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Constituyente Soberana - Construcción participativa de políticas nacionales de tierra, territorio, y recursos naturales en el marco de la asamblea constituyente en Bolivia


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31-05-2007 - Los trasfondos de las propuestas autonómicas. -Destacados -

El texto de la convocatoria ha sido negociado de tal manera con la oposición, que pone en segundo plano las demandas de mayor participación de los pueblos indígenas en la Asamblea. Por otro lado, el gobierno hace viable la convocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales, de una manera que condiciona a la Asamblea a aceptar los términos del mismo.

De esta manera la estructura de la Asamblea Constituyente y su forma de funcionamiento queda predefinida como de carácter no originario, sino derivado. Las minorías dentro de ella pueden vetar a la mayoría y entorpecer el proceso como se ha estado dando hasta ahora. En conclusión, lo que se vaya a decidir dentro de la asamblea, no es el producto del trabajo de los constituyentes, sino de una correlación de fuerzas donde la dinámica de los movimientos sociales no ha logrado imponerse.

 

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Bolivia: El proceso de la Asamblea Constituyente
Los trasfondos de las propuestas autonómicas.


Maria Teresa Hosse
CENDA

Este artículo pretende ubicar al lector en una dinámica del proceso de los movimientos sociales y el Estado en Bolivia más amplia que incluye la Asamblea Constituyente y sus protagonistas..

Desde el 6 de agosto del 2006, en Sucre, Bolivia se está desarrollando la Asamblea Constituyente, como consecuencia de las demandas de los movimientos sociales, indígenas y campesinos. Fue durante la guerra del agua en el 2000 cuando se abre paso la consigna de Asamblea Constituyente, como un camino para devolver la soberanía al pueblo. Después de varios años de movilizaciones y presionar para que las organizaciones sociales tanto campesinas, indígenas y barriales vean reflejadas sus demandas de justicia social en el MAS, este gobierno lanza la convocatoria.

Sin embargo, el texto de la convocatoria ha sido negociado de tal manera con la oposición, que pone en segundo plano las demandas de mayor participación de los pueblos indígenas en la Asamblea. Por otro lado, el gobierno hace viable la convocatoria a un referéndum sobre autonomías departamentales, de una manera que condiciona a la Asamblea a aceptar los términos del mismo.

De esta manera la estructura de la Asamblea Constituyente y su forma de funcionamiento queda predefinida como de carácter no originario, sino derivado. Las minorías dentro de ella pueden vetar a la mayoría y entorpecer el proceso como se ha estado dando hasta ahora. En conclusión, lo que se vaya a decidir dentro de la asamblea, no es el producto del trabajo de los constituyentes, sino de una correlación de fuerzas donde la dinámica de los movimientos sociales no ha logrado imponerse.

Reseña de los movimientos sociales en las últimas décadas

Para poder ubicar mejor el proceso, realizaremos un breve recuento de los hechos más importantes acaecidos en Bolivia en esa correlación entre la lucha de los movimientos sociales por un lado y la resistencia de la oligarquía a abandonar su posición dominante por el otro. Desde 1979 cuando se funda la CSUTCB , la demanda por la recuperación de la tierra y del territorio es el eje central de sus luchas, en 1990 la marcha de los indígenas del oriente, en reclamo de sus territorios, en 1992 la demanda se hace más fuerte en medio de el análisis de los 500 años del descubrimiento de América y el despojo de sus derechos a los pueblos originarios de América.

Por otro lado, en 1985 se aplica la reforma de estado y el ajuste estructural que se consolida desde 1994, con las leyes de participación popular, de reforma educativa, de descentralización, aplicando las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario internacional. Con estos cambios lo que se pretendía es lograr que el sistema capitalista pueda seguir produciendo ganancias, teniendo acceso a espacios dentro de los cuales no tenía control, como eran las comunidades campesinas e indígenas, donde la lógica de producción y de vida difieren de la lógica capitalista.

Por un lado, se desmantela al Estado “benefactor” y sin embargo, el aparato estatal por medio de la participación popular procura llegar hasta el ultimo rincón de las comunidades campesinas. Empiezan los problemas de competencias dentro de las mismas comunidades, a nivel de quien controla el territorio, la autoridad estatal o la de la organización. La confusión es mayor desde 1995, puesto que son los mismos dirigentes campesinos indígenas quienes pueden acceder a los gobiernos locales por medio del voto y entran en el juego de ser parte del Estado y de acceder al poder.

Al mismo tiempo que se produce la expansión del poder del Estado dentro de las comunidades campesinas, se está dando el proceso de concentración del poder económico en el oriente boliviano impulsado desde el mismo Estado, con un flujo muy importante de capital para la agroindustria y profundizando el acaparamiento de tierras de muy distintas maneras. Se potencializa el polo de “desarrollo capitalista”, en desmedro de un uso sostenible de la tierra y de la equidad social, por el proceso de concentración de la tierra en unas cuantas familias, pero donde también aparecen los grandes latifundistas brasileños y la penetración del gran capital brasileño y multinacional para controlar no solo la explotación hidrocarburífera, sino soyera.

Los movimientos indígenas campesinos bolivianos, tanto de tierras altas como de bajas, desde sus distintas formas de lucha, a pesar de la arremetida de los organismos internacionales para lograr un proceso de homogenización para incluirlos al proceso de globalización, van cada vez más movilizándose para recuperar su territorio y mantener sus forma de vida y el respeto a sus derechos como pueblos indígenas. Este proceso se profundiza desde la guerra del agua el año 2000 en Cochabamba, donde se expulsa a la transnacional Bechter, desde una confluencia de movimientos urbanos y rurales.

Es a partir de este hito que se empiezan a desencadenar las movilizaciones por la recuperación de los recursos; en concreto, yendo más allá de la consigna de lucha por el territorio, se movilizan por el agua, la tierra, el gas, el petróleo, en la mayoría de los casos son movilizaciones urbano rurales. Es en octubre del 2003 que se marca un quiebre para lograr el control sobre los recursos estratégicos más importantes en la búsqueda de devolver la soberanía al pueblo. Esto desemboca en la expulsión del presidente Sánchez de Losada y la puesta sobre el tapete del tema de la nacionalización de los hidrocarburos.

Entonces toma mucho más fuerza la demanda por la Asamblea Constituyente. A fines del 2003 las organizaciones campesinas a indígenas a nivel nacional en un evento organizado en Santa Cruz definen la prioridad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, de esa manera se logra que todas las organizaciones en el marco de un Pacto de Unidad se movilicen en busca de que la Asamblea Constituyente sea una realidad y empiezan a generar un proceso de elaborar una propuesta para su convocatoria. De ahí en adelante van juntando esfuerzos, tanto para la convocatoria como para las movilizaciones concretas por tierra y por los recursos naturales.

De esta manera se logra que la nueva Ley de Hidrocarburos incluya un capítulo especial de derechos de los pueblos indígenas, logrando cambiar las condiciones de la presencia de las empresas petroleras extranjeras en Bolivia. Las movilizaciones del primer semestre del 2005 que intentaban por todos los medios provocar cambios estructurales, sin embargo derivan en un proceso eleccionario de donde sale ganador el Evo Morales con el MAS y con ello la relegitimación del sistema político existente. Uno de los compromisos del MAS fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente, para que de esa manera la demanda principal de tierra y territorio sea lograda con una Asamblea originaria y soberana.

Ante las movilizaciones de campesinos indígenas, organizaciones urbanas que ponían en peligro la hegemonía de Estado, empiezan a organizarse grupos ligados al capital tanto nacional como transnacional para defender sus privilegios y mantener sus cuotas de poder. Las multinacionales petroleras, entre ellas Petrobrás y Repsol movilizan todos sus recursos financieros y logran que el primer cabildo organizado por el Comité Cívico de Santa Cruz en los primeros meses de 2004 movilice sectores masivos de la ciudad para frenar la agenda de octubre de los movimientos sociales.

En enero del 2005 se da el segundo cabildo, que logró capitalizar el descontento de la población por los problemas de desabastecimiento de diesel y convertirlo en la demanda de autonomía departamental, que logra con presión, el compromiso de la elección de prefectos por voto directo y ya no sean designados desde el gobierno. Logran así el compromiso de realización de un referéndum por las autonomías departamentales, dando inicio de esta manera a un proceso autonómico de facto apoyado en el poder económico de las multinacionales.

Así se gesta un proceso de construcción acelerada de la propuesta de autonomía departamental por parte de intelectuales al servicio de la oligarquía y las multinacionales, con evidente intervención de capitales brasileños, para darle sustento teórico a las demandas de descentralización.

Las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, desde mayo de 2006 reanudan el trabajo de construir una sola propuesta conjunta para que sea tratada por los constituyentes, es así que el 5 de agosto del 2006 presentan su propuesta a la presidencia de la Asamblea Constituyente, donde los representantes del MAS consiguen tener mayoría absoluta.

Los representantes de los partidos políticos tradicionales que por largas décadas detentan el poder, no estaban acostumbrados a ser la minoría y con toda clase de artimañas a las cuales están acostumbrados tratan de manipular y perjudicar el avance de la asamblea. Por otro lado, la mayoría que no está acostumbrada a estar en situación de privilegio, se engolosina con el poder, no logra hacer cuerpo, imponer sus ideas y mantener los lazos fuertes con sus organizaciones que les dieron el mandato de ser constituyentes, empiezan a hacerse absorber por el partido y empiezan las luchas mas por espacios de poder y de perder el horizonte de porque están dentro de la Asamblea Constituyente, es en ese marco entre contradicciones, racismo y falta de claridad y luchas de poder que se esta desarrollando la Asamblea. ¿Qué tenemos hasta ahora?, que han pasado ya casi diez meses de funcionamiento de la misma, el reglamento de funcionamiento tardó seis meses en ser aprobado y desde marzo recién han empezado a funcionar las 21 comisiones que tienen como mandato elaborar el articulado de la nueva constitución política .

Las actuales demandas de autonomía por parte de los departamentos ubicados en la “media luna” del Oriente boliviano y las propuestas de autonomía indígena, originaria y campesina que por su parte y en el polo opuesto hacen los movimientos indígenas campesinos originarios agrupados en el Pacto de Unidad requieren situar este proceso de reconfiguración territorial en el contexto de la crisis estatal.

No solo se trata que el sistema de gobernabilidad está afectado sino que es la forma estado nación como tal que entra en cuestión como resultado de las propuestas indígenas para establecer una forma plurinacional de organización política territorial a través de la Asamblea Constituyente ahora en curso. Este es un proceso cuyas raíces y ramificaciones van más allá de las fronteras del país.

El ejercicio del control estatal sobre el territorio

El Estado boliviano perdió en buena medida el control social sobre el espacio rural en el Occidente andino a partir de 1979 como consecuencia de la ruptura del Pacto Militar Campesino (PMC). Hasta 1953 el sistema de control social y político sobre la población rural era ejercido a través de los miembros de la clase propietaria dueños de latifundios o de minas.

Pese al esfuerzo por reclasificar la población –desaparece el indio del vocabulario estatal y en su lugar se establecen políticas de clase- y por establecer formas de socialización y disciplinamiento por la extensión masiva de la escolarización hay un fenómeno paradójico y que retrotrae a la historia colonial.

Comienzan a reaparecer los gobiernos indirectos indígenas, esta vez bajo las nuevas denominaciones sindicales comunitarias-campesinos, y bajo la cubierta de políticas corporativas ejercidas tanto desde el gobierno civil movimientista como en los posteriores gobiernos militares (YASHAR 1999) y bajo la cobertura de un Pacto Militar Campesino que los invisibilizaba bajo un orden jerárquico y hacía imposible visualizar ese proceso de creciente autonomía. Ya en 1952 se había dado el fenómeno temporal de gobiernos locales ejercidos a través de milicias mineras con características de poder territorial local dual respecto al gobierno ejercido desde La Paz, las prefecturas y subprefecturas por el MNR (DUNKERLEY 1987; ZAVALETA MERCADO 1987).

Los gobiernos locales campesinos fueron temporalmente subordinados al Estado a través del proceso de cooptación de líderes facilitado por la distribución de títulos individuales de propiedad de tierras de la Reforma Agraria, firmados por el Presidente en persona, primero bajo el MNR y desde 1964 por el gobierno militar de Barrientos (1964-1969).

Es en el gobierno de Barrientos que se intenta instalar el mencionado orden de tipo corporativo en el área rural que subordinaba a las comunidades rurales al control vertical de los coordinadores que ejercen el mando del Pacto Militar Campesino (PMC). El funcionamiento de dicho Pacto, vertical y autoritario, no permitió identificar que había en marcha otro proceso subterráneo y molecular hacia la autonomización de las comunidades rurales. Otro poder territorializado que se estableció con la Revolución del 52, el del movimiento minero y que según Zavaleta y otros llegó al nivel de un poder dual, primero fue aislado del movimiento campesino a través de la reforma agraria preventiva y a la vez neutralizado por las milicias del MNR, para luego ser aplastado por la vía militar en 1967.

Es con esta constitución particular de las relaciones de fuerzas en Bolivia entre, por una parte, las clases dominantes que no logran asegurar su dominio territorial con respecto a los movimientos sociales por la otra, donde juegan un rol fundamental los pueblos indígenas y las comunidades andinas; y la capacidad de estos movimientos para generar tales procesos nacionales, que el momentum del Estado nacionalista dura muy poco y entra en declinación. A la ruptura del PMC en 1979, los sindicatos campesinos comienzan nuevamente a ejercer un auténtico rol de gobierno indirecto local al margen de la institucionalidad del Estado (RIVERA 1984; REGALSKY 2003).

Lo que determina que esta pérdida estatal del control social sobre el espacio rural se transforme en una crisis de la forma nación del Estado boliviano es el hecho de que esas comunidades comienzan un proceso de etnificación y recomposición de sus espacios de poder locales como parte de movimientos que a la vez adquieren carácter nacional y de clase. Este proceso puede ser mejor explicado si no se acude a un marco histórico restringido artificialmente a las fronteras nacionales puesto que las peculiaridades bolivianas solo estarían reflejando de una manera especial lo que se está dando de manera generalizada y en todo el planeta en el marco de un proceso global de declinación de hegemonía que implica la crisis de la forma nación del estado (FRIEDMAN and CHASE DUNN, 2005).

Reformas del estado: inclusión, política indígena y politización de la diferencia cultural

La construcción de fronteras étnicas que tiene lugar desde abajo a partir de mediados de los años 1970, primero en la forma de ejercicio de gobiernos comunales indirectos de facto y luego potenciadas por la acción ideológica encabezada desde las entidades matrices indígenas (CSUTCB, CIDOB) representa un desafío planteado a las formas culturalmente homogeneizantes del estado nación.

La ley de participación popular de 1994 (LPP) intentó responder a esa creciente etnificación y cuestionamiento del estado nación por parte de las organizaciones indígenas y campesinas. Con el propósito de desmontar los mecanismos comunales de gobierno indirecto, intenta resolver las superposiciones de las diversas jurisdicciones comunitarias con la estatal a través de la municipalización del espacio rural, extendiendo la jurisdicción municipal por encima de las comunidades rurales e indígenas. La ley reconoce la personería jurídica de las comunidades campesinas e indígenas por primera vez desde el famoso decreto bolivariano que dispone su extinción legal en 1825 y promueve un proceso de modernización e integración en la vida nacional (DE LA FUENTE, 2001).

La estrategia política de la LPP consiste en que por un lado reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas, pero por el otro les desconoce a éstas las funciones jurisdiccionales que ejercían y ejercen de hecho. Componente fundamental de esas funciones jurisdiccionales es el control del acceso a la tierra, que es restringido a quienes forman parte de la comunidad y que supone por lo tanto una restricción a los derechos de propiedad que establecen los códigos civiles.

Pero el hecho del reconocimiento y también el elemento redistributivo a través de los presupuestos municipales tiene su efecto. La incorporación de los dirigentes medios provinciales campesinos e indígenas en la estructura de gobierno municipal y su subordinación a través de la utilización de los mecanismos redistributivos del presupuesto municipal, provocan un proceso de fragmentación en la hasta entonces sólida estructura piramidal de las organizaciones campesinas.

Lo que explica que el MAS siga desarrollándose, no es simplemente el que fuera la expresión orgánica de los movimientos campesinos y que esos movimientos campesinos estuvieran en un momento favorable, sino fundamentalmente en que el Estado y su aparato de dominación hegemónica, representado por los partidos políticos tradicionales de la burguesía, atravesaban una crisis profunda, incapaces de seguir gobernando, incapaces de presentar una alternativa política creíble para la clase media, mientras los de abajo estaban cada vez menos dispuestos a seguir dejándose gobernar por ese aparato que había entrado en una crisis de gobernabilidad.

Estabilidad neoliberal (1985-1999) y crisis del Estado (2000- 2005)

Pese a (o quizás debido a) que facilita estas novedades político institucionales, la ley de participación popular fracasó en neutralizar la movilización directa y confrontacional de los movimientos sociales y no pudo encauzarlos hacia un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad estatal.

Por el contrario, una coalición social sin precedentes en la historia del país se configura a partir de la Guerra del Agua en el año 2000 entre los sectores urbanos bajos y medios afectados por el proceso de ajuste estructural ligándolos de hecho a los movimientos indígenas y campesinos que venían en ascenso desde los años 80. Esa coalición social de hecho da por tierra a la fase de gobernabilidad y al programa de gobierno (el ajuste estructural) establecidos por el pacto de los sectores dominantes, dando también fin a la posibilidad de un gobierno directo de las elites.

Una vez lograda la primera victoria de los movimientos sociales en la Guerra del Agua en el año 2000, y frente a la necesidad del Estado de recuperar ese terreno perdido, las demandas se elevan a la cuestión de la configuración territorial del Estado: quiénes controlan qué recursos en qué territorios. Esto ya se avizora en las demandas de reconocimiento territorial que aparecen en la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas que sale del Beni y llega a La Paz en septiembre de 1990 y logra la promulgación de los decretos de reconocimiento territorial.

Las elecciones de junio de 2002 son cuestionadas por la Tercera Marcha indígena, esta vez demandando la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Febrero de 2003 es testigo de la crisis de institucionalidad del Estado que deriva en los enfrentamientos entre la policía y el ejército. Las sublevaciones urbanas y rurales en octubre de ese año dejan la partidocracia y su credibilidad semidestruida, y con el presidente artífice de las reformas estructurales en fuga.

Amenazada de colapso total con los movimientos sociales que tienen lugar entre mayo y junio de 2005, la institucionalidad estatal es salvada momentáneamente de su ruina por el MAS, partido nacido del movimiento campesino cuyo líder exige una convocatoria a elecciones y que, en los hechos, logra renovar el mandato del sistema político estatal y lo reconstituye en el presente período 2006-2011 (REGALSKY 2006).

Se abre entonces una extraña lucha: por un lado quienes surgen como partido político a partir de los movimientos indígenas y campesinos y luego son elevados al gobierno con un mandato de transformar el Estado interpretan ese mandato en el sentido del fortalecimiento institucional dentro de la ley, es decir, dentro del actual marco de estado-nación. (SELEME 2006)

Por otro, la derecha tradicional desplazada del control del gobierno, en cambio, interpreta el ascenso al gobierno del MAS como el preludio de una transformación radical de la configuración territorial y se lanza al atrincheramiento de sus posiciones en la llamada Media Luna formada por los departamentos del Oriente, Norte y Sur del país.

El cambio de las coordenadas geopolíticas en Bolivia

El actual proceso de avance y lucha por las autonomías, unos a nivel departamental y otros a nivel de los territorios indígenas, está por llevar el conflicto jurisdiccional generado por los mencionados gobiernos comunitarios indígenas y campesinos a un nuevo terreno, aun desconocido pero cuyas consecuencias pueden preverse si se cuenta con un marco teórico y una metodología de análisis adecuados.

Se está produciendo desde hace un par de décadas el desplazamiento del eje geopolítico nacional como consecuencia de la inserción de los sectores propietarios e intermediarios del capital en nuevas áreas productivas y extractivas. El actual desplazamiento, es bien sabido, es desde el occidente minero al oriente petrolero y agroexportador.

Este cambio no solamente se relaciona a las modificaciones en la configuración de los centros de poder político y económico nacional, sino que además tiene que ver con el surgimiento de Brasil como potencia regional sudamericana. Aunque la salida al Pacífico sigue siendo importante para las exportaciones mineras, las coordenadas exportadoras se desplazan en la actualidad hacia la cuenca atlántica y a un relacionamiento estrecho con la economía brasileña (y también colombiana) con las exportaciones de gas y derivados de la soja.

Los tres niveles de propuesta autonómica

Los tres niveles de autonomía a los que aludimos no tienen que ver con una re-organización racionalizada del Estado (BARRIOS SUVELZA 2002) sino con una aguda confrontación social y crisis de estado. Un conflicto cuya resolución derivará de las tensiones en correlación aún por definirse.

Un nivel de autonomía territorial nominalmente reconocido por el Estado es el municipal. Tiene que ver con el proceso establecido por la ley de participación popular en la relación contradictoria del Estado con las comunidades campesinas indígenas.

Aquí se hacen evidentes las tensiones entre el intento de penetración estatal a las comunidades, de manera de imponer el actual marco monista de derecho positivo, con respecto al proceso de construcción de fronteras étnicas correlacionadas con un pluralismo jurídico fáctico. No obstante dicho reconocimiento de autonomía municipal también está en contradicción con el establecimiento del sistema de regulación SIRESE o ley de superintendencias que recorta las competencias municipales a un mínimo.

Los pueblos indígenas en su propuesta dirigida a la Asamblea Constituyente (PACTO-DE-UNIDAD 2006) consideran la existencia de autonomías municipales dentro de la figura que proponen de “autonomía indígena”, la que se organiza tanto en el nivel local como intermedio. El nivel local supone la constitución de municipios indígenas, aunque ese nivel local asumiría o se construiría siguiendo aquellas formas de organización política que mejor concuerden con los usos y costumbres, “el proceso de reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en base a sus territorios ancestrales”, las “ecorregiones con base cultural indígena originaria y campesina” (id:7) y según cada pueblo específico lo determine.

El principio subyacente es el de “autodeterminación y autogobierno para definir sus sistemas jurídicos, elegir autoridades y estructuras de gobierno” (id:9). La propuesta indígena considera la necesidad de creación de “autonomías interculturales urbanas” para los niveles locales en las ciudades y conglomerados pluriculturales. Estas autonomías locales interculturales servirían de base para la constitución de regiones interculturales autónomas.

El proceso autonómico indígena apunta al control de los pueblos sobre sus recursos naturales como parte de la ruptura de “la verticalidad del actual Estado, su estructura de poder, permitiendo la construcción de un nuevo Estado desde ‘abajo’, desde las bases” (PACTO DE UNIDAD, 2006:7). Esto supone que las autonomías disponen de competencias para la administración, uso y manejo sustentable de recursos naturales renovables de acuerdo a usos y costumbres. En el caso de los recursos naturales estratégicos, dispondría del derecho de consulta y veto frente a su exploración y explotación.

La reconfiguración territorial del país daría entonces lugar a un Estado Plurinacional que no solo reconoce la existencia de pueblos y naciones diferentes en su seno, sino el derecho de los mismos a su autogobierno por medio de sistemas de autoridad y de justicia de diseño propio. La organización político territorial plurinacional supone no solo el reconocimiento de la diferencia cultural sino el establecimiento de un pluralismo jurídico como la base de sus sistemas de representación y gobernabilidad.

La propuesta autonomista de la denominada “media luna” va en dirección contraria a la posición representada por los pueblos indígenas. Consiste en defender la actual organización mono cultural del estado, ratificando la actual configuración territorial del Estado en departamentos pero poniendo en marcha un proceso de descentralización política conforme las recomendaciones de los organismos multilaterales. En segundo lugar, se propone consolidar el dominio sobre los procesos regionales de control de población y de recursos por parte de las élites en función de su rol de intermediación a los capitales transnacionales.

Si bien en apariencia, serían las élites regionales las beneficiarias de este esquema, en la práctica se trata de reconfigurar el eje geopolítico nacional de manera que el centro de poder se traslade al oriente, donde tienen el mayor peso las empresas petroleras y agroindustriales ligadas al mercado o a los capitales brasileños. En los hechos este diseño va en función al proyecto hegemónico brasileño sobre el Oriente boliviano.

La otra razón fundamental para que el comité cívico cruceño proponga que la administración de los recursos naturales no sea desde una administración central ubicada en La Paz y proponga un manejo descentralizado en nombre de mayor eficiencia y participación democrática, se debe sencillamente a que en las condiciones políticas y sociales actuales, esa administración central en el Altiplano está sometida a enormes presiones de la población indígena y de los sectores subordinados, presiones que las elites consideran inaceptables para un manejo racional de los asuntos del Estado.

La organización autonómica supondría -en el peor de los casos desde su punto de vista esto es, en caso que las presiones indígenas y de campesinos no sean neutralizadas- una zona de refugio desde el cual las élites dispondrían de la administración de la mayor y mejor parte de los recursos materiales del país (tierra, recursos hidrocarburíferos, capital) posiblemente en función del proyecto hegemónico brasilero al cual se someterían a fin de preservar su rol intermediario.

Esta forma de organización les permitiría consolidar formas de control social sobre la mano de obra indígena que no sólo les asegure la continuidad de extracción de excedente económico, sino consolidar su dominación política en dichas regiones autónomas. Política y militarmente, dicha consolidación de poder regional y el estrechamiento de lazos con el expansionismo geopolítico brasileño y multinacional a través de PETROBRAS y de los capitales soyeros colombianos y brasileros le permitiría sentar las bases para pelear el próximo traslado del centro político y sede de gobierno de La Paz a Santa Cruz.

Los supuestos tres niveles de autonomía territorial, es decir, la autonomía municipal, la autonomía indígena y la autonomía departamental en realidad se sintetizan en dos proyectos políticos antagónicos. El gobierno del MAS, cada vez más arrinconado por la derecha atrincherada en los departamentos del Oriente, ha aceptado públicamente que la definición de autonomías se atenga a lo que reclama la derecha amparada en un ilegal referendum, sin embargo la definición que exigen los pueblos indígenas originarios y campesinos a través de su Pacto de Unidad mantiene un gran impacto.

La presión que pueden ejercer los movimientos sociales de toda Latinoamérica que se movilizan para denunciar el complot de las oligarquías criollas y las burocracias estatales asociadas al capital transnacional en los países sudamericanos es un elemento clave para el resultado de esta Asamblea Constituyente.

Bibliografía

BARRIOS SUVELZA, F. X. (2002). El Estado tri-territorial. Una nueva descentralización para Bolivia. La Paz, FES-ILDIS.
DE LA FUENTE, M. c. (2001). Participación popular y desarrollo local. La situación de los municipios rurales de Cochabamba y Chuquisaca. Cochabamba, EDOBOL.
DUNKERLEY, J. (1987). Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982. La Paz, Quipus.
FRIEDMAN, J. and C. CHASE DUNN, Eds. (2005). Hegemonic Declines. Present and Past. Political Economy of the World System Annuals. Boulder, Paradigm.
PACTO-DE-UNIDAD (2006). Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente. Sucre, ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES INDIGENAS, ORIGINARIAS, CAMPESINAS Y COLONIZADORES DE BOLIVIA.
REGALSKY, P. (2003). Etnicidad y Clase: el Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio. La Paz, PLURAL.
REGALSKY, P. (2006). "Bolivia Indígena y Campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales." Herramienta 10(31): 13-38.
RIVERA, S. (1984). Oprimidos pero no vencidos. La Paz, CSUTCB-HISBOL.
SELEME, S. (2006). "Derechos indígenas y autonomías departamentales." T'inkazos 9(20): 13-40.
YASHAR, D. (1999). "Democracy, Indigenous Movements and the Postliberal Challenge in Latin America." World Politics 52(1): 76-104.
ZAVALETA MERCADO, R. (1987). El Poder Dual. Cochabamba, Los amigos del Libro.

LEA LA EDICION IMPRESA DE LA PROPUESTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES INDIGENAS ORIGINARIAS, CAMPESINAS Y DE COLONIZADORES DE BOLIVIA - POR UN ESTADO PLURINACIONAL Y LA ASUTEDERMINACION DE LOS PUEBLOS Y NACIONES INDIGENAS, CLIC AQUI

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