Extractado de Boletín N. 57 - Viceministerio de tierras
El proyecto de CPE eleva a rango constitucional el mecanismo de reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social (FES), y también la redistribución de tierras fiscales disponibles a comunidades indígenas y campesinas
La nueva Constitución consolidará la reforma comunitaria que bate récords en saneamiento y distribución de tierra
El capítulo referido a la tierra y el territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente consolidará las reformas de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, las cuales comenzaron a modificar sustancialmente la alta concentración improductiva de la tierra a través de un rápido y masivo proceso de redistribución, asegura el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
El gobierno de Evo Morales hizo muchísimo más en dos años y medio que los regímenes anteriores en toda una década. En sólo tres años se detuvo la concentración de la propiedad agraria y comenzó un proceso de reapropiación indígena y campesina de la tierra que estaba en manos de latifundistas.
El éxito alcanzado en cuanto al saneamiento y distribución de tierras valida las nuevas normas agrarias y la metodología de saneamiento que abrevia y transparenta todo el proceso.
Según Almaraz, las cifras cantan: Frente a los 9,3 millones de hectáreas saneadas en 10 años de administración neoliberal, en dos años y medio de gestión del Presidente Evo Morales hemos saneado 14,7 millones de hectáreas. En los 10 años comprendidos entre 1996 y 2005, a los campesinos se les dio nada más que 36 mil hectáreas, mientras que en la gestión de Morales se ha distribuido 700 mil hectáreas de tierras fiscales disponibles en dos años y medio.
El año pasado, cuando ya se notaba un ritmo notablemente más acelerado en el avance del proceso agrario, la oposición comentó que el gobierno actual se limitaba a concluir procesos de saneamiento iniciados en anteriores gestiones. “Pero esto no es ni una verdad a medias (…) lo relevante es que a estas alturas hay procesos de saneamiento que empezaron y concluyeron en la actual gestión”, explica Almaraz.
En el neoliberalismo, el saneamiento de tierras era un trámite largo y poco transparente que debía cumplir más de 200 pasos; el demandante esperaba su título de propiedad hasta 10 años o más. El gobierno de Morales demostró que el saneamiento es un trámite transparente y participativo que puede resolverse en cuestión de meses.
El saneamiento de la tierra también fue un negocio redondo en el pasado reciente. Entre 1996 y 2005, los regímenes neoliberales invirtieron cerca de 90 millones de dólares para sanear 9,3 millones de hectáreas, es decir 9,43 dólares por hectárea. Ahora el gobierno de Morales sanea una hectárea de tierra a un costo promedio de 1,20 dólares.
La CPE consolida la revolución en el agro
La nueva CPE asegurará la continuidad de la reconducción comunitaria de la reforma agraria en un horizonte temporal y garantizará su culminación. “La Constitución nos asegura que terminaremos de distribuir la tierra en Bolivia”, una acción fundamental en el proceso de cambios que vive el país, con impactos muy importantes a mediano y largo plazo en la realidad social y económica, señala Almaraz.
Las disposiciones del proyecto de CPE básicamente elevan a rango constitucional el mecanismo de reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social (FES), y también la redistribución de tierras fiscales disponibles a las comunidades indígenas y comunitarias.
Almaraz coincide con los constituyentes respecto a la necesidad de limitar la extensión de la propiedad agraria. Disposiciones vigentes en la Ley de Reconducción Comunitaria y la reversión por el incumplimiento de la FES constituyen por sí solas garantías contra el latifundio y el monopolio. Sin embargo, fijar límites para la propiedad agraria evita la concentración monopólica de la tierra.
En criterio del Viceministro de Tierras, un empresario puede trabajar cientos de miles de hectáreas de manera productiva, e inclusive respetando los derechos sociales de sus trabajadores, pero eso no es saludable y no contribuye a la democratización económica.
El Viceministro de Tierras sugiere determinar el límite de la propiedad agraria mediante una ley especial que otorga mayores soportes técnicos. El parámetro debería ser discutido con una cierta ductilidad ya que puede variar en función a la marcha del proceso de desarrollo rural.
“Si se opta por 10 mil o cinco mil hectáreas (los topes que serán sometidos a referéndum), en lo personal yo me inclinaría por 10 mil porque no convendría afectar a actividades productivas que exceden las cinco mil hectáreas productivas lícitas, beneficiosas para la generación de divisas y para la seguridad alimentaria”.
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