Abel Esteban Cabellos (Diagonal).- Desde 2005 la Unión Europea financia un consorcio público-privado (PPIAF) encargado de proveer asistencia técnica en procesos de privatización de infraestructuras básicas para la población como el agua o el saneamiento.

Desde 1999, la PPIAF ha gastado más de 22 millones de euros en 37 países empobrecidos para promocionar un modelo privado del agua que margina a amplios sectores de la población y ha provocado levantamientos populares.

 

A pesar del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de las Naciones Unidas y algunos gobiernos de países del Sur, y de la supuesta obligación de los estados de garantizar, proteger y respetar cualquier derecho humano, el acceso al agua potable es en la práctica una quimera para aproximadamente 1.100 millones de personas y concebido en muchos estados como un servicio comercializable.

Lejos de garantizar este derecho fundamental, de acuerdo con el investigador Thomas Fritz de la organización FDCL, ¨las agencias de cooperación multilaterales y bilaterales juegan un papel muy importante en la privatización de los servicios de agua y saneamiento en los países del Sur”, preparando el terreno, financiando y poniendo en marcha privatizaciones.

 

A mediados de 2005 la Comisión Europea (CE) se convirtió en donante del consorcio Public-Private Infrastructure Advisory Facility (Servicios de Asesoramiento para Infraestructuras Público-Privadas, PPIAF en sus siglas en inglés), comprometiendo un millón de euros, procedentes del 9º Fondo de Desarrollo Europeo (FDE), para un periodo de dos años. Desde entonces, EuropeAid, la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la CE, ha participado en varias reuniones del órgano de gobierno del consorcio, y ha ampliado su participación en el mismo a través de la ACP Business Climate Facility (Servicios de Facilitación del Desarrollo Empresarial en las regiones África, Caribe y Pacífico, conocida como BizClim), institución íntegramente financiada a partir del 9º EDF, y que planea reproducir algunas de las funciones de PPIAF.

 

La PPIAF tiene como misión “ayudar a eliminar la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible en países en desarrollo facilitando la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras”. Para ello PPIAF financia asistencia técnica sobre el proceso de introducción del sector privado y el modelo de privatización a implementar en los sectores de agua, energía, transporte y telecomunicaciones; así como actividades de sensibilización de la opinión pública sobre los beneficios de las reformas planteadas.

Según el consorcio, desde su inicio en 1999 aproximadamente 22 millones de dólares han financiado actividades en el sector de agua y saneamiento, que de acuerdo con una reciente investigación de la ONG World Development Movement (WDM), se han visto inmersas en uno o más procesos de privatización en dicho sector en 37 países. Las críticas de WDM se centran en el pago con fondos públicos de cooperación a consultores que, por una parte, promocionan modelos que han fracasado repetidamente en la provisión de dichos servicios a los sectores más pobres de la población, provocando en algunos casos importantes conflictos sociales (como la Guerra del Agua en Bolivia); y por otra, manipulan la opinión pública mediante actividades que califican como “propaganda”. De esta forma, critica la ONG, PPIAF interfiere en el debate doméstico sobre el modelo de provisión de los servicios públicos.

 

Alarmadas por dicha investigación, decenas de organizaciones sociales de todo el mundo se han dirigido a la Comisión Europea exigiendo el fin de su apoyo a PPIAF, sin que ésta haya respondido. En su lugar, proponen a la CE la creación de un mecanismo para apoyar exclusivamente reformas dentro del sector público, así como el desarrollo de colaboraciones entre Organismos Públicos en el sector del agua.

Estas organizaciones denuncian que ¨PPIAF es una institución central en las presiones, ejercidas por algunos donantes a los países en desarrollo, para privatizar sus sectores de agua y saneamiento”, a partir del hallazgo de que en al menos 17 de los 37 países mencionados dicha privatización es una condición impuesta por Instituciones Financieras Internacionales, para el acceso a donaciones, préstamos o condonaciones de deuda. “Tras analizar otros casos previos, parece que el BM es quien manda, mientras que PPIAF simplemente financia los estudios”, según las palabras de uno de los activistas de Mumbai Paani, plataforma ciudadana en resistencia frente al proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento del sector K-East de Mumbai, India, promovido por PPIAF y con el BM como agencia ejecutora.

 

Según el investigador Absar Jafri, la corporación municipal de Mumbay, sin ninguna consulta ni debate entre los representantes de las cámaras, ha dejado en las manos de la PPIAF y el BM la reforma de los servicios de agua en uno de sus sectores más lucrativos de la ciudad, a cambio de una “mísera” donación de la PPIAF de $ 600.000. PPIAF ha contratado a la compañía francesa Castalia (implicada en otra privatización fallida en Manila, Filipinas) para la realización de estudios que desemboquen en la licitación de los servicios entre empresas privadas extranjeras, todo siguiendo los procedimientos internos del BM. Según Jafri, “el BM, humillado en Delhi (donde las movilizaciones populares paralizaron sus planes) busca desesperadamente un ejemplo exitoso para su modelo fallido de privatización, y para ello ha elegido los rentables servicios de K-East”.

Aunque el estado español no participa directamente en PPIAF, varias organizaciones sociales, coordinadas por Ecologistas en Acción, han iniciado contactos con representantes políticos en busca de su apoyo a las demandas mencionadas.Desarrollo del sector privado y negociaciones comerciales: “A la luz de la importancia de la actividad empresarial para las estrategias de crecimiento, desarrollo, empleo, generación de renta y reducción de la pobreza”, la Comisión Europea hizo oficial, en una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo en 2003, su apoyo al desarrollo del sector privado como uno de los elementos centrales de su política de cooperación con países terceros. Dicha creencia se ha materializado en la asignación de casi 3000 millones de euros del 9º FED a diferentes facilities para el conjunto de países África, Caribe y Pacífico (ACP), destinadas al fomento de la actividad privada, el desarrollo del sector financiero, la reforma de empresas de titularidad pública, y el desarrollo de sectores estructurales como energía y agua a través del desarrollo de Colaboraciones Público-Privadas (conocidas como PPP, este término es ampliamente criticado entre los defensores de los servicios públicos por ser una forma edulcorada de referirse a procesos de privatización). Por otra parte, en 2002 la UE lanzó su Iniciativa para el Agua (EUWI), con la que pretendía “contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en agua potable y saneamiento”.

Ampliamente criticada por múltiples ONGs desde su nacimiento, tres años después de su lanzamiento, la EUWI “no ha supuesto ni una sola persona más disfrutando de acceso a agua y saneamiento”, de acuerdo con un reportaje publicado por Water Aid y Tear Fund, como consecuencia de, entre otros factores, su “empeño en atraer inversión privada a pesar del evidente desinterés de inversores internacionales por financiar proyectos de agua y saneamiento en países en desarrollo”.

Por otra parte, la política oficial de la CE considera los objetivos de desarrollo una prioridad para sus negociaciones comerciales con terceros países. No obstante, según la investigadora de Corporate Europe Observatory, Christina Deckwirth, la liberalización de los servicios de agua ha sido uno de los objetivos claves de la CE en las negociaciones sobre liberalización del comercio de servicios, tanto a nivel multilateral (Ronda de Desarrollodel Milenio de la OMC), como en negociaciones bilaterales y regionales (EU-Mercosur, EU-ACP).