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Constituyente Soberana - Construcción participativa de políticas nacionales de tierra, territorio, y recursos naturales en el marco de la asamblea constituyente en Bolivia


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23-01-2007 - El Estado boliviano frente a la globalización económica - Documentos y Materiales de Análisis - Otros Documentos -

El economista egipcio Samir Amin, en su libro “El capitalismo en la era de la globalización” (1), advierte el problema de las luchas étnico – raciales, el declive del Estado nación, y la secesión de países del Tercer Mundo en las últimas décadas del siglo XX. Amin propone la reorganización del sistema mundial a partir de grandes regiones, que agruparían zonas dispersas de la periferia para enfrentar los efectos más adversos de la globalización económica

 

 

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Mauricio Ochoa Urioste

El bloque de la burguesía conservadora y la regionalización del conflicto social 

En Bolivia, tras la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, las fuerzas políticas de la derecha histórica diseñaron estrategias orientadas al mantenimiento y la ampliación de privilegios de ciertos grupos de poder económico. En primer lugar, a nivel ideológico y programático, tales ideas se materializarían en la “regionalización del conflicto social”, vale decir, en la socialización de supuestas diferencias históricas, culturales y políticas entre los diferentes departamentos del país y sus habitantes.

Con este motivo se creó la agrupación neofascista “Movimiento Nación Camba de Liberación” (MNCL), que no es precisamente un grupo aislado de la burguesía conservadora boliviana; por el contrario, muchos de sus miembros fundadores son a su vez asesores del Comité Cívico de Santa Cruz y de las fuerzas parlamentarias de la derecha histórica. El MNCL tuvo desde sus orígenes el rol de ser el articulador de todos los radicalismos discursivos de este animado conflicto regional, con el fin de perpetuar las diferencias en la votación del electorado boliviano de la última década.

Paralelamente, se propulsó la elección inconstitucional de los prefectos departamentales; y se potenció a nivel mediático la presencia de los comités cívicos.

En su conjunto, esta corporativización de la vida política boliviana permitiría que la derecha histórica actúe internamente desde diferentes frentes, a saber: 1) en la sociedad civil, a partir de los comités cívicos; 2) en el sistema de partidos políticos, mediante la mutación de otros viejos, o su simple permanencia – en este frente se encuentran Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario -; 3) en el régimen interno, por medio de algunos prefectos, quiénes pese a ser aún representantes del Poder Ejecutivo, se autodenominan falazmente “gobernadores”; 4) en los medios de comunicación, a través de los periódicos, canales de televisión, y radiodifusoras de mayor audiencia.  

Este bloque no persigue precisamente la secesión de Bolivia aunque su discurso exacerbe demagógicamente los ánimos colectivos, y en otros casos, alerte sobre la posibilidad de guerras civiles y la división del país. Esta afirmación se explica en razones estrictamente económicas que “inviabilizan” cualquier proyecto independentista, a saber: la dependencia del mercado interno de los empresarios ganaderos y agroindustriales del oriente boliviano; la necesidad de preferencias arancelarias en la Comunidad Andina de Naciones para la exportación de soja; las millonarias inversiones del sector financiero y de servicios provenientes del occidente boliviano; etc.

Sin embargo, esta “regionalización del conflicto social” tiene como finalidad primaria la atomización del Estado, y más precisamente, la división territorial del electorado para así lograr una mayor penetración de los capitales multinacionales, la permanencia de los latifundios y la ortodoxia neoliberal en ciertos enclaves geográficos. El proyecto de las autonomías departamentales – tal como está concebido por el Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos afines en su propuesta hecha pública - no persigue una mayor descentralización política y administrativa; contrariamente, esta consigna es utilizada por la derecha más conservadora para que en determinados territorios de la República sus autoridades detenten mayores competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, y de esta manera se reemplace la pérdida de representación política de los partidos políticos tradicionales en el Gobierno Central y el Parlamento.

En las actuales circunstancias internas e internacionales, un auténtico proyecto político de izquierda enmarcado en la democracia multipartidaria, debería en todo caso propender a las siguientes tareas: 1) el fortalecimiento del rol del Estado en la economía con la finalidad de contrarrestar las adversidades del neoliberalismo y la globalización económica; 2) el mantenimiento y la ampliación de alianzas políticas y económicas, profundizando la integración latinoamericana, y los acuerdos de complementación económica con países de Asia y África; 3) la superación del conflicto económico y laboral de los trabajadores, sin discriminaciones o diferencias étnico – raciales que además de ser irreales – puesto que las burguesías y las oligarquías no tienen color de piel, patria ni idioma - sólo contribuyen a radicalizar el discurso atomizador de la derecha histórica, y perpetuar el electorado de este bloque que con el transcurso de los años se afianzó en los departamentos ubicados en el oriente y el sur del país.

El indigenismo y su funcionalidad  

El Movimiento al Socialismo está integrado por agrupaciones y personalidades de distinta orientación ideológica y programática: campesinos propietarios de pequeñas parcelas, organizaciones de pueblos indígenas, pequeños y medianos empresarios, profesores universitarios, etc. Esta heterogeneidad explica la existencia de lecturas de la realidad muchas veces contradictorias en este partido político que pretenden, entre otras cosas, conciliar el pensamiento indianista de Fausto Reynaga, con aquél de Sergio Almaraz, Karl Marx, Michael Foucault, Antonio Negri y la teoría económica de John Keynes. Pero en los hechos, los niveles de decisión de la administración de Evo Morales se circunscriben a un reducido grupo de asesores bastante más conservadores y “pragmáticos”, que en los últimos meses definió el rumbo de la Asamblea Constituyente, además de apostar por la continuación de una rígida disciplina fiscal, dependencia y sujeción plena a las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, erradicación forzosa de los cultivos de coca, permanencia de rentas bajísimas en la industria minera, etc.

Este vacío ideológico y programático se pretende superar aludiendo que el Presidente y sus políticas de gobierno tienen legitimidad suficiente por la simple razón que se encontraría al mando de la Nación un ciudadano indígena por primera vez en la historia de Bolivia. Si a esto se añade que el campesinado y ciertas organizaciones sociales herederas de idearios indigenistas radicales – que persiguen, entre otras cosas, la reconstitución del Qullasuyu - son el brazo social del Movimiento al Socialismo, ello explica porqué ciertas autoridades de gobierno se decantan cada vez más en un estéril discurso populista que gira entorno a revanchismos étnicos, que en los hechos, sólo contribuyen a perpetuar la división territorial del electorado boliviano, y por consiguiente, una importante representación política de la burguesía conservadora en el Senado de la República, las prefecturas departamentales, y la Asamblea Constituyente.

En efecto, desde las elecciones generales del año 2002 el mapa electoral boliviano no cambió sustancialmente y se halla dividido geográficamente en dos; cuestión ésta que se explica en gran medida como consecuencia de la permanente interacción del discurso y la propaganda indigenista y regionalista.

 

Pero quizás el mejor ejemplo de la funcionalidad de este indigenismo dentro de la estratagema política del bloque de la burguesía conservadora sea la propuesta constituyente de un Estado comunitario sobre la base de una nueva división política y administrativa del país, que toma como criterio inequívoco la existencia de una treintena de etnias que reclaman al Estado boliviano, entre otras cosas, la asignación de tierra, territorio, autonomías y competencias para definir el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

No obstante una parte considerable de la población habitante de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas vive por debajo de la línea de pobreza – situación que no le es exclusiva, por cuanto también afecta a la población urbana del país - no es menos cierto que algunas de sus autoridades “naturales” buscan simplemente una mayor concentración de poder político y económico a partir de nuevas competencias delegadas y atribuciones que, sumadas al reconocimiento pleno del derecho consuetudinario indígena en la reforma constitucional del año 1994 y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pueden terminar fragmentando aún más el Estado boliviano.

Crítico de los etnicismos y los culturalismos, Amin refiere que algunas prácticas políticas y sociales como la del comunitarismo norteamericano, que da prioridad a las supuestas identidades comunitarias por sobre las demás dimensiones de la identidad (pertenencia de clase, convicciones ideológicas), se fundan en el pensamiento culturalista. Por ello, el culturalismo étnico puede conducir a la fragmentación más amplia de identidades construidas históricamente: la “etnia” invocada, enfrentada a la “nación”, se escinde en subetnias, las tribus en clanes y así indefinidamente.

¿Es posible en estas condiciones internas que Bolivia afronte con meridiana capacidad las consecuencias nocivas de la mundialización moderna?, o por el contrario, ¿las exaltaciones desmesuradas de lo regional y lo étnico, sumados a la consiguiente pérdida de competencias y participaciones del Estado en la economía, en su conjunto sólo contribuirán a profundizar el declive del Estado nación para hacerlo todavía más vulnerable a los “cinco monopolios” (2) del centro del sistema capitalista?

Notas: 

1. AMIN, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Edit. Paidós, Barcelona, 1999.

2. Según Samir Amin, los cinco monopolios que distorsionan el funcionamiento del mercado actual son el monopolio tecnológico, el control de los mercados financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del planeta, el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva.

 

 



 


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