Miguel Lora Fuentes - Bolpress
Una república en la que prevalezca el régimen democrático participativo y representativo es la coincidencia general, pero sólo el MAS se refiere a un “Estado comunitario plurinacional”.
Por lo expuesto hasta ahora, y simplificando un tanto las posturas por razones didácticas, pugnarían dos visiones generales: la primera que plantea un Estado democrático liberal representativo defendiendo la propiedad privada como valor supremo y la segunda, un Estado plurinacional, comunitario y deliberativo, que promueve la propiedad estatal, social, comunitaria y cooperativa.
Régimen económico
Una mayoría aplastante de las propuestas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad coinciden en que es necesario devolver al Estado su rol central en la administración de la economía para que dirija el rumbo estratégico del desarrollo, lo que implica asegurarle también el dominio pleno sobre los recursos naturales no renovables y renovables.
Aparecen los disensos al momento de definir las posibilidades de propiedad y de dominio de los recursos naturales. Algunos plantean que debe ser sólo el Estado el que monopolice los recursos; otros delegan esa responsabilidad a los pueblos indígenas y el pueblo boliviano en general, y un tercer grupo sugiere la administración estatal a través de empresas públicas y de concesiones a privados.
En casi todas las propuestas se hace referencia directa o indirectamente a una “economía mixta”, empujada por el Estado y la empresa privada, una especie de capitalismo de Estado con matices, cuya economía esté basada en la industrialización de los hidrocarburos, en la inversión extranjera, en la inversión privada local, en la economía familiar artesanal y microempresarial y en la economía comunitaria. Incluso los partidos y organizaciones de derecha sugieren no sólo tomar en cuenta al sector moderno de la economía sino también a la pequeña empresa y a la economía comunitaria al momento de diseñar la política económica del Estado.
Se coincide también en la necesidad de articular un nuevo modelo de desarrollo que incorpore la variable de “sostenibilidad”, es decir que aproveche los recursos naturales sin dañar el medioambiente y sin arriesgar las fuentes de recursos para las nuevas generaciones.
Se observan dos tendencias en cuanto al control de la propiedad privada: La iniciativa privada sin limitaciones y la iniciativa privada condicionada. Se reconoce el derecho de las comunidades originarias, indígenas y campesinas sobre sus conocimientos tradicionales colectivos, se coincide en que los recursos genéticos son de propiedad colectiva y que la propiedad, en cualquiera de sus formas, debe cumplir una función social. El consenso tiende a determinar reglas claras a la propiedad privada y el reconocimiento de la propiedad pública y comunitaria.
La gente está enarbolando consignas que hace 10 años eran impensables, seguramente porque los matkovic y marincovic ya no tienen el monopolio de la palabra y se ha dado paso a los planteamientos de los choques, huancas y mamanis, interpreta el constituyente del MAS Marco Carrillo.
Servicios sociales
En la actual Constitución, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social son considerados derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado, pero en la práctica la mayor parte de los ciudadanos no ejerce estos derechos. Los servicios sociales siempre fueron subvalorados, especialmente en los últimos años en los que primó una concepción economicista del desarrollo que ha convertido a la inversión pública en un “gasto”.
Caracteriza a todas las propuestas políticas la poca atención que se da a los servicios sociales, a diferencia de los movimientos sociales, que reclaman políticas claras para el cumplimiento de estas obligaciones.
La mayoría de los partidos y organizaciones de la sociedad civil mencionan que los servicios de salud y educación deben ser universales. En el caso de salud, se habla de un Sistema Único de Salud, que integre a todos los otros subsistemas. El MAS propone crear un “Sistema de Salud Indígena” sobre la base de la medicina tradicional y con autonomía de gestión.
Es consenso declarar a la educación como un servicio gratuito y obligatorio hasta el bachillerato, plurilingüe, multicultural y prestado sin discriminación. Sólo algunos partidos y movimientos sociales plantean una educación intercultural bilingüe con currícula diferenciada para los pueblos indígenas, y cuya misión sea descolonizar el Estado.
En general, las organizaciones sociales enfatizan que la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social son un derecho de la población y no solamente un servicio que presta el Estado. Dado que el Estado recauda ingresos de la población vía impuestos, es su obligación devolverlos a la sociedad con servicios públicos de calidad. La educación, salud, trabajo y seguridad social son servicios que deben ser administrados por especialistas, pero también son competencias de todos los ciudadanos.
Se observan amplios consensos en los temas ambientales. Por ejemplo, una mayoría de organizaciones sociales y políticas reconocen que el acceso al agua es un derecho ciudadano que debe quedarse en la esfera pública como obligación del Estado. El agua como fuente de vida es un bien social común por lo que debe garantizarse su acceso como derecho humano colectivo.
En general, se considera que el agua es patrimonio de los bolivianos que no puede privatizarse, que su administración es responsabilidad compartida por el Estado y la sociedad, y que los responsables de la contaminación deben ser sancionados.
Participación Social
Es una demanda constante el reconocimiento de nuevas formas de control social a través de, por ejemplo, la institucionalización del denominado “Cuarto Poder del Estado”. Pero, las propuestas políticas son pobres en general y no esbozan nuevas formas de participación de los ciudadanos en la elaboración, ejecución y control social de las políticas estatales y del gasto público.
Relaciones internacionales
No aparece específicamente el principio de supremacía constitucional en ninguna de las propuestas, aunque se deduce de otros planteamientos que la Constitución es la ley suprema. Este punto es importante porque permite develar las posiciones de las diferentes fuerzas políticas al momento de caracterizar al Estado en el marco de la globalización económica.
Según el MAS, el Estado debe promover en sus relaciones internacionales la integración latinoamericana, la solidaridad entre los pueblos, la complementariedad económica, el respeto al derecho internacional y demás principios consagrados en la Carta de la Naciones Unidas. Podemos recuerda que “no se puede modificar ni desconocer el Derecho Internacional vigente en Bolivia y cualquier reforma que se plantee al respecto no deberá tener efectos retroactivos. Esto supone que los Tratados Internacionales en vigencia tienen un “efecto constitucional”.
Algunas organizaciones sociales que monitorean este tema, como el Movimiento Boliviano por la Integración, contra el TLC y el ALCA, opinan que los tratados internacionales que legislan sobre derechos humanos podrían tener rango superior a la Constitución, pero no los acuerdos de comercio.
Estos colectivos consideran que muchos tratados comerciales se han convertido de mecanismos antidemocráticos de reforma constitucional “de facto”, por lo que es preciso incluir en la nueva Carta Magna artículos que salvaguarden la soberanía nacional. Reclaman también que cualquier tratado internacional que afecte los derechos de la gente sea sometido a referéndum antes de ser ratificado.
Calendario de actividades
Este lunes la directiva de la Asamblea Constituyente analizará el avance de los informes de los encuentros territoriales. El martes los jefes de bancada definirán la conformación de comisiones. El miércoles los presidentes de las diferentes comisiones consensuarán el formato de los informes de los encuentros territoriales, y programarán las fechas de presentación.
La fecha tope para la entrega que figura en el reglamento es el 30 de abril, pero el vicepresidente de la Asamblea Roberto Aguilar dijo que el plazo podría postergarse al menos una semana, considerando el gran número de propuestas recibidas.
Según un estudio de la agencia de noticias Enlared, sólo nueve de las 21 comisiones recibieron 1.067 propuestas de diferentes instituciones: 141 proyectos la Comisión de Poder Judicial; 150 proyectos la Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustria; 250 propuestas la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas; 75 la del Poder Ejecutivo, 17 propuestas la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional; 200 la de Deberes Derechos y Garantías, 167 la de Otros Órganos del Estado, y 76 la Comisión de Autonomías, Descentralización y Organización Territorial.
Los partidos de oposición y el oficialismo están decididos a cumplir con el plazo establecido por la Ley de Convocatoria a la Constituyente para redactar la nueva Carta Magna. Desde su inicio el 6 de agosto de 2006, casi el 70 por ciento del tiempo de trabajo en la Constituyente se consumió en debates y pugnas. Ni un solo artículo de la nueva constitución ha sido redactado, la cual debe estar lista el 6 de agosto.
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