Guaraníes del Chaco, esclavos en el siglo XXI
(ABI | Por: Mauricio Carrasco*)
Un puñado de ricos hacendados ha hecho suyo el paraíso en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca, donde poseen las más hermosas y ricas praderas de la zona.
Muchas de ellas están bañadas por el Pilcomayo, lo que añade una estrella a su buena fortuna porque las aguas favorecen a los pastizales de engorde y a la próspera agricultura.
Como creadores del jardín de las delicias, todo lo que hay en su territorio les pertenece: tierra, ganado y unas 200 familias guaraníes que sobreviven bajo su égida en condiciones de servidumbre.
Los hacendados - vinculados a los partidos políticos que administraron el país en los últimos 50 años, pero que perdieron su caudal electoral tras la crisis de octubre de 2003 - no solo controlan a la justicia y a los gobiernos municipales locales, que están a su servicio por vínculos partidarios o sanguíneos, sino ambién la vida y el destino de cada peón guaraní a su servicio.
“Es una vergüenza que en la Bolivia del siglo XXI siga existiendo la esclavitud”, opina el Capitán Grande del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Efraín Balderas, al lamentar que todavía existan comunidades cautivas de su pueblo en cinco provincias de tres departamentos del país y que en su conjunto abarcan a 15 municipios.
Balderas, alto y de tez morena, es un líder indígena que hasta su adolescencia trabajó como peón en una de las haciendas chuquisaqueñas bajo un régimen de explotación laboral, pero que tuvo la suerte de estudiar y conseguir a través de ella esa libertad que cientos de familias de su pueblo aún anhelan.
El trabajo forzoso está expresamente prohibido en Bolivia, pero estudios oficiales establecieron que existen comunidades en condiciones de esclavitud en las provincias O' Connors y Gran Chaco, de Tarija; Cordillera, de Santa Cruz y Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca.
La recolección de castaña en el norte amazónico y el cultivo de la tierra y la ganadería en el Chaco boliviano, son dos de los casos más destacados en que se usan métodos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tipifica como de “trabajo forzoso u obligatorio”.
Ese organismo, que depende de Naciones Unidas, define el trabajo forzoso a toda actividad que se “exige a una persona bajo amenaza de una sanción y para cuya realización no se ha ofrecido voluntariamente”, lo que constituye un delito y una violación de los derechos humanos.
NORMA QUE NO SE CUMPLE
El Ministerio de Trabajo no dispone de información al respecto, y por lo tanto tampoco rige su autoridad en los ámbitos donde se practica ese tipo de abuso a pesar de la vigencia, desde mayo de 2005, del Decreto Supremo 28159 que es reglamentario a la Ley General del Trabajo en el caso específico de las comunidades cautivas.
Ese instrumento legal, según Miriam Campos, directora del proyecto Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Ministerio de Justicia, permite restituir, si se lo aplica estrictamente, los derechos y garantías laborales y el acceso a la tierra al pueblo Guaraní.
Uno de los casos extremos de explotación es la situación de aproximadamente 200 familias indígenas que viven al interior de las haciendas en las provincias chuquisaqueñas Luis Calvo y Hernando Siles.
Los trabajadores guaraníes se dirigen al hacendado como “papi” o “mami”, y muchos de ellos, según estudios ejecutados por el despacho de Justicia, llevan el apellido de los patrones.
En esas haciendas se reproduce una situación que se creía desaparecida. Si los trabajadores no cumplen con su tarea, reciben latigazos. Si bien esto no es generalizado, existen casos documentados con vídeos que sí ocurren.
Las familias y comunidades guaraníes empatronadas o cautivas, son las que principalmente trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria y que reciben retribución en especie, dinero y en otros casos en los que no se establece pago alguno.
Alrededor de 60.000 guaraníes viven actualmente en Bolivia. De ellos se calcula que unas mil familias permanecen en las llamadas comunidades cautivas, donde no tienen derechos básicos como la educación, la sanidad, la libertad de movimiento y a la propiedad de la tierra.
PROYECTOS DE PAPEL
Los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Calos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez (2005-2006) y ahora el de Evo Morales, han intentado ejecutar planes integrales para liberar a las comunidades cautivas y atender las urgentes necesidades de los indígenas guaraníes ya liberados.
Los tres primeros focalizaron como estrategia gestionar recursos de la comunidad internacional, encalidad de donación, para la compra de tierras y la dotación de éstas a 50 hectáreas por familia liberada.
La compra de tierras no sólo involucraba el acceso a ese recurso, sino que se vinculaba, además, a un componente productivo para que los propios indígenas generen una economía de subsistencia a través de la agricultura y la pequeña ganadería y mejoren sus condiciones de vida.
La administración de Evo Morales evalúo las gestiones que se realizaron desde 2002 y las descartó.
“Canalizar créditos internacionales para la compra de tierra no era lo más adecuado”, indicó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, al explicar que la nueva estrategia está contemplada en las modificaciones a la ley 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
El artículo 17 del proyecto de la futura nueva ley señala que las “tierras expropiadas por la causal de utilidad pública (?) serán dotadas de oficio exclusivamente en favor de los pueblos indígenas y originarios Yaminahua, Machinery, Tapiete, Weenhayek y Guaraní”.
La Ley 1715 se planteó sanear en el decenio 1996 - 2006 todas las tierras fiscales del país. Hasta ahora, sin embargo, y a un costo de 88,3 millones de dólares, se consolidó una superficie saneada de 11,3 millones de hectáreas. Esta cifra representa el 10.7% de la superficie nacional objeto de saneamiento, que comprende 107 millones de hectáreas.
El gobierno admite que, bajo esa experiencia, la nueva ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria podría beneficiar a las comunidades cautivas recién en siete a diez años más, porque el proceso de expropiación y saneamiento se perfila también a largo plazo.
A ello se añade la apertura de un largo compás de espera para aguardar los procesos de impugnación ante el Tribunal Agrario, por las demandas que se prevé interpondrán los hacendados y empresarios afectados por la expropiación de sus tierras.
RESOLUCION AL BASURERO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA), que tiene su sede en Washington, Estados Unidos, examina la denuncia que acusa violaciones de los derechos y garantías de la población Guaraní en Bolivia.
La percepción internacional es que existe “descuido estatal respecto de las comunidades cautivas del Chaco”.
La CIDH-OEA alega que los derechos de las comunidades cautivas a la tierra, territorio, salud, integridad y a la vida digna, “se encuentran gravemente afectados” y que las acciones emprendidas “aún son insuficientes”.
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, está de acuerdo con la percepción internacional.
El 18 de noviembre de 2005, en Monteagudo, Albarracín emitió una resolución defensorial en la que llamó la atención al Estado por no haber hecho lo suficiente en favor de los indígenas cautivos en el Chaco y al mismo tiempo sugirió medidas para poner fin a esta situación de “convivencia injusta en el país”.
Pero ninguna de las instancias estatales - según el Defensor - ha respondido con la diligencia necesaria para resolver el problema, atendiendo la resolución emitida por la institución que representa y que se basó en el estudio que elaboraron el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca.
El estudio, denominado “aipota aiko chepiaguive cheyambae”, que significa “quiero ser libre, sin dueño” en lengua guaraní, grafica las condiciones de servidumbre y empatronamiento en las que viven decenas de personas en las provincias chuquisaqueñas Luis Calvo y Hernando Siles.
NO DEBEN SER LIBRES
Los hacendados no comparten la percepción del mundo sobre lo que sucede en sus tierras. Uno de ellos - Freddy López, de Chuquisaca, padre de un ex senador de la República, considera que los “guaraníes no deben ser libres porque debe haber alguien quien los guíe, les instruya y los capacite”.
“Y es que tiene que haber alguien que aguijonee a los guaraníes para que trabajen, y esa es la verdad”.
Balderas compara a sus ex patrones con los esclavistas o los señores feudales de la Edad Media y en ello coincide con Waldo Albarracín.
“Estamos hablando de la desprotección y ausencia del Estado en esas zonas del país. Una situación de indefensión y explotación laboral y servidumbre que se asemeja a la semiesclavitud, a la que están sometidas estas familias. El patronazgo es una forma que se superó en la Edad Media, pero que sigue vigente en el país”, comentó el Defensor.
Albarracín advierte que el problema no se solucionará con el Decreto 28159 que apela a la Ley General del Trabajo o que se disponga la compra o la expropiación de tierras, “porque hasta ahora, en el tema, no se avanzó nada”.
Miriam Campos recordó que cuando se realizó el estudio denominado aipota aiko chepiaguive cheyambae, se encontraron a familias que trabajaron durante 40 años en una hacienda sin haber percibido nunca un salario.
También encontraron a niños que no asisten a la escuela, por lo que no tienen una perspectiva de vida libre; a ancianos sin asistencia médica y a personas discapacitadas que no cuentan como seres humanos para los hacendados.
Reportes de organizaciones independientes desde la zona del Chaco señalan incluso casos de venta de haciendas con “esclavos” incluidos y tráfico de jóvenes guaraníes con fines de explotación sexual.
SIN LA FORTUNA DEL BONOSOL
La indolencia y la falta de sensibilidad entre los patrones no distinguen género, edad y discapacidad.
Juana Navi se echa a llorar en la entrada de su choza construida con techo de paja, adobe y troncos retorcidos, en Huacareta, cuando recuerda que la “fortuna” del Bonosol por segunda vez le arrebató su patrón, a quien le llama “papi”.
“Papi”, que disfruta de todos los servicios en su hacienda, la recibió a ella siendo aún una niña dentro de la herencia de su padre y la condenó a continuar las labores propias del hogar, como la crianza de sus hijos y nietos, la limpieza de la gigantesca casona, el lavado, planchado y la atención de los peones de 14 a 16 horas al día durante los últimos 60 años, sin recibir ninguna compensación económica.
Como ella, otros ancianos corren con la misma suerte y muchos, dice Juana, murieron sin tener en sus manos esa “gran fortuna”.
La mujer - que lleva en su rostro un siglo de tristeza - no sabe cuándo nació pero recuerda que era una niña cuando el Ejército sorteó ríos y selva y llegó a su pequeña comunidad para reclutar a varios hombres como combatientes para la Guerra del Chaco (1932-1935).
En sus manos aprieta dos documentos que su nieta le arranca por la fuerza: una cédula de identidad y el carné del registro único nacional, que señalan que nació en 1926.
Dos veces llegó a la institución bancaria para cobrar el beneficio que otorga el Estado a todos los bolivianos mayores de 65 años.
Desde la hacienda de “papi” a la pequeña ciudad rural de Huacareta sólo se puede llegar atravesando varios ríos, entre ellos el Pilcomayo. El viaje, que se lo realiza a pie, si hay buen tiempo, dura entre dos y tres días, ida y vuelta.
Entre noviembre y marzo, sin embargo, las lluvias provocan que la travesía supere hasta los siete días.
Navi, encorvada y empequeñecida por los años, ha vencido al poderoso Pilcomayo, pero no a “papi”.
En el Defensor del Pueblo, la Sub prefectura y la comuna local las quejas de Navi y de más de 150 ancianos, de otras haciendas, están contempladas en los libros de registros que dan fe de las denuncias.
Las autoridades del Ministerio de Justicia conocen también de la situación.
“En junio era mi cumpleaños”, dice Navi mientras lágrimas del corazón recorren los surcos de su cansado rostro.
Para ella las formas de vida de hace tres siglos se mantienen inalterables en la hacienda. En un mundo de esclavitud como ese, donde recibe comida y ropa usada como pago por su trabajo, 1.800 bolivianos “es una gran fortuna”.
LOS ECOS DE KURUYUQUI
En una alianza interinstitucional entre los ministerios de Justicia y Trabajo se realizaron inspecciones laborales a las haciendas chaqueñas de Chuquisaca para revertir la injusticia de las familias que nunca percibieron un salario. Se constató que no son pocos los casos en que por casi 40 años no recibieron paga alguna, como el de Navi
Ahora se trabaja en la conciliación de cuentas de los últimos tres años, sobre la base del salario mínimo nacional, que es de 500 bolivianos, y la indemnización, en algunos casos, de las últimas cuatro décadas.
El Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca informó que además de la acción gubernamental en materia laboral, con la ayuda de la cooperación internacional contratarán a un abogado para que inicie procesos laborales contra los hacendados que se niegan a saldar las viejas deudas.
Los hacendados admiten a condición del anonimato que con un gobierno indígena como el de Evo Morales es mejor conciliar cuentas que perder las propiedades e ir a la cárcel.
Muchos temen que con la política del gobierno de luchar contra la exclusión y la inequidad, los guaraníes, que los superan en número, “levanten la cabeza” y tomen las armas como lo hicieron en 1892, en Kuruyuqui.
Fue en Kuruyuqui donde el Ejército de la República aplastó al pueblo guaraní, después que éste frenó por casi cuatro siglos la constante presión para ser conquistado y civilizado por quienes codiciaban su territorio.
En 1992, cuando se cumplió el centenario de la masacre, se inició el proceso de la liberación de las comunidades cautivas. Se constató, sin embargo, que al cabo de pocos años muchos de ellos volvieron a la condición de empatronamiento porque no tenían medios de subsistencia o porque establecieron relaciones como los hermanos de leche u otras figuras sociales que se dan en esa región entre los dueños de las haciendas y los indígenas.
La Iglesia Católica y organismos de cooperación internacional promueven desde principios de la década pasada la compra y distribución de predios a favor del pueblo Guaraní, como ya ocurrió en las comunidades Ipatí, Amaguazú, Villa Hermosa, Ñaurenda, Aguayrenda, Ziponi, Cañadillas, Tierra de El Ingre y Casapa de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
Algunas de las acciones ejecutadas en ese sentido tuvieron éxito, pero se constató también que muchas de las familias beneficiadas con diferentes programas para que alcancen su libertad plena volvieron a la condición de servidumbre porque no contaban con los medios necesarios para subsistir.
Mientras el pueblo Guaraní aguarda la aplicación de nuevas estrategias para su liberación, su historia la seguirán escribiendo, todavía, los vencedores de Kuruyuqui. Hasta ese día, los campos de las haciendas serán su cuna y también su cementerio.
* Mauricio Carrasco es periodista
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