Resumen ejecutivo
- ¿ RESPONSABILIDAD CORPORATIVA o DERECHOS SOCIALES ? Un análisis de la ‘nacionalización’ de los hidrocarburos en Bolivia
Informe realizado por ACSUR-Las Segovias y CEDIB-Bolivia para
presentar en el Espacio Social Alternativo al Petróleo (ESAP)1
Junio 2008
“Amo entrañablemente a Bolivia… por el ejemplo de lucha que nos
dieron y nos dan al mundo. Bolivia es un pueblo con un furioso sentido
de la dignidad.”
(Eduardo Galeano)
De forma creciente, se nos presenta la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) como la contribución de las empresas al bienestar de la sociedad.
También la industria extractiva se ha sumado al discurso. En los países donde
opera, con baja cobertura de servicios básicos y altos índices de desigualdad
social, la RSC aparece como un instrumento para atenuar la pobreza…
¿pero es
eso posible? ¿Puede el capital privado ‘responsabilizarse’ de las carencias
sociales? Si se conviene que la pobreza es un problema de exclusión social y
económica, con raíces políticas, la solución pasa necesariamente por
transformar las relaciones de poder en una sociedad.
¿Son las trasnacionales
los actores más adecuados para impulsar ese cambio? ¿No ocupan
precisamente ellas una posición central de poder en el mundo globalizado?
Bolivia es un buen lugar desde el que reflexionar sobre estas cuestiones. Su historia
podría ser contada como la de un pobre sentado sobre el cerro de sus riquezas. Sin
embargo, el país se ha visto condenado históricamente a un papel de mero
exportador de materias primas.
Primero fueron las minas de plata durante la colonia
española. Luego, el caucho de las cuencas amazónicas y el salitre del litoral. Durante
el primer tercio del XX el país vivió el boom del estaño, y desde que la Standard Oil de
Rockefeller lograra en 1924 una concesión petrolífera, el país vivió su particular fiebre
del oro negro.
En cada uno de esos ciclos el capital extractivo generó siempre
economías de enclave, que florecían y declinaban sin redistribuir beneficios al conjunto
de la población. Islas de prosperidad que convivieron con elevados índices de
pobreza, segmentación étnica y desigualdad social. ¿Dónde estaba la responsabilidad
social? ¿Dónde? Se puede argumentar que los emprendedores no tenían entonces la
visión y el compromiso actual.
Los tiempos eran otros. El capitalismo, más
despiadado. El mismo Rockefeller, tras jubilarse en 1913, creó una fundación
filantrópica con 50 millones de dólares.
Su misión era “promover el progreso de la
civilización, tanto en EE.UU. como en países extranjeros, la difusión del conocimiento
y el alivio de los sufrimientos humanos”. Había nacido la RSC.
Sin embargo, no han sido la filantropía ni la caridad, ni siquiera la cooperación al
desarrollo, los principales motores del cambio en el país andino.
El papel ha estado
reservado a los movimientos sociales, a la lucha de los propios bolivianos y bolivianas
contra el coloniaje de las clases dominantes, afanadas en negar sistemáticamente lo
nativo y exaltar lo extranjero. ¿No es ésa precisamente la raíz de la pobreza? Un
modelo económico a espaldas de la población y una gobernabilidad excluyente.
Los
vaivenes de la industria petrolera reflejan muy bien esa convulsa historia de
dependencia externa que ha sido el siglo XX en Bolivia. En algo más de treinta años,
el país emprendió dos nacionalizaciones de hidrocarburos como reacción al
contrabando, incumplimiento de contratos, abusos y sobornos cometidos por las
petroleras extranjeras… Y los hidrocarburos se convirtieron en el principal símbolo de
la lucha por la soberanía nacional.
En este contexto hay que situar la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
de Bolivia (YPFB) en 1996. El Gobierno de Sánchez de Lozada transfirió su propiedad
a las transnacionales y redujo la tributación del sector hasta niveles desconocidamente
bajos en la región.
Con el argumento de incentivar a la inversión extranjera, vendió
YPFB a precio de gallina muerta. Y vinieron las trampas: las petroleras afloraron
reservas multimillonarias de gas no computadas, evadieron el pago de impuestos,
abandonaron la inversión en refino y centraron las inversiones en las áreas más
rentables a corto plazo: la exportación de gas natural.
El descenso de la renta
petrolera (esto es, de los ingresos recaudados por el fisco al sector de hidrocarburos)
contribuyó a debilitar aún más al Estado, que perdió su capacidad de control y
conducción industrial. ¿Cuál fue el resultado? La profundización del patrón primario-
exportador de la economía y la institucionalización de la corrupción. Una historia
repetida una y mil veces.
A principios del siglo XXI, la crisis económica disparó los índices de miseria. La
precariedad laboral y el desempleo se adueñaron de los cinturones de las ciudades. El
país se sumió en una oleada de conflictos sociales en torno a la tierra, la coca, el
agua, los servicios básicos, y los planes de libre comercio. En 2002, Sánchez de
Lozada ganó de nuevo las elecciones y relanzó el proyecto de exportar gas natural
licuado a Estados Unidos. Hábilmente planteó la cuestión en términos de un dilema
técnico: ¿sacar el gas por puerto chileno o peruano? Si Bolivia lograba ser un país
moderno y superar el trauma histórico con Chile, los ingresos serían mayores.
La
opción peruana era menos rentable, pero el Gobierno estaba también dispuesto a
aceptarla. El debate agitó los sentimientos patrióticos. Desde las Fuerzas Armadas
hasta el Comité Cívico Pro-Santa Cruz, las organizaciones se pronunciaron con
vehemencia. Pero se trataba de un falso debate que omitía lo más importante: la
creación de empleos y el cálculo de la renta petrolera para el Estado.
A esas alturas, una nueva consigna se había extendido entre los movimientos
sociales: “No a la venta del gas”. En la radio, en los ampliados (reuniones) sindicales,
los dirigentes insistían en que el gas era el último recurso en manos del pueblo
boliviano. La última oportunidad para salir de la pobreza.
El último vagón de la historia.
Creció un clamor popular por un nuevo orden social en torno a la recuperación de los
recursos naturales, y la memoria histórica desempeñó un papel muy importante para
reconstruir la identidad colectiva.
El recuerdo de las nacionalizaciones de 1937 y 1969
se convirtió en referente de movilización. Poco a poco, los muros de las calles se
fueron poblando de pintadas: “¡Nacionalización ya! ¡Goni hazte gas!” (en referencia al
apelativo con el que se conoce a Sánchez de Lozada en Bolivia). Ajeno a la dimensión
de la protesta, el Gobierno reprimió bloqueos y marchas con violencia. Militarizó El
Alto.
En octubre de 2003, la denominada Guerra del Gas se cobró sesenta y cinco
muertes en una semana, y más de doscientos heridos. Pero los movimientos sociales
no cedieron. “Sin gas no hay paz”. La presión ciudadana obligó finalmente a Sánchez
de Lozada a renunciar y huir del país. En un vuelo de American Airlines.
Los grafitis reflejaron otra aspiración colectiva: “industrializar” el gas. Empleos e
inclusión económica. Por primera vez, los movimientos sociales ligaban la lucha contra
la pobreza a la superación del modelo primario-exportador. Se trataba de invertir la
lógica del pasado: Gas y combustibles primero para los bolivianos, y los excedentes
para vender al exterior. Levantada por las clases populares, las banderas de la“industrialización” y la Asamblea Constituyente se convirtieron en la Agenda de
Octubre.
El pueblo exigía ahora una etapa de cambios estructurales frente a las
reformas de los gobiernos neoliberales del pasado, cuyas políticas habían fracasado
estrepitosamente, pese a haber recibido la bendición de los organismos financieros de
Washington y la cooperación internacional.
Durante la crisis las petroleras extranjeras no dejaron un día de rentabilizar sus
inversiones. Las actividades de exploración, producción y transporte provocaron
graves impactos sociales y ambientales, afectando especialmente a las poblaciones
indígenas de las tierras bajas. Repsol YPF, Petrobrás, Total Fina Elf, y el resto de
petroleras, fueron objeto de una larga lista de denuncias: prospecciones sísmicas sin
permiso, vertidos tóxicos, derrames contaminantes, bombeo ilegal de agua, alteración
de acuíferos, deforestación, tala de cursos fluviales y explosión por venteo ilegal de
gas.
Se produjeron incluso accidentes mortales. La creciente presión motivó que las
transnacionales tuvieran que dar explicaciones de sus daños y pagar
compensaciones. Adoptaron entonces el discurso de la Responsabilidad Social
Corporativa. Repsol YPF, por ejemplo, anunció una política de “buena vecindad”, que
incluía diálogo y compromiso comunitario.
Durante 2005 lanzó una campaña masiva
en TV para poner en valor sus proyectos de inversión social en comunidades
guaraníes. La publicidad mostraba a un niño sonriente, pedaleando en bicicleta por un
camino pavimentado: “Gracias a Repsol, Juancito puede llegar temprano al colegio”.
¿Y los hechos?… Las memorias anuales de Repsol YPF refieren experiencias “exitosas” de RSC en Bolivia. Por ejemplo, el programa “Endulzar la vida” repartió 400
colmenas en diferentes comunidades rurales del Oriente, y el programa de “Viviendas
saludables” atendió a cinco comunidades guaraníes de Itika Guasú, contiguas al pozo
“Margarita”.
En 2005, la inversión en programas sociales ascendió a tan solo 803.000
euros en toda Bolivia (apenas un 0,27% del resultado operativo obtenido en el país).
Tampoco las iniciativas tuvieron resultados positivos. A menudo, han incurrido en los
mismos errores que los proyectos más asistencialistas de la cooperación, y han
construido obras que no respondían a las necesidades locales.
Pero hay algo más.
Las petroleras realizan prácticas ‘viciadas’ de responsabilidad social. Se han
registrado casos de manipulación, engaño y compra de líderes indígenas. Es el caso
de Enron que calló con dinero las protestas de organizaciones ecologistas, con tal de
no modificar el diseño de un gaseoducto de gran impacto ambiental que atravesó el
Chaco y el Pantanal. Entonces, ¿de qué responsabilidad estamos hablando?
¿Cuántos beneficios obtienen las petroleras en Bolivia? Difícil saberlo porque no
publican datos oficiales. Hoy en día, las transnacionales del petróleo conforman
entramados fuera del control de los Estados.
Sólo en Bolivia, Repsol YPF opera a
través de una compleja red de 11 subsidiarias, incluyendo sociedades de cartera con
desconocidos cruces accionariales. El mejor caldo de cultivo para todo tipo de
prácticas de ingeniería contable y financiera. El comercio intrafirma fue utilizado por
Repsol YPF para desviar beneficios de Bolivia a Argentina. Sin información no hay
control, y sin fiscalización, no puede haber compromiso social.
¿Qué información
supone publicitar el asfalto de una carretera, la construcción de una posta sanitaria, o
el reparto de poleras de fútbol en una escuela…? El Informe Anual de Transparencia
Internacional de 2008 ha reclamado que las petroleras clarifiquen los ingresos que
obtienen en los países pobres. Nada distinto de lo que propugna la Iniciativa para la
Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), firmada por el conjunto del sector
(Repsol YPF lo hizo en 2003). Haría falta menos responsabilidad social y más
transparencia.
Tras la cortina de humo de la RSC, las petroleras han desplegado en Bolivia una
estrategia de incidencia política al servicio de sus intereses empresariales. Se han
alineado con las oligarquías del Oriente y la defensa de las autonomías
departamentales. Diversas ONG y periodistas han denunciado que las petroleras han
financiado toda una campaña de desestabilización política. De hecho, la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos (CBH), dominada por Repsol YPF y Petrobrás, es miembro
activo del Comité Cívico Pro-Santa Cruz.
Esta institución se ha caracterizado por
utilizar la demanda de autonomía para defender sus intereses oligarcas. Para ello no
han tenido reparo en apoyarse en la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo racista que
realiza acciones violentas contra los inmigrantes “collas” (indígenas del altiplano) en
Santa Cruz. ¿Es legítima la intervención política de las petroleras en asuntos internos
de Bolivia? No debe serlo. No al menos en nombre de la Responsabilidad Social.
Frente a la retórica engañosa de la RSC, los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) y los derechos indígenas constituyen un referente ético, con
mayor vocación transformadora. Reconocidos por Naciones Unidas como derechos
humanos de segunda y tercera generación, abogan por la inclusión social y económica
de los sectores excluidos de la sociedad. En Bolivia, sin embargo, los derechos
humanos fueron sistemáticamente subordinados a la seguridad jurídica de las
empresas.
Seguridad para las empresas, pero no para las personas ni los pueblos.
Con ese argumento precisamente, se intentó paralizar en mayo de 2005 la Ley 3058
de Hidrocarburos y la creación de un nuevo tributo, el Impuesto de Hidrocarburos
(IDH), que elevaba la fiscalidad del sector del 18% al 50%. Muchos alertaron que la
medida era un golpe a la seguridad jurídica, y que las empresas abandonarían el país.
El Presidente Mesa alegó incluso problemas de conciencia para suscribir la ley,
aprobada finalmente por el Parlamento. Y la presión de la calle pudo también con él.
En las elecciones de diciembre de 2005, el Movimiento al Socialismo (MAS) presentó
un programa muy simple: nacionalización del gas y Asamblea Constituyente. Ganó
con un 54% de los votos. El 1 de mayo de 2006 el ejército boliviano ocupó
simbólicamente el pozo de San Alberto, y Evo Morales leyó con megáfono el Decreto
de Nacionalización, que emplazaba a las transnacionales a renegociar sus contratos
con el Estado boliviano.
La imagen dio la vuelta al mundo. En España, las acciones de
Repsol YPF cayeron hasta un 15% en las siguientes semanas. Los sectores
conservadores y empresariales acusaron al Gobierno socialista de no defender a las
empresas españolas en el extranjero. Se escucharon voces que pidieron la retirada de
la ayuda a Bolivia. ¿Repsol… una empresa española? ¿Acaso sus beneficios
alcanzan al conjunto de la ciudadanía? Se olvida que una parte importante de sus
acciones está en manos de fondos de capital transnacional, depositados en el State
Street Bank o el JP Morgan Chase Bank. A finales de 2006, la constructora Sacyr se
hizo con un paquete accionarial del 20%. Unido al 12,5% de la Caixa, conforman un
núcleo español. De intereses privados.
La desmesura de las reacciones motivó que la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de España (CONGDE) terciara en la polémica. El 9 de mayo hizo un
llamamiento para no supeditar los fondos de cooperación a los intereses comerciales:
“La Coordinadora respeta la preocupación de las empresas españolas ubicadas en
Bolivia y entiende que el Gobierno trata de negociar las medidas más adecuadas a sus
intereses. Pero el Gobierno no debe hacer oídos a las peticiones de utilizar la ayuda
como moneda de cambio en esta negociación”.
No contenta con esta tibia toma de
posición, las ONG españolas en Bolivia se reunieron en La Paz para acordar un
comunicado de apoyo a la nacionalización, con el siguiente mensaje: “Repsol no
somos todos”. El texto fue suscrito por sólo 12 de las 25 ONG españolas presentes en
el país. ¿Por qué tanta cautela? ¿Peligraban acaso las subvenciones de las ONG?¿Tanta influencia tiene Repsol YPF?
“Socios y no patrones”. Esas palabras utilizó el Gobierno boliviano para explicar la
filosofía de la ‘nacionalización’. Diálogo y negociación sin confiscación.
El Gobierno
español expresó, sin embargo, su más honda preocupación, y las presiones no se
hicieron esperar. Apelaron a la “seguridad jurídica” de las empresas y amenazaron con
congelar los fondos de cooperación.
La Vicepresidenta Fernández de la Vega viajó de
urgencia a La Paz a finales de julio, y prometió la cancelación de la deuda bilateral por
un importe de 100 millones de euros. La noche que expiraba el plazo de negociación
con Repsol YPF, el Secretario de Exteriores aterrizó en La Paz para apoyar
personalmente a la compañía. Se cerró un acuerdo. Unos días después, Rodríguez
Zapatero prometió a Morales, durante la Cumbre Iberoamericana de Montevideo, el
envío de 700 ambulancias a Bolivia.
La promesa costaba 10 millones €. En un sonado
artículo, Soliz Rada, ex-Ministro boliviano de Hidrocarburos, situó el episodio en la
tradición mendicante de los gobiernos bolivianos: “Es obvio que el pedido de
obsequios y donativos adormece psicológicamente la posición nacional (…) El
intercambio de oro por espejitos con el que se inició el coloniaje hispano parece
continuar ahora con el trueque de ambulancias por ventajosos contratos para Repsol”.
Los resultados económicos de la ‘nacionalización’ no han podido ser mejores. La renta
petrolera se multiplicó por tres en apenas dos años, al pasar de 539 millones de
dólares en 2004 a 1.634 en 2006 (del 6,1% al 14,7% del PIB). Algunos analistas
bolivianos, críticos con el proceso, han advertido del peligro de convertir la‘nacionalización’ en una mera reforma tributaria. ¿En qué se está invirtiendo realmente
la renta petrolera? ¿En inversión social? ¿Productiva? ¿Desarrollo local? ¿Quién
administra los dividendos del gas? ¿El Estado? ¿Los municipios y prefecturas?
En
definitiva, ¿ha cambiado el IDH el patrón de inversión pública? ¿Ha servido para algo?
“El Bono Juancito Pinto viene de la Madre Tierra, de la plata que ahora comenzamos a
recuperar”. Con estas palabras pronunciadas en un coliseo educativo en noviembre de
2006, Evo Morales ligó los ingresos del IDH al bono educativo para combatir la
deserción escolar.
Una ayuda de 200 bolivianos (25 dólares) para todos los alumnos
de primaria de escuelas fiscales (públicas). Obviamente se trata de un acto político del
MAS para cultivar su propia base electoral, pero responde rigurosamente a la voluntad
popular: nacionalizar con derechos y beneficios sociales. Si nos fijamos en las calles
de El Alto, las pintadas dicen ahora: “Nacionalización = Bono Juancito Pinto”, “IDH es
de todos”, “Renta Dignidad”, “¡Viva Bolivia con Gas!”.
Los críticos al Gobierno del MAS opinan que la ‘nacionalización’ se quedó en una
reforma tributaria y en una mera “repartija” de los dividendos del gas. ¿Qué ha pasado
con la promesa de la industrialización? ¿Y el fomento de la microproducción?
Todavía
es pronto para valorar la política industrial del Gobierno, ya que las inversiones
industriales requieren de tiempos largos para madurar, pero la gente no percibe en la
calle frutos palpables en términos de empleos. Las iniciativas gubernamentales de
promover polos petroquímicos se han encontrado, de hecho, con numerosos
obstáculos, como la búsqueda de socios fiables, el diseño de fórmulas de financiación
o las propias irregularidades administrativas en YPFB.
Los intereses políticos en torno
al reparto del IDH han añadido más dificultades al proceso. En resumen, el desarrollo
del aparato productivo y la industrialización del gas son desafíos plenamente vigentes.
De su resolución positiva depende que la población boliviana excluida pueda ejercer, a
mediano plazo, sus derechos económicos, sociales y culturales.
En el Norte los movimientos sociales y ecologistas defienden las energías renovables.
De forma creciente, el petróleo es sinónimo de destrucción ambiental, guerras,
explotación, patrones no sostenibles de consumo y cambio climático. Sin embargo,
sería injusto declarar ahora el petróleo como una fuente apestada de energía, urbi et
orbi. Países pobres como Bolivia han encontrado en él un camino para desarrollarse y
romper la dependencia externa. ¿Hasta qué punto los hidrocarburos ofrecen una vía
sostenible de desarrollo para los bolivianos? ¿Cuántos años de industria petrolera
tienen por delante?
El asunto es complejo, polémico, y está abierto a debate. Sin
duda, el calentamiento global es un problema apremiante que no admite excusas ni
dilaciones, ¿pero de quién es la… responsabilidad social? ¿No son también los
sindicatos del Norte cómplices de los abusos que comenten las transnacionales en el
Sur? ¿Por qué se callan en las juntas de accionistas? A nadie se le escapa que los
países pobres tienen derecho a industrializar sus recursos naturales. Faltaría más que
no lo pudieran hacer.
El reclamo de un mundo sostenible debe medir por diferente
rasero a países ricos y pobres. Frente al lenguaje de la responsabilidad es necesario
también conjugar el tiempo de la solidaridad y los derechos.
Notas
1 El informe ha sido coordinado por Antonio Rodríguez-Carmona, Marco Gandarillas y Christian Ferreyra.
LEER EL INFORME COMPLETO
Las cifras de la ‘nacionalización’ de hidrocarburos en Bolivia
• Las reservas de gas natural de BOLIVIA alcanzan 54,9 trillones de pies
cúbicos (2005), las segundas mayores reservas de la región tras Venezuela
(146 TCF) (Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía).
• Bolivia exporta hidrocarburos y gas natural a Argentina y Brasil. Sin
embargo, sufre crisis recurrentes de desabastecimiento de diésel y GLP (gas
licuado de petróleo), que debe importar de dichos países.
• El país andino ha nacionalizado tres veces sus hidrocarburos desde 1937.
• La PRIVATIZACIÓN de YPFB en 1996 supuso su venta a las transnacionales,
en 3 unidades diferentes:
i) Andina (comprada por YPF, integrada más tarde en
Repsol);
ii) Chaco (adquirida por Amoco BP y traspasada luego a Panamerican
Energy);
iii) Transredes (comprada por Enron-Shell y transferida a Ashmore).
• La privatización reforzó el patrón primario-exportador de la economía boli
viana. Si en 1996 el refino representaba el 67% de la producción nacional
de hidrocarburos, en 2005 la proporción cayó al 22,7%. (Fuente: CEDIB)
• La renta petrolera se contrajo significativamente: de suponer un 35% de los
ingresos del Tesoro General de la Nación en 1996 a sólo el 12,2% en 2004.
(Fuente: UDAPE, Gobierno de Bolivia)
• Desde 1996 a 2004, las petroleras desembolsaron 14 millones US$ (a través
del Anexo D de los contratos petroleros) para pagar ministros, funcionarios
de YPFB, técnicos, abogados, medios de comunicación y analistas políticos.
(Fuente: El Juguete Rabioso, 2004, Quiroga Carvajal, 2006)
• La ‘NACIONALIZACIÓN’ es una política de Estado en Bolivia desde 2005.
• La nueva normativa aumentó la tasa impositiva del 18% al 50% del valor de
la producción (hasta un 82% para los megacampos).
• Los impuestos que pagan las petroleras en Bolivia son menores que en
Noruega, donde la producción de hidrocarburos está gravada con un 78%.
Con su recaudo, el Estado noruego ha constituido el mayor fondo público de
pensiones del mundo (225.000 millones US$ en 2005) (Fuente: Estrada, 2006)
• Pese al endurecimiento fiscal, 10 petroleras extranjeras aceptaron
renegociar sus contratos para seguir operando en el país.
• Resultado de la ‘nacionalización’, YPFB pasó a controlar el 50% +1 de las
acciones de las petroleras privatizadas (Andina, Chaco y Transredes)
• En 2006, la RENTA PETROLERA ascendió a 1.634 millones US$, monto que
triplicó la renta de 2003 (539 millones US$). (Fuente: UDAPE)
• Gracias a la ‘nacionalización’ Bolivia ha roto su dependencia. Si en 2003 la
ayuda externa sostenía el 11,5% del PIB, en 2006 suponía sólo el 5,2%. La
renta petrolera creció del 4,5% al 14,7% del PIB. (Fuente: UDAPE, B.Mundial)
• La renta petrolera ha sido utilizada por el Gobierno para impulsar políticas
sociales, y promover DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES y CULTURALES.
• El Bono ‘Juancito Pinto’ asigna 200 Bs. (25 $US) a los alumnos de primaria
en escuelas fiscales para evitar la deserción escolar. En 2006 costó 31
millones $US, financiados con cargo al Impuesto de Hidrocarburos (IDH).
(Fuente: La Prensa, 13 noviembre 2006; Bolpress, 11 octubre 2007)
• La Renta Dignidad es una pensión no contributiva para jubilados. Desde
enero de 2008 se paga con cargo principalmente al IDH (219 millones $US
en 2008). (Fuente: La Prensa, 28 enero 2008)
• Los ingresos operativos de REPSOL YPF alcanzaron 51.045 millones € en
2005, mientras que el PIB de Bolivia ascendió a 9.334 millones $US.
• La transnacional opera en Bolivia a través de una tupida red de 11
subsidiarias, alguna de ellas domiciliada en Islas Caymán. (Fuente: CEDIB)
(Fuente: Repsol YPF, Banco Mundial)
• Repsol YPF no publica los beneficios que obtiene en Bolivia. Si el país
representó el 4,7% del volumen total del negocio en 2003, la petrolera
habría ganado 94,9 millones € en Bolivia. Este monto duplicó el flujo de
ayuda española al país ese mismo año (51,6 millones $Us).
(Fuente: estimación propia y CAD/OCDE)
• Andina, subsidiaria de Repsol YPF en Bolivia, ganó 43 millones $Us en 2004.
La auditoria realizada por el Gobierno boliviano en 2006-07 declaró que se
trataba de una empresa “de papel”: contaba sólo con 260 empleados.
(Fuente: SEC/Bolsa de Nueva York, La Prensa, 2 mayo 2008)
• Los ejecutivos de Repsol YPF cobraban hasta 27.000 $Us/mes en 2006. El
salario mínimo en Bolivia son 70 $Us y el salario presidencial, 1.800 $Us.
(Fuente: La Prensa, 7 noviembre 2006)
• En el marco de su política de RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA,
Repsol YPF dedicó 22,67 millones € a inversión social en 2005 (el 0,37% del
resultado operativo total). (Fuente: Repsol YPF)
• Los programas sociales y culturales en Bolivia ascendieron a 803.000 € en
2005. Este monto contrasta con el beneficio estimado en el país andino ese
mismo año (146 millones €) o con la indemnización por despido pagada a
Alfonso Cortina en 2004 (19,5 millones €). (Fuente: El País, 21 enero 2005)
• Durante la renegociación de los contratos petroleros en 2005, el GOBIERNO
ESPAÑOL presionó de forma constante en favor de Repsol YPF.
• De viaje oficial a La Paz (agosto 2006), la Vicepresidenta De la Vega ofreció
cancelar el total de la deuda española a Bolivia (100 millones €).
• Cuatro días después de cerrar un acuerdo (octubre 2006), Zapatero prometió
a Morales en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo el envío de 700
ambulancias a Bolivia, por valor de 10 millones €. (Fuente: ABC, mayo 2007)
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