediante sus usos y costumbres”.
“Sinceramente yo no les entiendo a estos compañeros de la Cidob y la Conamaq. Por qué están peleando el tema de autonomías pues ya esta definido y, para mi, la participación directa no va porque no tienen argumentos para crear sus propios diputados. Las autonomías ya están consensuadas y lo que quieren es obstaculizar el proceso de cambio”.
Ávalos explicó que si la Constituyente o el Consejo Político ceden en la representación directa, aymaras y quechuas abarcarían todos los curules, por su presencia masiva en el país, por lo que no quedarían cupos para otros sectores, no solo indígenas.
Una fuente allegada al Gobierno señaló que esta propuesta fue vetada desde el mismo presidente Evo Morales, quien señaló que si los indígenas quieren tener representantes en el Poder Legislativo u otra instancia deben ganarse los votos.
Los originarios también reconocen lo avanzado en el Consejo Político cuando se incluyó como parte de los acuerdos el reconocimiento de la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas donde se respalda el derecho que tienen a no ser discriminados y la obligación del Estado de erradicar el racismo.
Román Loayza, asambleísta del MAS, asegura que es importante incluir este punto en la nueva Carta Magna pues permitirá a los indígenas, que son uno de los sectores mas discriminados, establecer sus derechos y sentar un precedente para que la exclusión y la discriminación sean eliminadas de Bolivia, y de esta forma precautelar su patrimonio cultural.
El viernes 26, el vicepresidente García Linera aseguró que los acuerdos alcanzados en el Consejo Suprapartidario logró avanzar en las principales demandas de los pueblos indígenas y de las regiones.
Los originarios, en cambio, alertan que la labor del Consejo y del mismo Vicepresidente García Linera fue “lapidaria” respecto de las demandas de los pueblos indígenas.
Originarios cedieron en la propiedad de recursos naturales
Tanto Adolfo Chávez, de la Cidob, como Justino Leaño, del Conamaq, admitieron que los indígenas cedieron en lo que respecta a la propiedad de los recursos naturales porque estipular que estos recursos pertenecen “exclusivamente” a los pueblos indígenas, hubiera generado multiples problemas con la población no indígena.
En las comisiones de Hidrocarburos, Tierra y Territorio y Recursos Naturales, Recursos Hídricos y Minería, se establece que la propiedad de esos recursos le pertenece al pueblo boliviano.
Por ejemplo, en la comisión de Hidrocarburos se señala además que “cualesquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, los recursos hidrocarburíferos son del dominio absoluto, directo, inalienable, imprescriptible e inembargable del pueblo boliviano, correspondiendo su administración al Estado Boliviano”.
Expertos destacan que hubo avances
El especialista en asuntos indígenas, William Bascopé, explicó que la decisión de ubicar las autonomías indígenas al marco municipal implica limitar la posibilidad de gestión integral de los pueblos indígenas pues, en su mayoría, sus territorios son transdepartamentales e, incluso, trasnnacionales, como el es caso de los Ayoreos, cuyos dominios llegan hasta Brasil.
El experto en autonomías, Franz Barrios Suvelza, resalta que el reciente acuerdo implica claras ventajas para los pueblos indígenas. “El beneficio es que los indígenas cuentan, ahora, con el municipio como unos de los moldes sustantivos de realización autonómica. Hay que recordar que, antes de ello, era muy incierta su situación debido a la cantidad de opciones prácticamente inviables de territorialización indígena”.
Barrios explica que las características propias de los pueblos indígenas, ubicados en un espacio territorial determinado, donde comparten valores comunitarios, obliga a que sus autonomías se ubiquen en el nivel municipal.
El experto destaca que, si la demanda de los pueblos indígenas se amplía más allá, los originarios se encontrarán con poblaciones multiculturales que cuestionarán su poder de representación y organización territorial. |