"Chile es uno de los países más rezagados de
Latinoamérica en materia de derechos indígenas"
José Aylwin (1956) viajó por cuarta vez a México, después de exponer ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria situación y
acoso del gobierno de Chile contra la comunidad mapuche.
En calidad de
Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx)
sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son
preocupantes y el “nuevo trato” de la presidenta Bachelet una vergüenza
internacional.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas coprodujo en 2007 –
bajo la dirección de la cineasta María Teresa Larraín- el documental
El juicio de
Pascual Pichún, primer caso contra un campesino indígena en América víctima
de la Ley Antiterrorista, la fabricación del delito es responsabilidad de Juan
Agustín Figueroa (el mismo usurpador de la Fundación Neruda) y pronto
distribuirán el DVD vía Internet; el acervo editorial del Observatorio.cl también
ha publicado: El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”
(dossier coordinado por José Aylwin y Nancy Yáñez; LOM, 2007);
Los
mapuche ante la justicia (Eduardo Mella; LOM, 2007); Indebido proceso: juicios
mapuche (coedición Human Rights Watch; 2004); así como un boletín de
carácter semestral y la página web con reportes actualizados de prensa.
En exclusiva para Clarín.cl José Aylwin (abogado con magíster por la
Universidad de British Columbia y vecino de las comunidades indígenas desde
1994 en Temuco) habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos
Ciudadanos: “La decisión está tomada.
Es posible nos lleve algunos meses
materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los
pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados –
comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son
respetados.
Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y
los Derechos Humanos”
MC.- José ¿qué recapitularías de la presentación que hiciste del
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México?
JA.- Asistí a un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) y el Fondo Indígena que tenía por objeto
proponer indicadores relativos a derechos y desarrollo de pueblos indígenas
que permitan la comparabilidad de los progresos que en esta materia existen
en los distintos estados de América Latina. La presentación que realice trató de
la experiencia del monitoreo de derechos de pueblos indígenas que realizamos
en el Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas en Chile.
Aunque no
hacemos uso sistemático de indicadores, compartí allí la experiencia de
nuestro trabajo como ONG de promoción, documentación y defensa en materia
de derechos indígenas, en el complejo contexto que viven los pueblos
indígenas en Chile hoy.
El trabajo en este ámbito se remonta al 2000 cuando
conformamos un Programa de Derechos Indígenas en el Instituto de Estudios
Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), en un contexto de
conflictos territoriales crecientes que afectaron al pueblo mapuche.
Posteriormente, a contar del 2004 seguimos desarrollando este trabajo desde
la sociedad civil luego de la que la universidad nos impidiera tener una voz
pública en estas materias. Somos un equipo de 15 personas que trabajamos en
Temuco y Santiago, nos concebimos como un centro interétnico e
interdisciplinario que trabaja por el reconocimiento y respeto de los derechos
hoy internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, orientado por los
lineamientos del derecho internacional.
MC.- Dentro de los indicadores internacionales ¿Chile estaría en último lugar en el trato a los pueblos indígenas?
JA.- Todo indica que Chile es uno de los países más rezagados de
Latinoamérica en materia de derechos indígenas. Ello está determinado por
dos situaciones.
Por un lado existe un desconocimiento jurídico de los pueblos
indígenas y de sus derechos. Para la Constitución vigente, que data de 1980, elúnico pueblo es el chileno.
Los esfuerzos por lograr tal reconocimiento jurídico
después de 17 años no han prosperado. La legislación de 1993 tampoco
reconoce a los pueblos indígenas, sino solo a las “etnias”.
La misma no permite
la participación política indígena, ni reconoce sus derechos territoriales frente a
proyectos de inversión. No es casualidad entonces que Chile se ubique en losúltimos lugares en el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas en la
región, hecho incluso reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo.
La
legislación además ha demostrado insuficiencias graves para asegurar los
derechos que establece. Su institucionalidad -la CONADI- está en crisis y no ha
dado respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Por otro lado, la
política pública del gobierno es dual; en lo medular la CONADI orienta sus
esfuerzos a la compra de tierras para los indígenas en el mercado.
Se trata
muchas veces de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, y que por
efectos de la especulación, se tranzan hoy a valores 5 a 10 veces superior al
de 1990. La CONADI más que la tierra, compra la resolución de un conflicto,
por lo que debe pagar a sus actuales propietarios precios especulativos. Más
allá de esta política pública sectorial, la apuesta central del Estado chileno –
desde hace 15 años- ha sido la xpansión de la economía global hacia
territorios indígenas.
Chile tiene una economía basada en la exportación de
recursos naturales (minería, forestación y pesca, entre otras), los que se
encuentran mayoritariamente en los territorios indígenas.
Cuando los pueblos
indígenas se han movilizado en defensa de sus territorios y sus derechos son
amenazados por estos proyectos de inversión…
MC.- Viene proporcionalmente la criminalización de la protesta social…
JA.- En efecto, dicha criminalización se manifiesta a través de la utilización de
la Ley Antiterrorista para perseguir judicialmente a los defensores de derechos
de pueblos indígenas, en particular a los defensores mapuches. También se
manifiesta en el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de
comunidades y de personas indígenas.
Por ello hemos hablado de que en
Chile las autoridades han impulsado una política dual, de “zanahoria y garrote”’
para los pueblos indígenas, por cuanto por un lado invierte recursos a favor de
algunas comunidades que no desafían el modelo, y por otro, reprime a aquellas
que luchan por sus derechos colectivos violados o amenazados por el mismo
Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo, ubica a Chile en el lugar 20 de
21 entre los peores por su legislación indígena.
MC.- ¿La Ley Antiterrorista se aplica en otros países contra las
comunidades indígenas?
JA.- El Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen
documentó la existencia de procesos de criminalización contra de estos
pueblos en México, Colombia y Chile. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH de la OEA), en el marco de los hechos posteriores a
los atentados en contra de las torres gemelas (septiembre, 2001) manifestó su
preocupación por la violación de Derechos Humanos como consecuencia de la
aplicación de políticas antiterroristas en la región.
La CIDH elaboró un informe
sobre la materia en que condenó este tipo de violaciones de derechos
humanos recomendando a los Estados americanos a respetar estos derechos
en el contexto la lucha contra el terrorismo. Si bien Latinoamérica, Chile es el
único caso de aplicación de Ley Antiterrorista en contra de los pueblos
indígenas –desde 2003- sólo existe otro país donde recientemente se aplicó –
en 2007- la Ley Antiterrorista en contra de los maoríes en Nueva Zelanda –uno
de los 4 Estados que votó en contra de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas- frente a hechos de protesta social.
MC.- Y ahora que mencionas a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ¿cuál fue la respuesta del delegado de Bachelet ante la CIDH de
la OEA? Cuéntanos qué pasó en Washington…
JA.- El pasado 10 de marzo asistimos a la CIDH acompañados por dos
dirigentes mapuches: Adolfo Millabur (alcalde de Tirúa) y con Manuel
Santander (del Consejo de Todas las tierras). Los representantes del gobierno
de Bachelet que participaron de la audiencia negaron muchas de las
violaciones de Derechos Humanos de las que dimos cuenta en la audiencia
(homicidios y violencia física y sicológica en contra de mapuches imputables a
los agentes del estado), o señalaron que el gobierno estaba adoptando
distintas medidas para abordarlas.
Al ser interrogados por los comisionados de
la OEA, les solicitaron información sobre las acciones concretas que desarrolla
el gobierno tanto en el ámbito administrativo como legislativo y judicial para
poner freno a tales violaciones de derechos. Por ello solicitamos a la CIDH la
realización de una misión “in loco” de observación de esta realidad en Chile,
solicitud sobre la cual la CIDH aún no se pronuncia pero esperamos sea
acogida.
MC.- ¿La presidenta Bachelet estaría dispuesta a invitar a la CIDH para
una misión de observación sobre Derechos Humanos?
JA.- Pensamos que el gobierno de Chile no podría –sin un conflicto mayornegarse
a la misión de la CIDH o de la OEA al país, ya sería una paradoja muy
grande para un Estado que ha suscrito y ratificado muchos tratados
internacionales de derechos humanos, aunque en el mes de febrero ya se
produjo una discusión en El Mercurio…
MC.- ¿El montaje periodístico del lobby de los mapuches en Europa?
JA.- Sí, se habló de la posibilidad de que viniese un observador y el Ministro
del Interior dijo que no tenía problema, pero después de ver subrogantes, el
vocero del gobierno se retractó, dijo que por ningún motivo, pues: “Chile es un
país suficientemente maduro que no aceptaría a los observadores extranjeros”,
es el mismo discurso que privó durante la dictadura.
MC.- ¿El Ministerio del Interior acusa de recibo a tus solicitudes en
calidad de que eres hijo del ex presidente Patricio Aylwin? o ¿por lo
hecho en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas?
JA.- Lo grave es que el Ministro del Interior no acusa recibo de nuestros
reclamos, como ocurrió en el mes de febrero pasado fecha en que este negó
haber recibido una denuncia de nuestra parte frente una situación de tortura en
contra de mapuche en la localidad de Ercilla. Más allá de ese incidente, pienso
que a algunas autoridades de gobierno les molesta que exista un referente de
Derechos Humanos que tenga prestigio y resonancia internacional. Varios en el
Observatorio tenemos una larga trayectoria en el trabajo de defensa de
derechos humanos que data de tiempos de dictadura.
Por otro lado, cuando
hablamos, nuestra voz es documentada. Por lo mismo somos escuchados,
aunque los medios de prensa tradicionales nos censuren.
MC.- ¿Qué falta para que l Estado recapacite en su afán de acosar
sistemáticamente a la comunidad mapuche?
JA.- En la medida en que se multipliquen las voces que denuncien esta
realidad, tanto dentro como fuera de Chile, en la medida en que se genere más
conciencia de lo que está ocurriendo, habría más posibilidades de que se
revierta la situación actual de hostigamiento del pueblo mapuche.
Lamentablemente los medios de comunicación –impresos y electrónicos- en
poco contribuyen dar a conocer lo que ocurre con los pueblos indígenas en el
país. Por otro lado el gobierno ha desarrollado una política de represión de los
movimientos sociales que hoy va mucho más allá del movimiento mapuche. Así
en los últimos años diversos movimientos sociales – sindicales, estudiantiles,
etc.- se han levantado en protesta de un modelo que los excluye. El derecho de
manifestación esta severamente restringido en el país, hay que solicitar
autorización para manifestarse, y esta muchas veces es denegada.
MC.- ¿Por qué la policía y las Fuerzas Armadas rebasan sus atribuciones?
JA.- La policía se pone al servicio de los grandes capitales, porque su actuar
es absolutamente diferente tratándose de comunidades locales, que en
poblaciones donde hay proyectos de inversión, la policía está entrenada para
reprimir al débil, para defender el capital.
Llama la atención, la incapacidad de
las autoridades en su discurso público censuran –o dicen no estar de acuerdo
con- un actuar abusivo, sin embargo cuando las autoridades tienen denuncias
sobre violaciones de DD.HH. por parte de la policía, lejos de investigar las
encubre; la verdad no veo la lógica de por qué las autoridades no fiscalizan –
incluso administrativamente- a las fuerzas policiales.
Fue un punto que
preguntó la CIDH al representante del gobierno de Chile: ‘¿Qué acciones
administrativas desarrolla el gobierno frente a las denuncias por violaciones de
Derechos Humanos imputables a la policía?’ la excusa del gobierno es que rige
aún la legislación militar; nosotros, en el Observatorio, hemos interpuesto
querellas contra carabineros por sus violaciones de DD.HH. que involucra a
civiles, la justicia militar da carpetazo a los casos presentados, es una herencia
de la dictadura; pero ahora el Estado cuenta con mecanismos para solicitar
información, para pedir sumarios administrativos, para que sean removidos
funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de DD.HH. el
Estado no hace función de su potestad.
MC.- ¿Qué dijo el representante del gobierno de Chile ante la CIDH?
JA.- Dio una respuesta muy ambigua, dijo que el gobierno había desarrollado
varias acciones, entre otras iniciativas de capacitación a la policía en DD.HH;
sin embargo no dio cuenta de acciones administrativas de fiscalización de
abusos policiales.
Tampoco habló de pasos concretos para poner término a la
persistencia de la jurisdicción militar sobre causas civiles. Cabe recordar que el
2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado
chileno a modificar su legislación para impedir la jurisdicción militar sobre
causas que involucran a civiles. En la actualidad el gobierno de Bachelet no
acata el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH.
La policía se siente impune
y actúa impunemente.
MC.- ¿Hablamos de violaciones menores hasta el asesinato por parte de
la policía contra los pibes mapuches Alex Lemún y Matías Catrileo?
JA.- No cabe duda, las violaciones de derechos humanos en contra de los
pueblos indígenas, que hemos denunciado nacional e internacionalmente, van
desde el asesinato de jóvenes mapuche hasta la violación del derecho al
debido proceso, pasando por abusos policiales, impunidad de delitos cometidos
por agentes estatales en contra de mapuche. Todo ello en un contexto de
conflictos generados por la expansión de la economía global hacia los
territorios de los pueblos indígenas con el aval del gobierno.
Mi percepción –y
la comuniqué ante la CIDH- es que los agentes policiales del Estado se sienten
con la autoridad para reprimir y violar DD.HH. puesto que administrativamente
no son fiscalizados y judicialmente están blindados.
MC.- Finalmente, entiendo que el Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas se extenderá a una ONG que prestará atención a los
Derechos Ciudadanos, José ¿por qué el giro?
JA.- En Chile hay un déficit de ciudadanía muy marcado, la democracia es
tremendamente restringida, tanto por las limitaciones a la participación política
derivados del sistema electoral binominal, por la ausencia de una
institucionalidad y cultura ciudadana, como por la exclusión económica de
grandes sectores de la población. Por ello queremos asumir nuestro rol como
ciudadanos, junto a otros movimientos sociales indígenas y no indígenas que
hoy emergen en el país.
Por otra parte los pueblos originarios, en particular los
mapuches, son actores por sí mismos, tienen voz propia, y no queremos
interferir con su autonomía y representación propia. La decisión está tomada.
Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible.
Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto
a otros sectores postergados – comunidades rurales y pobladores- Cuyos
derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la
temática de la globalización y los Derechos Humanos. Porque Chile es un país
que se concibe asimismo como altamente globalizado, pero dicha globalización
sólo se refiere al ámbito económico, a la inserción de Chile en los mercados
globales, a los tratados de libre comercio, pero no toma en cuenta otras
dimensiones como la cultural y la de los derechos humanos, ámbitos en que
Chile tiene, como vimos, rezagos significativos.
Queremos contribuir a generar
conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia mas real, más
inclusiva para todos los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto de
los pueblos indígenas. Queremos formar arte de los movimientos que hoy
abogan por una asamblea constituyente, para que se puede refundar un
sistema político que parece asfixiado, en que el monopolio de la representación
política la tienen solo dos sectores, en que los jóvenes no participan, en que la
diferenciación económica social es cada vez más fuerte, y como consecuencia
de ello, la violencia se extiende.
Mario Casasús
El Clarín
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