LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL ESTADO Disputas por la Organización y el Control Territorial
Gonzalo Vargas Rivas 1. INTRODUCCIÓN
La historia relata episodios que bordean el límite de lo fantástico, por los sucesos ocurridos en la ansiada búsqueda de "El Dorado", empresa que costó la vida de muchos europeos, por su aventurada incursión a los espacios vírgenes de la densa selva montañosa desde los yungas andinos, hasta los llanos orientales de lo que es hoy el territorio boliviano.
Estos espacios tropicales de incalculable riqueza natural –no solo por cuantos millones de billetes significarían su aniquilamiento, como piensan quienes ya conocemos, sino por la bondad que la madre naturaleza ha tenido para con nosotros, la inteligente especie humana que cotidianamente edifica su aniquilamiento–, han sido apetecidos por intereses, con fines particularmente mercantiles en los diferentes momentos de la historia nacional.
Diversas estrategias de incursión han sido diseñadas. Los españoles en su momento, especialmente a través de los mecanismos misionales. En el período republicano (fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX), los intentos de vincular el altiplano y los valles con las tierras bajas tropicales con la expectativa de promover dinámicas de desarrollo económico, han sido tarea permanente y esporádico a la vez, de diferente gobiernos nacionales. Sin embargo estos propósitos tomaron mayor vigor a partir de 1952, etapa en la que se promueven estrategias económicas y sociales, que tuvieron poco éxito en épocas precedentes.
Los procesos de colonización fueron la base social de este desarrollo, ignorando la existencia de diversos grupos humanos con patrones culturales diferentes, hecho que actualmente plantea una importante interrogante: ¿Como establecer mecanismos de complementariedad del manejo territorial entre estos grupos sociales y los de incursión casi desordenada desde tierras altas?
La historia también nos ha revelado, que las estrategias andinas de manejo territorial, han adoptado formas apropiadas a la complicada topografía montañosa con fines de diversificación productiva y complementariedad ecológica, para la que se desarrolló una compleja organización social.
Ese manejo complementario de pisos ecológicos hoy reducido a su mínima expresión, por diversos factores político-estructurales históricamente aplicados, expusieron a las comunidades andinas a una situación de crisis, por lo asfixiante de sus ahora pequeños territorios desconectados de sus antiguos archipiélagos y que adicional, pero de manera contundentemente sufren el deterioro ambiental por los cambios climatológicos, como resultado del deterioro estructural de nuestro planeta tierra.
En este sentido, el ámbito espacial de tierras bajas, incluyendo el Chapare cochabambino, un nuevo espacio complementario de muchos pueblos andinos, debe merecer un profundo estudio y diseño de políticas de organización territorial, privilegiando las dinámicas de concertación y construcción de consensos que de manera natural se dan en la base misma, entre los diferentes actores de las sociedades agro-céntricas.
2. EL PATRÓN DISPERSO DE LAS POBLACIONES ANDINAS
La "Cordillera Andina" en su extenso territorio, contiene una gama de ecosistemas y se caracteriza por una alta variedad de recursos naturales, irregular topografía con marcadas diferencias de altitud y relieve que implica condiciones climáticas muy variables, y por tanto grandes riesgos y potencialidades para la producción que los habitantes andinos desde tiempos remotos exigió a sus pobladores desarrollar estrategias productivas y organizativas muy complejas que combinaban los espacios dispersos y recursos de la puna con otros de valle, a los cuales descendían descolgandosé en un interesante manejo de pisos ecológicos denominados también archipiélagos:
tales archipiélagos verticales [eran] compartido[s] por etnias muy distantes geográficamente entre sí, y muy distintas en cuanto a la complejidad de su organización económica y política [...] La población hacía un esfuerzo continuo para asegurarse el acceso a “islas” de recursos, colonizándolas con su propia gente, a pesar de las distancias que las separan de sus núcleos principales de asentamiento y poder (Murra, 1987: 30-32)
Las comunidades de la puna habían establecido pequeñas colonias en las tierras templadas de los valles, también a propósito de la diversificación productiva, ampliando sus estrategias económicas y de organización. Pero “sin obras públicas en gran escala que pudieran levantar andenes en las laderas y construir sistemas de irrigación, la agricultura del valle continuó siendo de pequeña escala, dispersa, y secundaria a la agricultura de subsistencia del altiplano" (Larson, 1992: 38).
Las colonias de los señoríos Aymaras se habían extendido a un espacio más amplio llegando incluso a tierras más cálidas, fundamentalmente por el acceso a la coca.
Veamos por lo declarado tanto en 1549, como en 1562, que el control de los cocales se ejercía a través de representantes provenientes de pueblos y grupos étnicos serranos, “de todas las parcialidades de los chupachos”, establecidos permanentemente con sus familias en la ceja de selva (Murra, 1987: 33).
El manejo del complejo social andino, implicó también la adaptación de estrategias sociales de organización de la fuerza de trabajo familiar destinadas a mantener el ordenamiento social y territorial desde las actividades domésticas, hasta otras consecuentes del amplio desplazamiento territorial. Así las comunidades andinas:
...han sabido llevar un manejo paralelo de varios ciclos agrarios, que las mantiene mucho más cerca de una utilización continua de la mano de obra que una unidad monoproductora. Sin embargo, pese al manejo de los ciclos agrícolas dentro de la comunidad, existen variaciones notables en el uso de la mano de obra. [...]
El primero es el aprovechamiento de toda la mano de obra familiar en los períodos de mayor trabajo. Así, en la cosecha de la papa participan las familias enteras, con excepción de los menores de quizás tres años y los muy ancianos, a quienes se encarga el cuidado de los menores (Golte, 1980: 49)
3. RECONFIGURACION HISTÓRICA DEL TERRITORIO: PRECOLONIAL Y COLONIAL 3.1. La expansión Inca
No mucho antes de la "conquista" española, el Estado Inca se había extendido al territorio del Kollasuyo. Según las referencias de Larson, bajo el Inca Pachacuti (1438-1471) los guerreros incas del norte, se abrieron paso hacia los ricos y poblados reinos del Collao, la región alrededor del lago Titicaca, venciendo la encarnizada resistencia Aymara.
El inca Tupac Yupanqui (1471-1493) asentó a poblaciones que eran étnicamente extranjeras entre los recién subyugados, construyó una red de caminos y tambos y comenzó a reclutar guerreros aymaras para sus propios ejércitos imperiales. El Inca Huayna Cápac (1493-1527), elevó el "status" de ciertos grupos aymara para que sirvieran como sus guerreros profesionales. El Estado incaico manipuló hábilmente las normas de la complementariedad, reciprocidad en la comunidad para absorber la producción de excedentes de una población autosuficiente, reorganizando las redes de poder que vinculaban los señoríos aymaras e iniciando también un importante enclave de producción maicera en el valle de Cochabamba.(1992: 45-47)
3.2. Expansión del Estado Español
Ante el advenimiento de los europeos, los lupacas y pacajes del distrito lacustre y, luego, la confederación: Charcas, Caracaras, Chuyes y Chichas entablaron una encarnizada guerra defensiva contra los invasores blancos y sus aliados indígenas.
Los valles de Cochabamba se convirtieron en campo de batalla final entre los europeos y la Confederación Charcas, dejando temporalmente, "al granero del tawantinsuyo en una tierra devastada" (Larson, 1992: 53). Los mitayoc y los numerosos mitimaes residentes abandonaron los campos reales de maíz para regresar a sus casas en los ayllus de las alturas a lo largo del altiplano.
Los europeos comenzaron a alterar el mundo que habían conquistado. El rey de España otorgó donativos a los españoles dignos de recibir tales recompensas o repartimientos que consistía en entregar fracciones de territorio junto a sus habitantes, quienes tenían la obligación de pagar tributo al beneficiado. La conveniencia y la ignorancia de los europeos causaron grandes estragos con la organización y las nociones de territorialidad de los andinos:
Los europeos comenzaron a fragmentar, desintegrar y reordenar a los reinos étnicos surandinos. A medida que marcaban grandes distritos administrativos contiguos en el paisaje andino, ellos separaron confederaciones étnicas, desgajaron parcialidades y truncaron los “archipiélagos” étnicos [...].
Los nuevos jefes pidieron a los caciques requisar a trabajadores campesinos para sus propias pequeñas empresas, pero —al contrario del Inca, que solo esperaba ser pagado con fuerza de trabajo— el encomendero exigía el pago del tributo con fuerza de trabajo, en especie y, cada vez más, en dinero (1992: 56-57)
3.3. La Reducción de Indios
A partir de la década de 1570, el virrey Francisco de Toledo construyó un nuevo sistema de administración colonial que eliminó la encomienda y concentró a la población andina en 614 reducciones, bajo el control directo del Estado.
El programa de reasentamiento forzoso de Toledo constituía un asalto a las redes de parentesco andinas de una magnitud sin precedentes. Las múltiples aldeas que salpicaban las laderas de las montañas y se ocultaban en las profundidades de los valles fluviales iban a ser “reducidas” a pueblos ordenados y administrados cuya ubicación era elegida en términos de su facilidad de administración y buen clima (1992: 94)
El objetivo fue facilitar la recaudación de impuestos y evangelización de los indios. Una redistribución de tierra acompaño a la creación de los pueblos de indios, inscribiendo a los varones como tributarios y mitayos. El Estado también se introdujo en la jurisdicción de los pueblos de indios para definir los términos de redistribución de las cosechas excedentes.
Las redes de parentesco, los ritos y ceremonias que formaban la base de su sistema de organización tradicional, fueron embestidas y manipuladas por las mismas políticas coloniales que, en teoría, estaban destinadas a proteger ciertas costumbres y tradiciones. De esta manera, el Estado toledano se aprovechó de las instituciones tradicionales andinas de reciprocidad y redistribución; las redirigió y utilizó para sus propios fines.
Con el fin de ejecutar la reorganización de la sociedad rural andina, Toledo creó una intrincada y entrelazada red de agentes de poder. Del lado europeo, una jerarquía de funcionarios coloniales —desde el corregidor y el párroco hasta el protector real de indios, el carcelero y el funcionario judicial— servían como eslabones en la cadena de mando que se iniciaba en los escaños más altos del gobierno [...] De esta manera, Toledo intentó asimilar a las autoridades nativas dentro de la nueva estructura de poder (1992: 97)
El devastamiento del valle bajo Cochabambino fue reorganizado con la creación de cinco distritos indios. Sipesipe, El Paso y Tiquipaya ubicados en el Valle Bajo. Tapacarí ubicado a orillas de dicho río, en el extremo occidental de la provincia y Capinota, situado en el valle del río Arque.
El fundamento del sistema toledano es el principio de la segregación espacial de dos grupos sociales. En las reducciones juntaron a los "indios originarios" y los que habitaban fuera de ella son llamados "españoles". Un sistema de segregación espacial en que indios y españoles se vinculan al Estado a través de distintos derechos y obligaciones (Gordillo, 2001: 2).
A los primeros se otorgó títulos de posesión común de tierras, con obligaciones tributarias y de prestación de servicios en las minas a través de la “mita”, mientras los españoles pagaban impuestos y estaban exentos de la mita, además de acceder a la tierra con títulos de propiedad individual.
En este orden de cosas establecidas por la sociedad colonial que luego heredó la república boliviana, las comunidades indígenas del altiplano mantuvieron relativamente intactas sus formas de gobierno interno y sus territorios.
Pero, en el caso de los valles formados por poblaciones indígenas de mitimaes, con poca cohesión política y cultural interna, el proceso de pérdida del territorio comunal en manos de hacendados fue amplia y vertiginosa; al mismo tiempo que estas comunidades multiétnicas se desintegraban o debilitaban políticamente, la población mestiza de fines del siglo XVIII aumentaba significativamente.
3.3.1. Los Yanaconas y los Mestizos
Las reformas de Toledo no contemplaban mano de obra para los hacendados. Debido a un reclamo de estos, se autorizó el sistema de Yanaconaje adscribiendo trabajadores indígenas en calidad de sirvientes que no estaban obligados a servir en la mita, ni pagar tributo, lo que generó el paulatino despoblamiento de comunidades del altiplano y valles por indígenas que escapaban de la mita a refugiarse en las haciendas en calidad de “yanaconas", agregados, forasteros y finalmente adquiriendo el status de mestizos.
4. LAS POLÍTICAS REPUBLICANAS
El proyecto liberal, planteado por Bolívar fracasó por que el Estado colonial se había desarrollado sobre las bases del manejo territorial tradicional. "Los intentos por privatizar las tierras de las comunidades indígenas no prosperaron y los ingresos del Estado siguieron dependiendo de las contribuciones indigenales hasta fines del siglo XIX. Quizá el único logro de esta administración fue la confiscación de las tierras corporativas de las ordenes religiosas" (2001: 4).
El proyecto liberal retomado por los gobiernos posteriores, marcadas por pugnas internas, debatían si una manera de lograr la modernización del Estado era “integrando” a los indios en el proyecto liberal, lo que supondría un proyecto “civilizador” de estos; o si el camino mejor era eliminarlos, una vía más fácil.
“El resurgimiento de la plata en el último cuarto del siglo XIX estrechó los vínculos comerciales del país con el extranjero” (Mitre, 1981: 156), liquidándose la política protectiva de la producción local. A partir del gobierno de Aniceto Arce (un representante de los "patriarcas de la plata"), se establece un sistema democrático con partidos políticos, en base a una democracia electoral de participación limitada por el sistema del "voto calificado", se introduce por primera vez la locomotora y las vías férreas.
4.1. Ruptura del pacto de reciprocidad
Entre los años 1860 y 1900, los gobiernos bolivianos en su proyecto modernizador intentaron modificar el régimen colonial del Estado en su relación con las comunidades indígenas.
El “pacto de reciprocidad” alentada por las insurgencias indígenas, era un mecanismo protector ejercido por el Estado en su relación con las comunidades indígenas que por este hecho estaban comprometidas a contribuir al Estado.
...dentro de la ideología comunitaria, tanto los “servicios forzados” como la cancelación del tributo, de acuerdo a cánones tradicionalmente aceptados, constituían la contraparte comunal de un pacto de reciprocidad con el Estado. Con la Revisita [decretada en 1879], se planteaba una transformación total de sistema impositivo vigente, o sea el desconocimiento unilateral del “pacto”. Se buscaba revisar las categorías tributarias conocidas (originario, agregado, forastero), extender títulos individuales previa agrimensura, extinguir la comunidad como unidad impositiva, reajustar el impuesto de acuerdo a la producción de cada predio (Platt, 1982: 100-101)
La Ley Exvinculatoria, no encontró resistencia en las comunidades del valle a diferencia de lo que ocurriría en el altiplano en la que se consolidó a través de mecanismos violentos, una estructura agraria compuesta por comunidades y haciendas.
Los hacendados del altiplano debatían sobre las ventajas derivadas de dos proyectos agrarios alternativos. Uno consistía en monopolizar el territorio agrícola convirtiendo a los indios en peones, y otro, que tendía a mantener la organización comunal al interior del territorio hacendal convirtiendo a los indios en colonos (Gordillo, 2001: 5).
4.2. Las influencias ideológicas modernas
En 1952 proletarios y campesinos al influjo de las ideologías marxistas e indianistas gestaron un movimiento social que derrocó al gobierno de la oligarquía iniciándose una etapa de cambios revolucionarios expresados en: la Reforma Agraria, la Nacionalización de las Minas, el voto universal, etc.
El régimen de gobierno y la intelectualidad de la época (arraigadas aún a la filosofía del darwinismo social) pretendían construir una nación étnicamente homogénea a través de la integración de los indígenas a una cultura nacional. El establecimiento del Estado nación.
El ala derechista del MNR abiertamente vinculada a las elites tradicionales, propugnó reformas en el agro que convirtieran a los indígenas en trabajadores rurales, subordinados a patrones “progresistas”, mientras el ala izquierda ligada al sector minero, artesanal e intelectuales de las ciudades, buscaban transformar los latifundios en cooperativas agrarias en las que los indios y campesinos se convirtieran en proletarios rurales comandados por interventores mineros. (2001: 5)
Los indígenas del altiplano rechazaron ambas propuestas exigiendo la preservación de sus tierras comunitarias, mientras los campesinos de los valles de Cochabamba organizados en sindicatos, ocuparon las tierras hacendales consolidando la distribución parcelaria.
4.3. Con vista al Oriente Boliviano
Como hemos señalado al principio, históricamente las tierras bajas tropicales, habían concitado el interés de propios y extraños, por incursionar a las mismas. A fines del siglo XVII, con la incursión de los españoles en Santa Cruz y de las Misiones en Moxos y Chiquitos, los Yuracarés, fueron perseguidos, capturados y vendidos en calidad de esclavos a los hacendados cruceños. Muchos se refugiaban en lo profundo del bosque de la hoy denominada Chapare, cortina natural que protegió a los indígenas Yuracarés de la persecución de españoles. Recién en 1768 se logra la incursión en terreno chapareño, cuando las "Montañas de Yuracares se abren bruscamente a la influencia misional/hacendal" (Rodriguez, 1997: 24)
Posteriormente, en consecuencia al proceso de la Reforma Agraria, las políticas gubernamentales pusieron los ojos en las tierras bajas del oriente. Era la aplicación de los postulados “nacionalistas” del MNR y su ideólogo Carlos Montenegro (1953: 176-179), de crear una “burguesía nacional”.
Con este objetivo a partir de los años 50 el Estado boliviano aplicó políticas económicas tendientes a incentivar el desarrollo agropecuario y la industrialización en Santa Cruz. Se dotó de extensas tierras a “empresarios agroindustriales”, a quienes se otorgó además, cuantiosas sumas de dinero en créditos, esfumados sin lograr los resultados esperados. Se promovió flujos migratorios desde el altiplano y valles, con frágiles políticas de colonización.
5. EL NEOLIBERALISMO Y LA REARTICULACION TERRITORIAL
La imposición de estrategias económicas mundiales más conocidas como la “globalización” y el desarrollo del neoliberalismo en las últimas décadas, se ha expresado en nuestro país, en la radicalización de la economía de mercado, y los ajustes jurídico económicos, conocidos como el ajuste estructural, lo que ha derivado entre otras cosas, en la enajenación de los recursos naturales (renovables y no renovables), la pérdida de los derechos laborales y la soberanía de los pueblos y peor aún en relación a los pueblos indígenas por el expropiación de sus derechos territoriales.
Con una excesiva fidelidad a los mandatos externos y el ajuste estructural, los últimos gobiernos han marcado una estrategia política para radicalizar las políticas de corte liberal.
En ese contexto, de ofensiva neoliberal y derrota del movimiento popular, se ha ido desarrollando de manera opuesta la emergencia de nuevos actores sociales, los pueblos indígenas y originarios.
Las políticas de libre mercado están respaldadas por un conjunto de leyes tendenciosamente favorables a los procesos privatizadores, como son las leyes sectoriales (Ley INRA –atenuada por los ajustes hechos a través de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria–, la Ley Forestal, el Código de Minería, la Ley General de Hidrocarburos), los intentos de emisión de leyes específicas, algunas de ellas han encontrado fuerte resistencia, como la relativa al agua, o el muy cuestionado Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que quedó paralizado por la fuerte oposición de las organizaciones sociales del área rural.
En este marco se emprendió con el proceso de Descentralización Administrativa que juntamente a la Ley de Participación Popular han ampliado la participación ciudadana hacia un ámbito más administrativo que político. El objetivo es la apropiación del territorio nacional en manos del Estado y establecer un control sobre el mismo a través de la construcción de una institucionalidad tendiente a desarrollar capacidad de gestión en territorios recién incorporados al Estado, en menoscabo del territorio de los pueblos indígenas.
En el área rural la Ley de Participación Popular ha ampliado la jurisdicción municipal, anteriormente constreñida a los espacios urbanos pequeños, y esta queda facultada a administrar una serie de recursos, entre ellos los recursos naturales, cuyo manejo para el caso de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, hasta ese momento había estado en sus propias manos y administrado según normas y procedimientos tradicionales.
En esta coyuntura, se teje un conjunto de movilizaciones sociales, sobre todo del área rural, cuyos reclamos rebasan los tradicionales pedidos de la recientemente pasada época "desarrollista" concentradas en pedido de insumos, mercado y crédito para la agricultura; hoy los reclamos se dirigen a derechos de autonomía territorial, que implica el derecho a los recursos naturales que existen en sus territorios, sus derechos colectivos, sus propias autoridades y gobierno, es decir la vigencia de la justicia comunitaria, desafiando las leyes que protegen y consolidan la apropiación privada de estos recursos.
6. EL ESTADO BOLIVIANO Y SUS POLÍTICAS TERRITORIALES
Bolivia un país abigarrado como lo señalara Zabaleta Mercado, no logra resolver las contradicciones congénitas de su fundación. La dualidad entre el Estado republicano liberal, y las Naciones Originarias; realidad-conflicto que la Constitución Política del Estado ha intentado resolver –en el papel– otorgándole el carácter de república unitaria “Multiétnica y pluricultural”.
Los acontecimientos sociales desarrollados en los últimos 25 años de vida democrática, nos hacen pensar, no solo en una urgente reformulación que el Estado debe hacer en las políticas de Ordenamiento Territorial, que tome en cuenta y respete las prácticas de uso y ocupación del espacio vital de los pueblos indígenas y comunidades originarias, del manejo de sus recursos naturales, las formas de organización, normas y autoridades tradicionales; porque estas siguen vigentes y son adecuadas a sus formas de vida.
Tales ajustes no se lograrán con la fuerza necesaria, si no se hacen las transformaciones constitucionales demandadas por el pueblo boliviano, lo cual parece colapsar ante los mecanismos que los grupos de poder han operado con mucho éxito.
Si las soluciones a estos profundos problemas que oprimen a los pueblos indígenas, no tienen respuesta a través de las vías legalmente establecidas, y por las que apostaron, planteando además propuestas socialmente construidas a la Asamblea Constituyente, por la fuerte oposición que han expresado los grupos de poder a través de sus representaciones políticas o de manera directa, se puede suponer que quedará un camino expedido, y como señala la historia, que los pueblos indígenas, originarios y campesinos, establezcan en los hechos la defensa legítima de sus derechos territoriales, sobre todo cuando existe un instrumento internacional, homologado en nuestro país en carácter de Ley (3760), como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que otorga a estos “el derecho a la libre determinación.
En virtud de ese derecho determinarán libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural [así como el] derecho a la autonomía o el autogobierno.” (Arts.3 y 4). El “derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización” (Art. 26)
Si los pueblos indígenas así lo deciden, apelaran a la fuerza compulsiva de la Ley en sentido de que en el futuro, el Estado nacional estará obligado a:
[Celebrar] consultas y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos naturales, hídricos o de otro tipo. (Art. 32. 2)
En el mismo apego al cumplimiento de la Ley, también se deben establecer las políticas adecuadas de colonización, tomando en cuenta que en el occidente o la región de tierras altas, como el altiplano y los valles interandinos, han llegado a un nivel tal de parcelamiento y sobreexplotación del recurso tierra, rebasando ya la capacidad de carga humana, degenerando en procesos erosivos tanto físicos como sociales; por lo que es necesario desarrollar políticas, para un proceso de colonización organizada y adecuada a las pautas culturales, tradicionalmente desarrolladas y con participación de los propios actores sociales tanto de tierras altas, como de tierras bajas en tanto espacios de recepción.
Bibliografía
LARSON, Brooke 1992 "Colonialismo y Transformacieon agraria en Bolivia". Ed. CERES/HISBOL, La Paz.
MONTENEGRO, Carlos 1953 "Nacionalismo y Coloniaje", Ed.Biblioteca Paceña Alcaldía municipal, La Paz.
MITRE, Antonio 1981 "Los Patriarcas de la Plata", Ed Instituto de Estudios Peruanos, Lima, .
PLATT, Tristan 1982 "Estado Boliviano y ayllu andino. Tierra y Tibuto en el Norte de Potosí". Ed. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
RODRIGUEZ O., Gustavo 1997 "Historia del Trópico Cochabambino, 1768 - 1972. Ed. Prefectura de Cochabamba, Cochabamba.
Diciembre 2007 Gonzalo Vargas Rivas
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