Redacción deEconoticiasbolivia
La Paz, enero 3, 2007.- El carismático presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, dilapidó en menos de seis meses su victoria electoral en el oriente y sur del país, donde por omisión, debilidad y su tímido reformismo revitalizó a una oligarquía que asume rasgos fascistas, que ahora tiene gran arraigo popular y que por la fuerza arrincona y aterroriza a las organizaciones campesinas e indígenas.
Los hechos son elocuentes. El jueves 14 de diciembre cerca de tres mil vecinos y trabajadores se concentraron en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la política de Morales y repudiar las acciones de la oligarquía, que amenaza con dividir al país si no se atienden sus exigencias de autonomía. Un día después, los oligarcas lograban en esa misma urbe la adhesión de casi 300 mil personas que clamaban por la autonomía regional y condenaban al gobierno central. Una diferencia de uno a cien, en una plaza que paradójicamente se había inclinado electoralmente el 2 de julio de este año en favor del partido del presidente Morales con el 26% de los votos.
En otras tres regiones, como Tarija, Beni y Pando, masivas concentraciones populares convocadas por la oligarquía en contra de Morales refutaban, también desde la calle, los resultados alcanzados en las urnas en julio, cuando el MAS cosechó el 40%, 21% y 37% de los votos, respectivamente.
Ahora, a mediados de diciembre, en varias poblaciones del oriente, bandas organizadas de la Unión Juvenil Cruceñista, dependientes del Comité Cívico de Santa Cruz, siembran el terror entre los militantes y simpatizantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quemando mercados, golpeando a los indígenas y a los activistas de derechos humanos y acallando a los medios de comunicación independientes. En la propia ciudad de Santa Cruz, son constantes las agresiones contra los campesinos y migrantes del altiplano y muchos condenan e insultan a Evo Morales, al "indio al que quieren echar del poder". Todo ello ocurre ante la inacción del gobierno central, que se limita a observar con impotencia el empuje de una oligarquía que dirige ahora un potente movimiento popular con claros rasgos fascistas.
LA FUERZA AUTONÓMICA
En los hechos, la burguesía latifundista y financiera, a través de los Comités Cívicos (que aglutinan a las organizaciones empresariales, vecinales, laborales, sindicales, culturales e incluso deportivas) y los gobiernos prefecturales (gobernaciones) ejercen el control real en las regiones más ricas del país (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), mientras que el gobierno central de Morales tiene un rol secundario. En estas regiones el discurso dominante es la "autonomía" y el repudio al centralismo que, en la extendida creencia popular, es presentado como el que inviabiliza el crecimiento económico, dejando en el abandono y la pobreza a las regiones y comunidades del interior del país. Allí, casi todos demandan una mayor y urgente atención directa a sus necesidades de empleo, ingreso y progreso, demandando mayor participación para decidir el destino y uso de las riquezas y recursos naturales de la región, aunque siempre en el marco de la unidad nacional.
Esta bandera, que une a sectores y regiones, ha sido dejada de lado por las fuerzas de izquierda y del MAS, que no dan respuesta a esta reivindicación y, por contrario, cuestionen y combatan la autonomía. No es casual, por tanto, que la oligarquía levante esta divisa, la llene de un contenido reaccionario y se convierta en líder de la multitudinaria protesta.
A estos pueblos del oriente, sur y norte del país, con excepción del Altiplano y parte de los valles, el presidente Morales les ha dado a elegir entre respaldar a su gobierno de la izquierda indigenista, contrario a la autonomía, o apoyar a la oligarquía reaccionaria. Y los pueblos se alinearon detrás de la segunda opción.
EL RETORNO DE LA DERECHA
Tras su rotunda derrota política en las calles (en las jornadas de octubre de 2003, cuando se derrocó al neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, y en junio de 2005 cuando se echó a su sucesor Carlos Mesa) y después de ser barrida en las urnas (en diciembre de 2005), la derecha comenzó a revitalizarse con la bandera de la autonomía y el acuerdo político que logró con el gobierno de Morales para la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Producto de este pacto se impidió la participación directa de las organizaciones sociales y sindicales en la Asamblea, con el claro objetivo que el MAS tuviera la hegemonía política y de representación de las clases sociales subalternas y para que la oligarquía tuviera la presencia necesaria que le permitiera negociar el alcance de la autonomía y la nueva Constitución Política del Estado.
Desde su concepción hasta su instalación, la Constituyente estaba marcada por un pacto de largo aliento entre el MAS del presidente Evo Morales con las logias de poder y partidos representantes del imperialismo y la oligarquía interna. El acuerdo, refrendado en la Ley de convocatoria a la Asamblea y hecho realidad en las urnas, daba al MAS el control de la mayoría de los asambleístas y la posibilidad de marcar el rumbo de la Constituyente, dejando a la derecha neoliberal el derecho a veto para frenar cualquier iniciativa o acción que vaya en contra de sus intereses. El pacto se sintetizaba en los dos tercios de los votos de los asambleístas, que el MAS no tenía y que eran necesarios para elaborar la nueva Constitución Política del Estado, según lo admitía hasta hace poco el propio vicepresidente, Álvaro García Linera, gestor del pacto.
EL PACTO CON LA OLIGARQUÍA
"Este diseño electoral (de la Asamblea Constituyente) ha impedido la presencia de mayorías abrumadoras. Por el propio diseño, que fue resultado de un acuerdo entre la oposición (petrolatifundista) y el Gobierno, nadie, nadie podía obtener más del 65 por ciento de la votación. Se privilegió, se respetó la presencia de minorías políticas, y encima, en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, se colocó un candado: la obligatoriedad de los constituyentes a tener dos tercios del voto para aprobar sus decisiones. Por lo tanto, la obligatoriedad de alianzas, de acuerdos, de consensos, todo eso está en la misma Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, fruto de un acuerdo de oposición y de Gobierno", decía García Linera, representante del ala moderada del MAS.
Este pacto se orientaba a minimizar las reformas a la Constitución previstas por el MAS a cambio de moderar al máximo las pretensiones autonomistas y separatistas de la oligarquía asentada en el oriente del país (ver "La Constituyente y el dilema del MAS").
PRESIÓN INDÍGENA Y CAMPESINA
Sin embargo, este pacto, que invializaba a la propia Asamblea, fue echado por la borda por las fracciones campesinas e indígenas del MAS a finales del 2006, una vez que el gobierno de Morales logró armar una alianza estratégica con las transnacionales del gas y el petróleo, legalizando sus contratos, aumentando los ingresos para el Estado y abriendo nuevos y millonarios negocios para las petroleras, que se aseguran grandes beneficios al exportar materia prima a mitad de precio a Brasil y Argentina.
Forjada la nueva alianza entre el gobierno de Morales y las petroleras, las organizaciones campesinas e indígenas creían que ya era hora de romper políticamente con los sectores más reaccionarios y duros de la oligarquía criolla, aunque sin arrebatarles sus millonarios intereses y privilegios (la reformada ley neoliberal de tierras, por ejemplo, no toca los latifundios productivos y afecta muy parcialmente a los latifundios improductivos, aunque hay mecanismos para vulnerar su aplicación).
Hasta ahora, estas organizaciones oficialistas han logrado frenar a las fracciones pequeño burguesas urbanas del MAS, que pugnan por todos los medios para rearmar el pacto con la derecha fascista, a fin de habilitar la candidatura electoral de Morales al que quieren mantener en la Presidencia por los siguientes 10 años. Para ellos, el resto de la nueva Constitución no es más que un simple papel mojado, que no sirve para nada fundamental.
EVO, ENTRE LA DUDA Y LA INACCIÓN
En medio de estas fracciones, el presidente Morales duda y dubita. Hasta ahora, no atina siquiera arrebatar a la derecha las banderas de la autonomía, tampoco lesiona ni hiere sus poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorías del área urbana y rural. Evo ha perdido sus bases en el oriente, aunque simultáneamente se ha revitalizado en el occidente, en el altiplano y los valles, donde el odio contra la oligarquía es mucho más fuerte que la ausencia de un cambio real en la economía y el nivel de vida de la población.
La inacción y tibio reformismo gubernamental ha levantado a la derecha del sepulcro y le ha dado un renovado vigor en el oriente, el suficiente para obligar a las organizaciones sociales, populares y sindicales del altiplano y los valles para alinearse detrás de Morales, que en el fondo busca rearmar un pacto con la oligarquía, que a su vez quiere compartir el poder con el Presidente y controlar la región oriental.
Confrontadas ya las fuerzas en las calles, el gobierno del MAS y la oligarquía están listos para reanudar el diálogo en la primera quincena de enero en busca de una nueva alianza.
El Poder Ejecutivo convocó públicamente a prefectos, cívicos, sectores sociales y constituyentes a una "Cumbre política" para resolver el mecanismo de votación que enfrenta al oficialismo y oposición. El vocero de Gobierno, Álex Contreras, afirmó que se siguen haciendo consultas para definir la fecha y el lugar del encuentro. El influyente entorno blancoide-mestizo que rodea al Presidente trabaja febrilmente para el nuevo pacto.
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